
Miembros de la misión internacional de la ONU informaron que durante su trabajo de investigación en Sudán recopilaron testimonios y documentos que relatan cómo sobrevivientes afirmaron haber presenciado a combatientes de las Fuerzas de Respuesta Rápida (RSF) preguntar por individuos de la etnia zaghawa para ejecutar acciones que calificaron como intentos de “matarles a todos” y “eliminar todo lo negro de Darfur”. Esta información, recogida por la misión liderada por Mohamed Chande Othman, encabeza la denuncia sobre crímenes planificados cometidos contra comunidades específicas en Darfur, cuya dimensión y naturaleza permiten definirlos como actos genocidas.
Según informó el medio, la misión de investigación impulsada por Naciones Unidas y aprobada por el Consejo de Seguridad identificó al menos tres actos específicos en el asedio de El Fasher durante el otoño de 2025, que en conjunto constituyen genocidio conforme al derecho internacional. La enumeración incluye ejecuciones sistemáticas de miembros de un grupo étnico protegido, graves daños de carácter físico y psicológico infligidos a la población, e imposición intencionada de condiciones de existencia cuyo resultado busque la destrucción total o parcial del grupo afectado. De acuerdo con el jefe de la misión, Mohamed Chande Othman, las evidencias documentan que la ofensiva respondió a directrices coordinadas y respaldadas públicamente por la jefatura de las RSF, descartando así cualquier impresión de violencia atribuible a circunstancias fortuitas de la guerra.
El medio detalló que, durante los 18 meses que duró el cerco de El Fasher, capital del estado de Darfur del Norte, la población quedó sometida a privaciones de servicios esenciales como agua potable, alimentos, atención médica y auxilio humanitario. Estas condiciones, según determinó la investigación, fueron impuestas de manera deliberada y calculada, generando un contexto donde los ataques respondían a patrones vinculados tanto a la identidad étnica como al género o a la percepción de afinidad política de las víctimas.
La misión reportó que existen acusaciones documentadas sobre otros delitos cometidos en ese periodo, incluyendo asesinatos múltiples, la extensión de violaciones y otras formas de violencia sexual, detenciones sin fundamento, actos de tortura y tratos crueles, extorsión y desapariciones forzadas. De acuerdo con el informe de la misión, la verificación de estos hechos se apoya tanto en testimonios de supervivientes como en registros oficiales y materiales documentales, lo que refuerza la gravedad de las acusaciones formuladas.
El medio consignó que la intención de cometer genocidio por parte de las RSF se refleja además en la retórica sostenida durante estos hechos, dirigida hacia la eliminación de comunidades no árabes. Esta narrativa de odio habría acompañado y facilitado la consumación de patrones de violencia repetidos y sistematizados contra los grupos objetivo. La misión consideró que tales conductas pueden observarse en la búsqueda activa y diferenciada de víctimas por motivos étnicos en zonas sitiadas.
A pesar de los múltiples avisos emitidos por parte de organizaciones internacionales sobre la inminente comisión de atrocidades en El Fasher, la investigación de la ONU concluyó que no se adoptaron estrategias o medidas efectivas para salvaguardar la integridad de la población civil en ese contexto. Esto resultó en un agravamiento de las consecuencias para los habitantes y en la vulneración continuada de los derechos humanos.
Tal como publicó la fuente, la extensión del conflicto hacia otras regiones del país, como la zona de Kordofán, representa una amenaza creciente de que se repitan modelos de violencia identificados en Darfur del Norte. La misión subrayó la “manifestación aguda” de patrones que corresponden a la definición jurídica de genocidio y enfatizó la urgencia de protección inmediata para los civiles potencialmente expuestos a este tipo de delitos.
Según reportó el medio, el equipo dirigido por Mohamed Chande Othman recalcó que la amplitud, la coordinación y el soporte institucional conferidos por la cúpula de las RSF a las acciones descritas vuelven ineludible la interpretación de que los delitos respondieron a una planificación previa con el fin explícito de eliminar a grupos determinados. La misión concluyó que estos hechos deben reconocerse como constitutivos de genocidio, de acuerdo con las normas internacionales.
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