Panamá veta en licitaciones públicas a firmas europeas tras mantener la UE al país en la 'lista negra' fiscal

El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá había anticipado la decisión de la Unión Europea de mantener al país centroamericano en su listado de jurisdicciones fiscales no cooperadoras y expresó su confianza en que los progresos realizados darán como resultado la exclusión panameña en futuras revisiones, según información publicada por diversas fuentes. En este contexto, el presidente panameño José Raúl Mulino anunció que vetará la participación de empresas del continente europeo en licitaciones estatales, en respuesta directa a la posición del bloque comunitario.

Tal como detalló el medio de comunicación, Mulino comunicó a través de su cuenta de la red social X que la medida implica que ninguna empresa de origen europeo podrá concursar en proyectos públicos del país. El mandatario precisó que la instrucción se transmitió de manera oficial a las distintas entidades gubernamentales. Este posicionamiento del Ejecutivo panameño contrasta con la postura adoptada por el propio Ministerio de Economía y Finanzas, que en un comunicado confirmó que la permanencia en la lista negra de la UE era esperada. La cartera añadió que las autoridades nacionales han realizado avances que podrían ser evaluados en futuras revisiones para reconsiderar la situación del país en el listado.

La Unión Europea decidió mantener a Panamá en la denominada ‘lista negra’ de paraísos fiscales. Según consignó el medio, la reciente actualización del listado no profundizó en los detalles de la resolución, aunque se recordó que en octubre de 2025 la UE señaló como motivo principal la existencia de un régimen de exención de ingresos obtenidos en el extranjero considerado perjudicial. El bloque consideró que Panamá aún no solucionó esta situación y, por ello, el país mantuvo su estatus dentro de la lista de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por diversos medios, el Ejecutivo de Mulino explicó que, aunque las autoridades panameñas eran conscientes de que la revisión no culminaría con la salida de la lista negra en esta ocasión, se están preparando de cara al próximo análisis pautado para octubre. El presidente instó públicamente a que las medidas restrictivas para las firmas europeas entren en vigor de inmediato, siendo instruidas varias entidades para que apliquen la directiva en los procesos de compras públicas y contrataciones estatales.

El ministerio de Economía y Finanzas, según reportó el medio, expresó a través de su comunicado la convicción de que los pasos tomados y en ejecución posicionan a Panamá para una posible exclusión futura del listado de la UE. El texto ministerial remarcó que la decisión comunitaria era previsible, dado el tiempo que requieren los procesos de revisión y los cambios regulatorios implementados.

La postura de Mulino introduce una dinámica de tensión entre el Ejecutivo panameño y la Unión Europea, ya que la medida representa una represalia comercial inmediata ante la evaluación fiscal negativa. Según lo publicado, la instrucción presidencial podría afectar la relación entre Panamá y diversas empresas europeas que hasta ahora han participado en proyectos públicos o que tenían interés en futuros concursos. El alcance de la restricción involucra no solo a grandes consorcios, sino potencialmente también a medianas y pequeñas empresas del continente europeo.

Según explicó el medio, la permanencia de Panamá en la lista negra de la UE responde principalmente a criterios técnicos definidos por el bloque europeo, que en revisiones anteriores ya había advertido acerca de las estructuras fiscales panameñas relacionadas con ingresos obtenidos fuera del país. Para la administración panameña, los esfuerzos de reforma y regulación continúan y se consideran suficientes para solicitar una revisión del estatus en la próxima oportunidad.

Las diferencias públicas entre las declaraciones del presidente y del ministerio revelan matices en la estrategia del gobierno. Mientras el Ejecutivo recurre a medidas inmediatas de represalia comercial, la cartera financiera orienta la atención hacia el diálogo técnico y la negociación con organismos internacionales para lograr la eliminación de Panamá de la lista. Las autoridades panameñas argumentan que las reformas introducidas hasta la fecha evidencian avances significativos en materia de transparencia y cumplimiento normativo, en línea con las exigencias de la Unión Europea, según reportes del medio.

El impacto de la decisión también recae en los proyectos de infraestructura y desarrollo que tradicionalmente han contado con la participación de empresas europeas. La restricción ordenada por Mulino podría modificar el escenario competitivo y el desarrollo de futuras licitaciones, generando un cambio importante en la apertura internacional de los concursos públicos en Panamá. Al mantenerse la UE firme en su posición respecto a las jurisdicciones no cooperadoras fiscalmente, el país enfrenta desafíos en el plano reputacional y en las relaciones multilaterales.

De acuerdo con el seguimiento de los medios, el Gobierno de Panamá espera que los argumentos y pruebas presentados en el marco de los procedimientos establecidos por la UE incidan positivamente en futuras revisiones. El país prevé que los avances en regulaciones y transparencia fiscal se reflejen en una eventual reconsideración de su estatus dentro del bloque comunitario europeo.