España aprobó casi 8.000 millones de ayudas a actividades y empresas que destruyen la biodiversidad, según Ecologistas

El análisis realizado por Ecologistas en Acción junto a Economistas sin Fronteras establece que una gran parte de las subvenciones perjudiciales para la biodiversidad en España, propuestas para su eliminación, asciende a 830,9 millones de euros en 2024. La organización resalta que una reorientación de estos fondos hacia la conservación de los ecosistemas permitiría reducir una cuarta parte del déficit presupuestario que existe para cumplir con los compromisos internacionales adoptados por el Estado en materia de protección natural. Esta es una de las conclusiones principales del informe que ambas entidades han difundido, en el que se alerta sobre la significativa diferencia entre los fondos públicos dirigidos a actividades agrícolas, forestales y pesqueras, en comparación con los destinados a la preservación y restauración de la naturaleza.

Según consignó Ecologistas en Acción, las administraciones públicas españolas aprobaron ayudas por un total de 7.915,3 millones de euros en 2024 a actividades y empresas vinculadas directamente con la pérdida de biodiversidad. La distribución de estos recursos revela que el 90% se canalizó al sector agrario, el 7% al forestal y el 3% al pesquero. El informe precisa que, en contraste, el presupuesto anual orientado de manera explícita a la conservación y restauración de la naturaleza, sumando los Presupuestos Generales del Estado y los fondos europeos, se sitúa en 2.000 millones de euros, lo que representa una cuarta parte de las ayudas concedidas a actividades con impacto negativo en el entorno.

El medio Ecologistas en Acción añadió que esta realidad evidencia lo que define como una “incoherencia fiscal”, adviertiendo que la brecha financiera nacional para lograr los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica asciende a 3.500 millones de euros. Desde la organización, se sostiene que reformar, reconducir o eliminar los incentivos públicos que contribuyen a la pérdida de biodiversidad permitiría resolver este desfase económico. El informe, fruto de una investigación de un año basada en datos oficiales de cuentas nacionales y autonómicas, revisa las políticas fiscales que benefician al sector primario y evalúa su impacto en los ecosistemas y las especies.

Tal como publica Ecologistas en Acción, España no ha cumplido con la meta de transformar el 50% de las subvenciones consideradas perjudiciales para la biodiversidad antes de 2025. Este compromiso está recogido en el Plan estratégico estatal del patrimonio natural y de la biodiversidad con horizonte en 2030. La organización recuerda que, en virtud del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, esta transformación constituye una obligación internacional. En su declaración, la ONG advierte que “el Estado español no solo incumple compromisos internacionales, también perjudica su propio patrimonio natural –suelo, agua, bosques, mares y especies– al financiar actividades que aceleran su deterioro”.

El informe enfatiza la importancia de las subvenciones para el sostenimiento del sector primario, pero critica que el sistema vigente favorece principalmente a grandes empresas y grupos de presión. Ecologistas en Acción sostiene la necesidad de reformular el sistema de ayudas públicas con el objetivo de alinearlo con la restauración y mantenimiento de la biodiversidad, argumentando que una política fiscal coherente serviría de apoyo a las comunidades rurales y costeras más expuestas a la degradación ambiental.

Según reportó la organización, el 84% de las subvenciones señaladas como más problemáticas en términos de su relación con la pérdida de biodiversidad corresponden a ayudas directas. El 13% restante se reparte entre diferentes exenciones fiscales relativas a combustibles y productos tóxicos usados en la agricultura. El grueso de las ayudas directas “problemáticas” proviene de fondos europeos: la Política Agraria Común (PAC) en los sectores agrario y forestal, y el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) para el pesquero.

El estudio también recoge el papel de los fondos europeos Next Generation, particularmente aquellos destinados a la intensificación de regadíos y a la producción de bioenergía mediante la quema de biomasa forestal. Estos apoyos, según detalla la investigación, contribuyen indirectamente a la degradación de los hábitats y a la presión sobre especies silvestres.

A su vez, la investigación realiza una valoración de los diferentes incentivos fiscales en vigor y apunta a aquellos que benefician la compra y uso de plaguicidas y fertilizantes o el combustible para la pesca profesional. De acuerdo con el análisis, sería necesario reformar el 79% de las medidas fiscales analizadas y eliminar directamente el 11%, mientras que el 10% restante ya se ha suprimido.

El medio Ecologistas en Acción subraya que la suma de las subvenciones propuestas para su eliminación equivale a 830,9 millones de euros en 2024, una cifra cuya reorientación a tareas de conservación de la biodiversidad podría contribuir de manera significativa al cierre de la brecha financiera que registra España para cumplir sus compromisos de protección ambiental.

La entidad recalca en el informe presentado que el abordaje de esta cuestión no resulta únicamente una cuestión de adecuación a las normativas internacionales, sino que incide sobre intereses nacionales básicos: la protección del suelo, el agua, los bosques y los mares, así como la supervivencia de las especies que integran la biodiversidad del país.

Según publicó Ecologistas en Acción, esta es la primera investigación en España que cuantifica de forma detallada el desajuste entre los recursos públicos dirigidos a actividades que pueden acelerar el deterioro natural y aquellos realmente invertidos en conservar y restaurar los ecosistemas. El estudio reclama un rediseño del sistema fiscal que, según sostienen las organizaciones responsables del informe, permitiría tanto cumplir los acuerdos internacionales como fortalecer las economías locales más dependientes de la salud de su entorno.

Ecologistas en Acción concluye que priorizar la conservación y restauración de la biodiversidad a través de una reorientación del gasto público representa una oportunidad para avanzar hacia una política ambiental y fiscal coherente con los compromisos adquiridos y las necesidades del país.