La Agenda OCDE 2026 marca la hoja de ruta empresarial para reforzar la inversión en Iberoamérica

Un aspecto relevante que se puso sobre la mesa en la jornada ‘Brújula de los Negocios: Agenda OCDE 2026’ fue la advertencia sobre la posible fragmentación regulatoria en América Latina, lo cual podría afectar la capacidad de la región para atraer inversiones y promover condiciones de crecimiento sostenibles. Durante el encuentro, representantes de los sectores institucional, empresarial y académico analizaron cómo la definición de nuevas reglas internacionales y una mayor participación estratégica del sector privado serán elementos decisivos para que Iberoamérica logre fortalecer su atractivo ante actores globales y potencie la certeza jurídica en los negocios. De acuerdo con la información difundida por la organización del evento y recogida por los asistentes, la Agenda OCDE 2026 se perfila como la guía central para redefinir las oportunidades de inversión y crecimiento en el entorno iberoamericano, en un escenario caracterizado por la transformación de los modelos productivos y marcos regulatorios.

Según reportó el medio, durante la jornada, Narciso Casado, secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), afirmó que “las reglas del juego están evolucionando con rapidez”, enfatizando que aspectos clave como la competitividad, la seguridad jurídica y la capacidad de atracción de inversiones dependen en buena parte de la presencia activa de las empresas en los órganos donde se diseñan esos estándares internacionales. Para Casado, la participación del sector privado en los foros donde se definen las normativas globales, como en las Cumbres Iberoamericanas, debe abordarse como un asunto estratégico y no como una opción, ya que la sobrerregulación y la burocracia pueden convertirse en obstáculos que dificulten el crecimiento económico de la región.

Fernando Treviño, vicepresidente nacional de Asuntos Internacionales y Laborales de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y miembro del Comité Ejecutivo de Business en la OECD (BIAC), expresó durante el encuentro la importancia de presentar propuestas enfocadas en ámbitos como el comercio, la digitalización, la fiscalidad, el mercado laboral y las pequeñas y medianas empresas. Treviño consideró que la Agenda OCDE 2026 brinda al sector privado y a los gobiernos de Iberoamérica la posibilidad de desarrollar marcos normativos más claros y uniformes que favorezcan la inversión y ofrezcan mayor certidumbre en los procesos empresariales. El vicepresidente de Coparmex subrayó que la región latinoamericana debe fortalecer su posicionamiento en el rediseño de la economía global, utilizando la hoja de ruta de la OCDE como palanca para consolidar un entorno más homogéneo y previsible para los inversores.

En el ámbito académico, Jacobo Ramos-Folch, profesor de Ciencia Política y Sociología en la Universidad de Navarra, comentó que Latinoamérica se encuentra en un momento decisivo para profundizar en su integración y alcanzar una mayor convergencia regulatoria. Según Ramos-Folch, la reducción de la fragmentación normativa contribuirá a aumentar el atractivo de América Latina como destino de capitales y permitirá que los países de la región participen de forma más efectiva en los grandes flujos internacionales de inversión.

Durante la jornada también intervino Daniel Massó, responsable de Conocimiento y Agenda 2030 de la Asociación Española de Normalización (UNE). Massó remarcó, según publicó el medio, que la regulación técnica en la región debe adecuarse progresivamente a estándares internacionales, con el objetivo de evitar que estos requisitos se conviertan en obstáculos indirectos para el comercio exterior. La adopción de normativas consensuadas a nivel global permitirá a las empresas locales competir en igualdad de condiciones con otros actores internacionales y facilitará la incorporación de la región a cadenas de valor globales.

El evento, impulsado por el Consejo de Empresarios Iberoamericanos, aglutinó a representantes de diferentes sectores y puso en evidencia la percepción compartida sobre el papel decisivo de la Agenda OCDE 2026 para recalibrar la estrategia empresarial frente a la transformación de los esquemas regulatorios y productivos. El medio detalló que entre las principales conclusiones del encuentro destacó la urgencia de avanzar hacia una mayor armonización normativa, el impulso a la voz del sector privado en los espacios multilaterales y la consolidación de marcos jurídicos que aporten estabilidad y hagan de la región un destino preferente para la inversión internacional.

Además, los participantes reflexionaron sobre el impacto que puede tener la sobrerregulación en el entorno empresarial, advirtiendo que el exceso de requisitos y trámites puede disuadir el establecimiento de nuevos proyectos y frenar el desarrollo económico. La interacción entre instituciones públicas, empresas y organismos representativos fue presentada como una condición esencial para alcanzar una agenda común capaz de responder a las expectativas de los inversores y adaptarse a los desafíos del contexto internacional actual.

La responsabilidad de definir nuevas reglas de juego y de participar activamente en la elaboración de las mismas recayó en buena parte en los actores privados, según se desprende de las posiciones expresadas en la jornada y detalladas por la organización del evento. De este modo, tanto los representantes empresariales como los académicos y expertos reunidos consideraron que un mayor alineamiento con los estándares de la OCDE y la integración en cadenas productivas internacionales puede servir para reducir brechas, incrementar la competitividad regional y garantizar la sostenibilidad de los procesos de inversión en Iberoamérica.