La investigación judicial que involucra a Begoña Gómez y a su asesora Cristina Álvarez ha requerido que distintas dependencias oficiales respondan a solicitudes de información sobre viajes internacionales realizados desde julio de 2018. Según informó Europa Press, el Ministerio del Interior, bajo la titularidad de Fernando Grande-Marlaska, ha remitido ya la información requerida por el juez Juan Carlos Peinado, quien fijó diez días como plazo máximo para que este departamento facilitara los datos.
De acuerdo con lo que publicó Europa Press, el requerimiento del magistrado Juan Carlos Peinado tenía como objetivo esclarecer si Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, y la asesora Álvarez habían viajado durante ese período a países como República Dominicana, República del Congo, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y Rusia. La petición incluía no solo los desplazamientos, sino también búsquedas alternativas de información debido a la negativa de ambas investigadas a entregar sus pasaportes. Tanto Gómez como Álvarez declinaron aportar estos documentos, lo que imposibilitó una comprobación directa de los registros de viaje.
El medio Europa Press detalló que el magistrado, en un auto recogido en su reporte, explicó que la ausencia de colaboración documentada con la Justicia por parte de las investigadas se hallaba amparada en el ejercicio de sus derechos fundamentales. Solo en una ocasión, según el juez, Begoña Gómez respondió preguntas, entorno restringido a las realizadas por su propio abogado. La resolución judicial señaló también que Pedro Sánchez, esposo de la investigada y presidente del Gobierno, optó igualmente por la dispensa para no declarar en la causa.
La Secretaría General de Presidencia también recibió instrucciones del juez Peinado para remitir, en idéntico plazo de diez días, los correos electrónicos intercambiados y recibidos en la cuenta oficial asignada a Begoña Gómez desde la citada fecha. Europa Press consignó que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) será la encargada de analizar el contenido y la trazabilidad de estos correos, con el fin de detectar posibles indicios relacionados con los delitos investigados.
El juez Peinado, según consignó Europa Press, explicó que la falta de entrega de los pasaportes forzó la utilización de otras vías de indagación oficiales, en concreto la consulta a la Oficina Nacional de Información del Pasajero y el análisis de las comunicaciones electrónicas. El magistrado subrayó que, aunque existen otras medidas más invasivas, como posibles entradas y registros domiciliarios, valoró que tales diligencias resultarían desproporcionadas en este estadio de la investigación.
Las diligencias se enmarcan en una causa en la que Begoña Gómez enfrenta pesquisas por cinco posibles delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación. La investigación sigue su curso en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.
Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron, en declaraciones recogidas por Europa Press, que la documentación solicitada fue entregada en plazo y forma, como dispuso el auto judicial. La aportación de dicha información formaba parte de las diligencias consideradas necesarias y adecuadas por la autoridad judicial, en ausencia de colaboración directa por parte de las investigadas.
El procedimiento recoge que la llamada a la Oficina Nacional de Información del Pasajero tenía como fin rastrear los posibles trayectos internacionales desde el 16 de julio de 2018 y determinar la existencia de desplazamientos relevantes para la investigación. El cruce de estos datos con los correos electrónicos entregados por Presidencia permitirá a la UCO confeccionar un panorama más preciso sobre las actividades desarrolladas por las investigadas durante el periodo bajo revisión.
La instrucción judicial, según Europa Press, se fundamenta en que la negativa a facilitar los pasaportes hace necesario recurrir a otras fuentes de información presencial y digital. Esta decisión responde a la obligación de garantizar la exhaustividad de la investigación ante posibles delitos que involucran el uso de recursos públicos y la presunta influencia indebida en asuntos oficiales.
El desarrollo de las investigaciones ha generado solicitudes coordinadas a diversos órganos de la administración central y organismos de seguridad, en un proceso que persigue obtener pruebas documentales y electrónicas que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos. Todo ello en el contexto de la causa que instruye el juez Peinado contra la esposa de Pedro Sánchez y su asesora, en la cual se vigilan los procedimientos y los plazos establecidos judicialmente.
El análisis de la UCO sobre los correos electrónicos, junto con la información registrada sobre los desplazamientos a destinos internacionales, constituirá parte esencial del siguiente tramo procesal, que busca determinar si las acciones de las investigadas encajan en los tipos penales descritos por el juez en su auto.
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