La Comunidad exige a Bustinduy una reunión por la financiación de la atención a dependencia: "Nos debe 3.000 millones"

Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, expresó que la aportación del Estado al sistema de atención a la dependencia en la región disminuyó en 2024 hasta el 27,5% del coste total, casi dos puntos porcentuales menos en comparación con el año anterior. Según informó el medio, Dávila alertó que esta tendencia, cuyas previsiones para 2025 mantienen cifras similares, ha generado una deuda acumulada del Gobierno central con los ciudadanos de Madrid con mayor vulnerabilidad que se estima alcanzará cerca de 3.000 millones de euros al cierre del año próximo.

De acuerdo con la información difundida por el medio, la consejera madrileña envió una carta, publicada en sus redes sociales, al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en la que exige un encuentro de carácter urgente para abordar la situación. "Nos debe 3.000 millones", denunció Dávila, argumentando que el Ejecutivo central ha incumplido la obligación legal de cofinanciar al menos el 50% del coste efectivo del sistema de dependencia junto con las comunidades autónomas, como establece la normativa vigente. Además, indicó que el “agujero” financiero se incrementa en más de un millón de euros diarios y advirtió que, tras las cifras oficiales, existen “miles de vidas en espera”.

La consejera detalló que, en 2023, con los recursos que el Estado dejó de transferir a Madrid, se podrían haber creado más de 12.000 plazas residenciales o financiado alrededor de 17 millones de horas de ayuda a domicilio. Dávila subrayó que “resulta difícil de explicar, y aún más de justificar, que el Gobierno siga amparándose en la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para no cumplir la ley, cuando recientemente ha demostrado que dispone de instrumentos legales suficientes para incrementar la financiación cuando existe voluntad política”, según consignó el medio.

El medio también reportó que Dávila mencionó la aprobación de un real decreto-ley que modifica la Ley 31/2022 de Presupuestos Generales del Estado y el Real Decreto 1051/2013, argumentando que con esta medida quedó demostrado que el problema no se debe a cuestiones jurídicas o técnicas, sino a criterios de prioridad política. En este sentido, puso el ejemplo de la financiación específica concedida para la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una dotación que consideró insuficiente pero que se estableció fuera de los presupuestos prorrogados, lo que, en opinión de Dávila, prueba que es posible “habilitar financiación específica” cuando se toma la decisión política correspondiente.

La carta difundida por la responsable del área social madrileña denunció, según publicó el medio, que la “infrafinanciación” estatal no solo afecta a Madrid sino que se agrava en la mayoría de regiones, mientras que el Gobierno central suscribe acuerdos bilaterales solo con algunas comunidades autónomas, utilizando la financiación social como instrumento político, circunstancia que, según Dávila, compromete la igualdad entre españoles.

La demanda trasladada al ministro Bustinduy incluye la exigencia de una reunión inmediata para tratar directamente el modelo de financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y el cumplimiento de los compromisos tanto de su Gobierno como de las promesas personales del propio ministro, con el objetivo de acordar medidas concretas que garanticen la sostenibilidad del sistema y la atención adecuada a las personas en situación vulnerable en todo el país, según detalló el medio.