Generalitat se alía con otras CCAA para exigir al Gobierno las obras de regeneración del litoral y paralizar deslindes

El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos de la Generalitat Valenciana, Marc García Manzana, resaltó que existe un fuerte compromiso entre las comunidades autónomas con litoral frente a la falta de avances por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). De acuerdo con lo publicado por la Generalitat y consignado por diferentes representantes autonómicos, se sostiene que el Ministerio opera “con opacidad” y toma decisiones de manera unilateral en lo referente a la gestión del litoral español. La noticia principal radica en que representantes autonómicos de distintas comunidades han reclamado de manera conjunta una reunión urgente con el Gobierno central para exigir la ejecución de obras de regeneración costera pendientes y frenar los procesos de deslinde que afectan a los terrenos marítimos.

Según detalló la Generalitat, la reunión se celebró en Madrid y reunió a directores generales responsables de costas de varias comunidades, quienes buscan coordinar una postura conjunta ante la reforma estatal del Reglamento de Costas. La petición central fue la aceleración y realización de proyectos de rehabilitación del litoral que llevan varios años sin ejecutarse, además de la paralización de deslindes, procesos administrativos que redefinen la titularidad de terrenos costeros y que, según las autonomías, se están desarrollando sin la debida transparencia ni la participación de los gobiernos regionales.

Durante el encuentro, representantes autonómicos enfatizaron que el Ministerio no puede modificar un reglamento crucial para la legislación costera sin la implicación directa de quienes gestionan el territorio a nivel regional. Para García Manzana, la reforma impulsada por el Gobierno central se está abordando sin el necesario consenso institucional y sin convocar a las comunidades más implicadas, lo que calificó como un proceder unilateral. El medio detalló que se subrayó la “unidad de acción” entre gobiernos regionales y se alertó sobre una estrategia estatal orientada a dividir a las comunidades para facilitar la toma de decisiones.

De acuerdo con la Generalitat, la mayor parte de las comunidades autónomas con costa solicitaron formalmente al Miteco una convocatoria inmediata para tratar estos asuntos, centrándose tanto en la ejecución retrasada de obras de regeneración como en la paralización de los citados deslindes. Se considera fundamental, desde las regiones, que haya mayor coordinación y transparencia institucional en los procesos que afectan al litoral.

La Generalitat, junto al resto de autonomías costeras, ha incidido en la necesidad de mantener una gobernanza coordinada, sostenible y eficiente del litoral, recordando un manifiesto suscrito previamente en València por seis comunidades autónomas que representan el 80% de la costa española. Según recogió el medio, este frente común busca fortalecer la posición de las regiones en la toma de decisiones clave para la protección y gestión del dominio costero.

El comunicado oficial destaca también el enfoque de la nueva Ley de la Costa Valenciana, cuyo objetivo es ofrecer un marco normativo ajustado a las realidades territoriales, ambientales y socioeconómicas de la Comunitat Valenciana. Esta normativa incorpora un modelo de planificación integral para el litoral, estableciendo instrumentos generales y específicos adaptados a diferentes niveles de urbanización y protección ambiental.

La Ley de la Costa Valenciana incluye la clasificación de la franja litoral en tres grandes áreas: protección ambiental estricta, mejora ambiental y paisajística, y reordenación urbana con distintas posibilidades de uso. Asimismo, contempla un sistema de catalogación de playas que delimita las actividades permitidas en función del nivel de urbanización, y un régimen disciplinario orientado a garantizar el equilibrio entre el desarrollo humano y la preservación ambiental del territorio costero.

Otros aspectos destacados de la ley autonómica son la puesta en marcha de un inventario de terrenos degradados, la creación de bolsas de suelo dedicadas a la reordenación y mecanismos adicionales para reforzar la gestión costera. Estas herramientas facilitarían tanto la conservación ambiental como la administración eficaz de las actividades económicas y sociales en zonas próximas al mar.

En el marco de la reunión y según publicó la Generalitat, el director general García Manzana insistió en la urgencia de que el Gobierno central transfiera competencias en la gestión del dominio público marítimo-terrestre a la Comunidad Valenciana. Esta demanda se fundamenta en lo dispuesto tanto en el Estatuto de Autonomía como en la disposición transitoria tercera de la nueva ley valenciana, según la cual la convocatoria de la comisión mixta de transferencias debiera realizarse de modo similar a como ha ocurrido con otras comunidades.

Al asumir la gestión plena del litoral, la Generalitat sostiene que podrá garantizar una mayor coherencia entre la planificación territorial, la protección ambiental y la actuación administrativa. Asimismo, esta transferencia permitiría avanzar en los objetivos de conservación y uso sostenible del ecosistema costero. Según reportó la Generalitat, la coordinación entre niveles de gobierno se presenta como un elemento central para afrontar los retos comunes en materia de costas, en especial frente a los desafíos de la erosión, la presión urbana y los cambios regulatorios dirigidos desde el Gobierno central.

Tal como mencionó García Manzana y recogió el medio, “el Ministerio pretende aplicar la máxima de ‘divide y vencerás’, pero esta reunión demuestra que las comunidades autónomas estamos unidas ante el silencio del Gobierno”. Las comunidades insisten en que no debe procederse a cambios normativos de manera reservada, sin incluir a los principales actores implicados en la gestión efectiva del litoral.

Entre las demandas reiteradas en la reunión se encuentra la convocatoria formal del Ministerio para abordar de inmediato la planificación de las obras pendientes y la revisión de los deslindes. Las autonomías plantean que la agenda de reformas estatales y la ejecución sobre el terreno requieren no solo transparencia, sino también un diálogo permanente, basado en los intereses y la experiencia de los gobiernos regionales y locales afectados.

El respaldo conjunto a la nueva ley valenciana forma parte del esfuerzo para consolidar un marco estable que permita avanzar a largo plazo en la gestión y protección del litoral, integrando necesidades territoriales con la normativa estatal. La Generalitat afirma que la concreción de este modelo facilitará tanto la ordenación urbana como la protección ecológica de la costa, con un impacto directo sobre los habitantes y las actividades económicas ligadas al mar.

A medida que continúan los procedimientos para modificar el Reglamento de Costas en el ámbito estatal, las comunidades costeras insisten, según reiteró la Generalitat, en la importancia de la cooperación institucional y la inclusión activa de las autonomías en la elaboración y aplicación de la política costera española.