El ministro de Vivienda, Wilder Alejandro Quilcate, enfrenta actualmente seis procesos judiciales, entre los que figuran investigaciones por usurpación de funciones, aprovechamiento indebido del cargo y lavado de dinero. Esta situación forma parte de un patrón observado dentro del nuevo gabinete ministerial de Perú, encabezado por Denisse Miralles, en el que al menos cinco de los integrantes, incluida la propia jefa de Gabinete, se encuentran bajo investigación fiscal por presuntas irregularidades. Tal como consignó la prensa peruana, estas pesquisas han generado inquietud en el Congreso, justo en momentos en que el nuevo equipo buscará la aprobación del voto de confianza.
Según publicó la prensa local, las investigaciones abarcan presuntos delitos que van desde falsificación documental hasta colusión agravada y genocidio, tocando a los representantes de varias carteras clave: Justicia, Vivienda, Interior, Educación y Medio Ambiente. La fuente detalla que Denisse Miralles acumula en su trayectoria casos judiciales previos relacionados con lavado de dinero y otras acusaciones de corrupción, a lo que se suma una investigación fiscal vigente por delitos ambientales, iniciada durante su gestión al frente de una agencia de inversión.
El ministro del Interior, Hugo Begazo, es investigado por una supuesta falsificación de documento público. Se le imputa la firma de una declaración jurada vinculada al saneamiento de una comisaría en el distrito limeño de Santa Anita, cuando ocupaba el cargo de responsable policial. Mientras tanto, Luis Enrique Jiménez Borra, titular de Justicia, enfrenta tres investigaciones por colusión agravada y aprovechamiento indebido del cargo, además del antecedente de otros tres expedientes archivados. Jiménez Borra ha enfrentado igualmente diversos procesos disciplinarios derivados de faltas al código ético de la administración pública.
En el caso de la ministra de Medio Ambiente, Nelly Paredes del Castillo, la investigación apunta a posible omisión de funciones y un delito de genocidio. Conforme recogió la prensa peruana, estos señalamientos se remontan a su periodo como ministra de Desarrollo Agrario bajo la administración de Dina Boluarte, contexto en el que se registró una oleada represiva durante protestas efectuadas entre 2022 y 2023, que culminó con más de cincuenta fallecidos.
Respecto al ministro de Educación, Erfurt Castillo, la prensa detalló que en 2013 se presentó una denuncia por presunta agresión sexual, aunque ese caso fue finalmente archivado. En lo relativo al Ministerio de Economía, su titular, Gerardo López Gonzáles, ha declarado no contar con denuncias vigentes, si bien reconoció el conocimiento de investigaciones ligadas a delitos fiscales, para las que dispone de información detallada.
El panorama judicial del gabinete de Miralles se amplía con funcionarios cuyas causas han sido archivadas. Luis Napoléon Quiroz, ministro de Salud, figuró como investigado en un caso de presuntos sobornos; Fátima Altabas, responsable de Cultura, y César Quispe Luján, ministro de Producción, quien llegó a acumular hasta diez causas abiertas en el pasado. Tales antecedentes han sido confirmados a partir de las declaraciones juradas que recopila y publica la prensa local.
Dicho contexto ha repercutido en la percepción del Congreso peruano, que examina con cautela la solicitud de voto de confianza de la primera ministra y su gabinete. De acuerdo con medios peruanos, la desconfianza se incrementó tras la salida inesperada de Hernando de Soto, originalmente designado como jefe del gabinete, quien fue reemplazado apenas dos días después de su nombramiento oficial por controversias con el presidente José Bálcazar. Esta sustitución, calificada en sectores parlamentarios como parte de un nuevo "reparto mafioso" de poder, ha reforzado la reticencia de varias fuerzas políticas a brindar respaldo al equipo ministerial actual.
En los próximos días, Denisse Miralles deberá presentar formalmente al Congreso la ratificación de su gabinete, escenario que se avizora complicado debido a las investigaciones abiertas contra varios de sus ministros. La prensa peruana subraya la existencia de múltiples causas archivadas, así como la diversidad de los delitos y faltas supuestamente cometidas por quienes hoy conforman el Ejecutivo, lo que mantiene el debate político y legal en plena efervescencia mientras el país enfrenta la figura de su octavo presidente en la última década.
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