Una ONG de DDHH denuncia la detención de más de 3.000 refugiados eritreos en Egipto desde principios de enero

Pruebas recogidas en El Cairo por la organización Human Rights Concern-Eritrea (HRCE) han apuntado a casos de presuntas agresiones y quemaduras con agua caliente y productos corrosivos, así como a situaciones de extorsión bajo amenazas, falta de atención médica y traslados forzosos de detenidos eritreos a su embajada para iniciar trámites de deportación. HRCE reportó estas informaciones y advirtió que si se confirman, estos actos podrían constituir violaciones graves del Derecho Internacional en materia de refugio, en particular respecto al principio de no devolución y la protección contra detenciones arbitrarias y tortura. Además, la organización mencionó la muerte de dos menores tras el arresto de su madre, actualmente desaparecida, y urgió al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) a intervenir para evitar deportaciones forzadas e ilegales, según informó el medio que ha proporcionado la noticia.

Human Rights Concern-Eritrea, con sede en Reino Unido, denunció este lunes que las autoridades egipcias han arrestado desde el pasado 10 de enero a más de 3.000 personas procedentes de Eritrea, muchas de ellas refugiados y solicitantes de asilo, según detalló el medio fuente. Los hechos forman parte de una campaña masiva de arrestos que la ONG califica como sistemática y que afecta directamente a la población vulnerable, incluyendo menores de edad. De acuerdo con Human Rights Concern-Eritrea, entre los arrestados se encuentran personas que contaban con registro en la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, cuya función implica la protección frente a detenciones arbitrarias y deportaciones.

El análisis de HRCE incluye testimonios, documentación y fotografías enviadas desde la capital egipcia. Dichos materiales sustentan las denuncias de violencia y malos tratos, así como las acusaciones de violencia sexual contra parte de los detenidos. El medio publicó que estos testimonios describen diversas formas de abuso, como golpes, quemaduras causadas por líquidos hirvientes y el uso de sustancias químicas dañinas. En el mismo contexto, HRCE denunció la denegación de tratamiento médico a quienes se encontraban privados de libertad, lo que, según la organización, agrava la vulnerabilidad de los afectados.

El organismo subrayó que numerosas víctimas enfrentaron traslados forzados a la Embajada de Eritrea, donde las autoridades egipcias habrían iniciado procesos administrativos para posibilitar su deportación. HRCE comunicó que la transferencia a la sede diplomática expone a los refugiados al riesgo de ser devueltos a un país donde podrían sufrir persecución, un hecho prohibido por los tratados internacionales ratificados por Egipto, tal como reportó la fuente principal.

Diversas organizaciones internacionales y mecanismos de la ONU han sido instados por HRCE a supervisar activamente la situación y a actuar con rapidez para ofrecer protección efectiva. La organización solicitó que se adopten medidas inmediatas para impedir la deportación y resguardar la integridad física de los detenidos en riesgo, según consignó el medio.

Amnistía Internacional también ha documentado episodios similares. Esta ONG denunció que agentes de la policía egipcia, en ocasiones vestidos de civil, han arrestado arbitrariamente a ciudadanos de Siria, Sudán del Sur y otros países del África subsahariana, interceptándolos tanto en sus viviendas como en la vía pública y lugares de trabajo en distintas ciudades del país, según publicó el medio. El investigador de Amnistía Internacional para Egipto y Libia, Mahmud Shalaby, emitió un comunicado donde subraya: "Refugiados que han huido de la guerra, la persecución o las crisis humanitarias no deberían verse obligados a vivir con el temor diario de ser detenidos arbitrariamente y deportados de vuelta a un lugar donde corren el riesgo de sufrir graves violaciones de los Derechos Humanos".

Según la documentación reunida por Amnistía Internacional, entre finales de diciembre de 2025 y el 5 de febrero de 2026 al menos veintidós refugiados y solicitantes de asilo, entre ellos un menor y dos mujeres, fueron arrestados mientras se encontraban en sus hogares, en la calle o en controles de seguridad en distintas gobernaciones, incluyendo El Cairo, Giza, Caliubia y Alejandría, detalló el medio fuente. Amnistía Internacional destacó la preocupación por la seguridad de estas personas y criticó la práctica de arrestos indiscriminados que afecta a individuos que buscan protección internacional.

La situación de los eritreos detenidos se contextualiza en el entorno político egipcio, dirigido actualmente por Abdelfatá al Sisi, según reportó el medio. Al Sisi asumió el poder tras liderar un golpe de Estado en julio de 2013, que se desarrolló tras manifestaciones multitudinarias contra el entonces presidente Mohamed Mursi, el primer jefe de Estado elegido democráticamente en Egipto, fallecido en 2019 durante una vista judicial luego de ser arrestado tras el golpe. El medio fuente detalló que el gobierno de Egipto enfrenta ahora crecientes críticas internacionales por la gestión de las poblaciones migrantes y refugiadas dentro de su territorio.

Tanto Human Rights Concern-Eritrea como Amnistía Internacional han reclamado que las autoridades egipcias cumplan sus compromisos internacionales y proporcionen una supervisión adecuada a los casos denunciados, en particular ante las posibles deportaciones. HRCE reiteró, según reportó el medio, la necesidad de implementar mecanismos de protección inmediata, argumentando que la comunidad internacional debe responder sin dilación para garantizar el respeto de los derechos fundamentales consagrados en la legislación internacional sobre los refugiados.