El ministro del Interior de Colombia inicia la recogida de firmas para convocar la Asamblea Constituyente

Armando Benedetti incluyó en el formulario de convocatoria para la Asamblea Nacional Constituyente no solo sus propios datos, sino también los del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y de la consejera presidencial Luz María Múnera. Este paso fortalece el respaldo institucional de la iniciativa, que busca consolidar reformas sociales pendientes a través de un nuevo proceso democrático en Colombia. Según detalló el medio El Heraldo, la iniciativa cuenta con el apoyo del presidente Gustavo Petro, quien se ha manifestado públicamente a favor de la convocatoria.

La recolección de firmas se convirtió en oficial este lunes, luego de que Benedetti anunciara la medida por medio de su cuenta en la red social X y adjuntara el documento correspondiente. Tal como informó El Heraldo, el respaldo del Registro Nacional fue obtenido semanas atrás, avalando la inscripción del comité promotor para la constituyente y habilitándolo para iniciar la consecución de firmas. Se requieren adhesiones que representen el cinco por ciento del censo electoral nacional, cifra que supera los dos millones de personas.

El proyecto prevé que la propuesta sea presentada a mediados de julio, una vez que se haya conformado el nuevo Congreso tras los comicios legislativos. El proceso se basa en una iniciativa ciudadana destinada a canalizar el descontento ante lo que sus impulsores consideran un bloqueo institucional al avance de transformaciones prometidas, pero aún no concretadas. De acuerdo con lo consignado en El Heraldo, Antonio Sanguino expresó en su momento que esta acción constituye una “iniciativa ciudadana que expresa el cansancio frente al bloqueo institucional y la necesidad de abrir, por vías democráticas y legales, un debate de fondo sobre las transformaciones y reformas que el país reclama y que la Constitución prometió o que requieren ser completadas, pero que hoy enfrentan serios obstáculos”.

Gustavo Petro, presidente colombiano, ha promovido en varias ocasiones la idea de la Asamblea Constituyente, presentándola como un mecanismo que profundizaría la Carta Magna de 1991 y serviría para fortalecer derechos sociales. Petro señaló, según lo reproducido por el medio El Heraldo, que el objetivo no es sustituir la constitución vigente, sino aportar instrumentos para hacer cumplir sus principios fundacionales. “La Constitución de 1991 no se sustituye, se le ponen garras para que se cumplan sus principios y órdenes como la del salario vital”, expresó Petro en enero.

El Registro Nacional brindó al comité promotor un periodo de seis meses para reunir las firmas necesarias y avanzar con la siguiente fase, que consiste en presentar la solicitud formal ante el Congreso. El respaldo de funcionarios de alto nivel y la inscripción formal de la iniciativa marcan un paso relevante para el gobierno en su intención de consolidar reformas sociales que han encontrado resistencia o tramitación parcial bajo el marco legal actual.

La convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente surge en un contexto donde diversos sectores sociales y políticos han señalado limitaciones para ejecutar cambios profundos. El respaldo explícito del presidente y varios integrantes del gabinete indica que el Ejecutivo busca fortalecer el debate nacional sobre los temas aún pendientes desde la promulgación de la constitución actual. La meta central detrás de la iniciativa consiste en garantizar que los principios y órdenes constitucionales, especialmente aquellos referidos a derechos sociales como el salario digno, puedan concretarse plenamente bajo un nuevo escenario normativo.

En línea con lo reportado por El Heraldo, la próxima etapa dependerá de la capacidad del comité promotor para recabar el apoyo ciudadano necesario en los meses siguientes, mientras el país se prepara para la renovación de su Congreso. La Asamblea Constituyente propuesta se perfila como un instrumento legal que abriría un espacio para discutir y potencialmente redefinir aspectos fundamentales del marco jurídico y social colombiano, en concordancia con las demandas y expectativas de diversos actores nacionales.