La comisión parlamentaria encargada del proceso de paz con el PKK pide la "reinserción" de los milicianos

La Comisión Nacional de Solidaridad, Hermandad y Democracia, formada en 2025 en el seno del Parlamento turco como parte de los esfuerzos para sacar adelante el proceso de paz entre el Gobierno y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), ha emitido este miércoles un informe en el que recomienda la "reinserción" de milicianos del grupo siempre y cuando estos "rechacen las armas y la violencia".

En este sentido, el texto de la comisión parlamentaria señala que aquellos milicianos kurdos que hayan procedido a abandonar las armas "deben ser reinsertados en la sociedad", si bien han dejado fuera la posibilidad de aprobar una amnistía.

Las recomendaciones de esta comisión, de la que forman parte medio centenar de diputados de diferentes grupos políticos, tiene como objetivo sentar las bases para un marco legal que facilite la paz entre las partes después de que el PKK anunciara en mayo de 2025 su disolución y el fin de la lucha armada, tras cuatro décadas activo.

"La ley debe buscar la reinserción de estos individuos, pero no debe crear una percepción de impunidad y amnistía", recoge el documento. El presidente de la comisión, Numan Kurtulmus, ha recalcado que se trata de un "proceso histórico" frente al "terrorismo" y ha alabado el papel del Parlamento, según informaciones de la agencia de noticias Anatolia.

El documento también incluye cuestiones de "regulación" y medidas de "democratización", pero no incluye nada sobre la posible liberación del líder del PKK, Abdulá Ocalan. No obstante, pide un mayor "cumplimiento de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y del Tribunal Constitucional de Turquía.

"Se deben fortalecer los mecanismos para garantizar el pleno cumplimiento de las decisiones del TEDH y del Constitucional, y se deben crear nuevos mecanismos eficaces. Se recomienda eliminar los obstáculos al cumplimiento de los dictámenes derivados de acciones administrativas y procesos judiciales", recoge el informe.

REFORMAR LA CONSTITUCIÓN COMO "DEBER"

Además, señala la redacción de una nueva Constitución, un objetivo a largo plazo del bloque gobernante, como "un deber y una responsabilidad compartida e impostergable para nuestro país", y establece que el desarme "debe ser supervisado por el Ejecutivo a través de mecanismos de seguimiento dirigidos por los órganos ejecutivos pertinentes, que informarán periódicamente de los avances al Parlamento".

El documento, que también propone reorganizar el sistema administrativo bajo estándares legales más rigurosos "para fortalecer las bases de la política democrática", no incluye la frase "cuestión kurda". Esto ha llevado al prokurdo Partido por la Igualdad y la Democracia Popular (DEM) a criticar que el problema se aborde solo desde el prisma del "terrorismo".

El Gobierno turco y el PKK ya iniciaron en 2013 un proceso de conversaciones de paz, si bien se derrumbaron en 2015 y se vieron seguidas por un estallido de enfrentamientos en las zonas de mayoría kurda en el sureste y el este del país.

Si bien el PKK formuló tras su fundación un llamamiento a la creación de un Estado independiente, en la actualidad aboga por una mayor autonomía en las zonas de mayoría kurda, parte de lo que se considera el Kurdistán histórico, que se extiende también a partes de Siria, Irak e Irán.