La banca de inversión rechaza la reforma eléctrica de Italia y duda de su posible aplicación

Analistas especializados en el sistema eléctrico europeo señalaron que la reciente propuesta del Gobierno de Giorgia Meloni podría afectar las exportaciones energéticas de Italia y favorecer de manera significativa la generación a partir de gas, desplazándose en dirección opuesta a los compromisos climáticos asumidos por la Unión Europea. Esta afirmación, recogida por Independent Commodity Intelligence Services (ICIS), se suma a las preocupaciones expresadas por diversos actores del sector ante la reforma impulsada por el Ejecutivo italiano para modificar el mercado eléctrico y el sistema de precios de la electricidad a partir de 2027.

De acuerdo con información publicada por el medio ICIS, la reforma anunciada por el Gobierno italiano contempla la exclusión del coste del CO2 en la formación del precio marginal de la electricidad generada en ciclos combinados de gas, estableciendo que dicho coste se traslade directamente al consumidor bajo un tope equivalente al coste de emisiones de una central de ciclo combinado. Desde el primer momento, esta iniciativa ha recibido numerosas críticas de la banca de inversión, así como de organismos e instituciones especializadas, que describieron dudas sobre su viabilidad y su alineamiento con la normativa comunitaria. Fuentes del sector consultadas por ICIS sostienen que el decreto energético, especialmente el mecanismo de compensación del coste del CO2, tendría dificultades para conseguir la aprobación de la Comisión Europea, debido a que el beneficio recae sólo en una categoría específica de productores, presentando un carácter estructural que contradice los principios contenidos en la Directiva europea sobre el comercio de derechos de emisión (ETS).

El rotativo español El Economista consignó la postura de JP Morgan, cuyos especialistas indicaron que la decisión de apartar el costo del carbono del cálculo del precio marginal de la electricidad implica un desafío de fondo para todo el diseño del mecanismo ETS de la Unión Europea, ya que la función del sistema no se limita a gravar las emisiones, sino que también busca incentivar la inversión en energías renovables a través de los precios eléctricos, al incorporar el coste del carbono en el precio marginal y lograr que las tecnologías renovables tengan una rentabilidad adecuada. A juicio de estos expertos, la propuesta italiana podría tener un “riesgo no despreciable de no ser aprobada”.

Por su parte, la entidad italiana Mediobanca destacó ante El Economista que ningún país europeo dispone de potestad para eliminar de manera unilateral los precios del carbono de la lógica de formación de precios de la electricidad, ya que esta operación chocaría frontalmente con la estructura del mercado de generación que rige en la Unión Europea. De esta manera, la institución ve poco probable la implementación efectiva de tal medida en las condiciones actuales.

Diversos analistas e instituciones consultados por ICIS subrayaron la naturaleza política del proyecto, al considerar que está dirigido al electorado italiano y busca proyectar la responsabilidad de la situación hacia Bruselas, a pesar de que las autoridades romanas serían conscientes de que la reforma presenta conflictos con la legislación europea de ayudas de Estado. La compañía Goldman Sachs indicó que el rediseño regulatorio propuesto por Italia se enfrenta a un elevado riesgo de ser impugnado en instancias comunitarias, puesto que los Estados miembros de la Unión Europea carecen de autonomía para modificar los principios rectores del mercado eléctrico recogidos en la Directiva de Energía.

Desde el punto de vista legal, fuentes jurídicas recogidas por ICIS argumentaron que la parte central del decreto, relacionada con el mecanismo de compensación del CO2, es dudosa desde la óptica europea, ya que los beneficios tendrían un sesgo a favor de determinados actores, rompiendo con los términos principales de la Directiva ETS.

El sector energético italiano y diversas autoridades europeas recibieron la propuesta con sorpresa, tomando en consideración que la reforma del mercado eléctrico a nivel comunitario fue pactada en junio de 2024 y ni Italia ni otros Estados habían aplicado plenamente los principios fundamentales del nuevo marco, entre ellos el fomento de contratos a largo plazo con precios fijos y la introducción de obligaciones de cobertura para comercializadoras y mecanismos de estabilidad destinados a beneficiar a consumidores e industria.

De acuerdo con información de El Economista, la filtración de la iniciativa italiana generó un impacto inmediato en los mercados energéticos. El precio de la electricidad para 2027 en Italia se incrementó de 86 euros por megavatio hora (MWh) a 90,5 euros/MWh. España, a su vez, experimentó una subida moderada en sus contratos de futuros eléctricos, que pasaron de 53,5 a 55 euros/MWh. Por otro lado, el precio del CO2 se situó en 72,4 euros por tonelada, cuando previamente se ubicaba en 68,7 euros por tonelada.

El contexto energético italiano es menos competitivo en comparación con otros países de la región, como España y Francia. Italia enfrenta precios energéticos persistentemente más altos, ya que no dispone del desarrollo renovable alcanzado por España ni cuenta con capacidad nuclear equivalente a la francesa. Para el año 2027, las previsiones de mercado anticipan que la electricidad en Italia será un 65% más costosa que en España, con un precio promedio en el actual ejercicio para el 'pool' italiano de 126 euros/MWh, frente a 48 euros/MWh en España.

Mientras tanto, Italia busca adoptar medidas extraordinarias, mientras que países como España y Francia, dotados de un ‘mix’ eléctrico más competitivo, mantienen estrategias centradas en la electrificación y la expansión de las energías renovables. París, en particular, anunció recientemente decisiones dirigidas a fortalecer su sector eléctrico a partir de fuentes limpias, alineándose con las políticas comunitarias encaminadas a la descarbonización.

Finalmente, según las estimaciones publicadas por El Economista y recabadas por ICIS, la reforma impulsada por el ejecutivo de Giorgia Meloni no solo genera incertidumbre en el sector, sino que también podría desencadenar alteraciones en los flujos de energía e incrementar el uso de gas en detrimento de las energías renovables, lo que contrasta con los objetivos climáticos de la Unión Europea y la estructura común del mercado eléctrico.