El resultado inmediato de este fallo permitirá que más de 200.000 pequeños importadores estadounidenses soliciten reembolsos significativos por aranceles que habían sido invalidados. Según reportó la Cámara de Comercio de Estados Unidos a raíz de la resolución judicial, esta devolución de gravámenes derivada de la decisión del Tribunal Supremo podría contribuir a dinamizar la economía del país y a reducir los gastos para empresas y consumidores estadounidenses. La Cámara, de acuerdo con declaraciones recogidas por diversos medios estadounidenses, manifestó su optimismo ante el impacto que esta decisión tendrá en el sector empresarial, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas.
El medio informó que el Tribunal Supremo de Estados Unidos desestimó el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) de 1977 para justificar la imposición de aranceles recíprocos, una medida previamente adoptada bajo la administración de Donald Trump. En una decisión marcada por seis votos a favor y tres en contra, la mayoría conservadora del Tribunal concluyó que la IEEPA no otorga al presidente estadounidense la autoridad para imponer estos gravámenes, invalidando de ese modo el argumento del Ejecutivo que buscaba ampararse en esa normativa para aplicar aranceles recíprocos de manera unilateral.
Según publicó la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Neil Bradley, vicepresidente ejecutivo y director de políticas de la organización, calificó la decisión como positiva para empresas y consumidores, haciendo hincapié en que los reembolsos de los aranceles anulados tendrán un efecto significativo en los más de 200.000 pequeños importadores afectados. Además, Bradley destacó que este cambio podría alentar un mayor crecimiento económico durante este año, e instó a la administración federal a utilizar esta oportunidad para replantear la política general de aranceles de forma que favorezca el crecimiento económico, la mejora de los salarios de los trabajadores y la disminución de los costos para las familias estadounidenses.
El fallo del Alto Tribunal representa, según detalló la Cámara de Comercio y diversos analistas, el mayor revés judicial para Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca. El dictamen no solo respalda una sentencia anterior de un tribunal inferior que ya había limitado el alcance de la IEEPA, sino que también subraya la exigencia de que cualquier atribución presidencial para imponer aranceles debe contar con una autorización clara del Congreso, reforzando así el sistema de balances de poder entre los diferentes órganos del Estado.
En su resolución, el Supremo rechazó el argumento expuesto por la administración de que la IEEPA permitía al presidente imponer aranceles sin límites y sin los procedimientos restrictivos de otras leyes arancelarias. El máximo órgano judicial estadounidense estableció que el Ejecutivo no puede disponer de facultades extraordinarias para adoptar medidas comerciales sin una base legislativa explícita, fortalececiendo la supervisión parlamentaria en este tipo de decisiones.
Los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh se manifestaron en contra del fallo, dejando constancia de su desacuerdo en votos particulares. Mientras tanto, los sectores empresariales, en sintonía con la posición de la Cámara de Comercio, celebraron la resolución, argumentando que la reducción de trabas arancelarias y la devolución de los gravámenes ya recaudados generarán mayor dinamismo en el flujo de mercancías, facilitarán la actividad de pequeñas empresas importadoras y disminuirán los precios de productos que acceden al mercado interno, beneficando de forma indirecta a los consumidores estadounidenses.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos alentó además a la administración a reestructurar las políticas arancelarias en adelante, proponiendo que los cambios resultantes de este fallo abran el camino a reformas orientadas a un entorno comercial menos restrictivo y más favorable para el crecimiento económico general y el empleo.
El medio dejó entrever que las repercusiones de esta decisión podrían extenderse más allá de los actores afectados directamente, influyendo también en la política comercial estadounidense futura y condicionando la capacidad del Ejecutivo para instrumentar aranceles sin un proceso legislativo claro. Con este precedente, cualquier medida similar que pretenda utilizar leyes extraordinarias para la imposición de nuevos gravámenes deberá pasar previamente por el escrutinio y autorización explícita del Congreso.
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