La reciente desclasificación de documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 ha provocado reacciones de distintas figuras políticas españolas en torno a la posibilidad de un regreso de Juan Carlos I a territorio nacional. Según consignó Europa Press, la Casa del Rey reiteró que corresponde únicamente al monarca emérito decidir si retorna a España, en la misma línea de las posturas públicas adoptadas por integrantes tanto del gobierno como de la oposición.
A raíz de la difusión de estos documentos sobre el 23F, voces destacadas del escenario político comenzaron a pronunciarse. Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición y presidente del Partido Popular, manifestó públicamente su respaldo a la vuelta del rey emérito. Feijóo argumentó que la desclasificación de estos archivos "debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado". A través de un mensaje difundido en la red social X, Feijóo afirmó: "Creo que sería deseable que el rey emérito regresara a España", subrayando que el propio Juan Carlos I reconoció errores durante su trayectoria, pero remarcando el papel decisivo que desempeñó en la defensa de la democracia y las libertades. En opinión de Feijóo, quien tuvo un papel relevante en la historia democrática del país debería poder residir sus últimos años con dignidad y en su tierra natal.
El medio Europa Press detalló que la dirección del PP confirmó que el propio Feijóo mantuvo contacto directo con la Casa del Rey antes de hacer público su mensaje. Miembros de la Casa del Rey corroboraron ese intercambio previo, destacando que cualquier decisión sobre el retorno corresponde exclusivamente a la esfera personal del monarca emérito. Voceros de Zarzuela indicaron que el traslado de Juan Carlos I a Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos, en agosto de 2020, fue una determinación individual y en consecuencia, el eventual regreso a España también debe quedar a su criterio personal.
En el ámbito gubernamental, Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, sostuvo ante los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados que la decisión de regresar compete únicamente al propio Juan Carlos I y, llegado el caso, a la Casa Real. Bolaños puntualizó que ni el Gobierno ni el jefe de la oposición tienen atribuciones en esa materia. Europa Press reportó estas declaraciones realizadas en los pasillos del Parlamento, donde Bolaños enfatizó el carácter personal de la decisión y el respeto a la autonomía del exmandatario.
Estos debates públicos sobre el regreso del antiguo rey se producen en un contexto en el que la figura de Juan Carlos I ha estado marcada tanto por el reconocimiento de su papel en momentos críticos para la democracia española como por las controversias surgidas durante sus últimos años de reinado y tras su abdicación. Su salida de España en 2020 se originó tras la aparición de investigaciones judiciales y mediáticas sobre distintos aspectos de su vida privada y financiera.
Las fuentes oficiales de Zarzuela reiteraron, según publicó Europa Press, que el exmonarca cuenta con la libertad de regresar a España si así lo decide, y que la institución no interfiere en esa elección personal. Las declaraciones públicas han evitado comprometer a la Casa del Rey con cualquier decisión anticipada y recalcan la importancia de que sea el propio Juan Carlos I quien comunique cualquier determinación sobre su futuro.
La publicación de Europa Press agregó que toda nueva información relevante, incluidas imágenes sobre la postura de la Casa Real, se encuentra disponible a través de sus canales de televisión y redes, incluyendo la cobertura visual de las declaraciones y los pronunciamientos institucionales. Asimismo, la noticia incluyó datos de contacto para ampliar estos materiales audiovisuales.
La discusión sobre el regreso del monarca emérito mantiene abierto un debate sobre el lugar de Juan Carlos I en la memoria y la vida pública española, especialmente en el contexto de la revisión y análisis de los sucesos históricos vinculados al 23F. Distintas opiniones dentro de la política y el ámbito institucional han coincidido en trasladar la responsabilidad de la decisión únicamente al propio Juan Carlos I, sin intervención del Ejecutivo ni de otras figuras partidarias. Según reiteró Europa Press, tanto desde la oposición como desde el gobierno y la Casa del Rey, la postura oficial ha reafirmado este criterio.
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