El Congreso tumba la ley de Vox para prohibir el burka, sólo apoyada por el PP y UPN

La propuesta impulsada por Vox para prohibir el uso del burka y el niqab en el espacio público recibió solo el respaldo del Partido Popular (PP) y Unión del Pueblo Navarro (UPN), en tanto el resto de los grupos parlamentarios votó en contra y Coalición Canaria optó por abstenerse. De acuerdo con la información publicada por el medio El País, el Pleno del Congreso rechazó la toma en consideración de la proposición de Ley Orgánica para la protección de la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana en el espacio público promovida por la formación de ultraderecha.

Según detalló El País, la iniciativa de Vox provocó un intenso debate entre las distintas formaciones políticas, marcado por reproches sobre discriminación, feminismo y racismo. Partidos como el PSOE, Sumar, Podemos, Esquerra Republicana (ERC) y Compromís acusaron a Vox de propagar mensajes de odio al plantear la prohibición del velo integral como vía para la protección femenina. Voceros de estos grupos advirtieron que la medida no supone una mejora en la situación de las mujeres y consideraron que su efecto real podría ser contrario al objetivo declarado.

La diputada de Vox Blanca Armario defendió la propuesta, tachando el burka de “mazmorra textil y móvil” y argumentó que el debate era necesario para preservar la identidad española. También sostuvo que “defender la dignidad de la mujer no es negociable, como tampoco es negociable que queramos seguir siendo España”. Armario remarcó una postura contraria al multiculturalismo y expresó que el país, a su juicio, “no puede permitirse más inmigración” y que no debe aceptar costumbres ajenas que, según afirmó, no respetan las normas culturales y sociales de España. La portavoz insistió en que no se trata de racismo y declaró: “No tenemos ningún problema con el color de la piel, sino con lo que traen algunos en su cabeza”.

En su intervención, Armario rechazó que la prohibición tenga relación con prejuicios raciales y subrayó que desde Vox “nos negamos como mujeres libres y occidentales a que vengan otras culturas que nos sometan y que nos callen”. Argumentó que no aceptarán que aumente el miedo de las mujeres en el espacio público ni que se normalice, por lo que rechazan “ver niñas con niqab en los colegios, ni ver a mujeres bañándose en la playa con una tela de la cabeza a los pies”.

Por el lado del PSOE, la diputada Andrea Fernández manifestó que la motivación real de Vox no es la protección de la dignidad femenina sino la promoción de “su islamofobia”. Calificó la iniciativa de hostil y provocadora, y sostuvo que “mezclar deliberadamente delincuencia con Islam”, así como presentar a las mujeres que usan velo como una amenaza para la seguridad, contribuye a actitudes xenófobas. Fernández criticó la efectividad de la medida, apoyándose en la postura del Consejo de Europa, y tildó la propuesta de “derecho penal simbólico” y de populismo, argumentando que las intervenciones estatales sobre la libertad individual “deben estar siempre muy fundamentadas, precisas y rigurosas”. Al cierre de su intervención, propuso que los debates sobre las prendas religiosas se realicen “desde la seriedad” y defendiendo la libertad.

Esther Gil de Reboleño, portavoz de Sumar, consideró que la proposición no surge del feminismo sino del racismo. Desde Sumar indicaron que aquellos que “niegan la violencia machista” no pueden arrogarse la defensa de la dignidad ni la seguridad de las mujeres. Gil de Reboleño puso en duda la utilidad de la sanción y lanzó: “Si una mujer está siendo obligada a llevar una prenda, ¿de verdad creen que la solución es multarla, sancionarla, recluirla en su hogar, criminalizarla?” Según consignó El País, calificó la propuesta como “entre la risa y la vergüenza”.

Desde Podemos, Noemí Santana afirmó que el verdadero interés tras la iniciativa era “abrir un debate ideológico que ahora mismo es inexistente” y que Vox pretende “tener un blanco al cual poder señalar”. Añadió: “No vamos a apoyar que sigan sembrando odio”. Pilar Vallugera, de ERC, advirtió de los posibles efectos de la medida, como el aumento de mujeres “encerradas” en sus hogares, y calificó el proyecto como “inhumano”. A su vez, Águeda Micó, de Compromís, manifestó que el feminismo “no consiste en prohibir a una mujer su forma de vestir”, sino en asegurar que ni los hombres ni el Estado impongan normas sobre el atuendo femenino.

Ester Muñoz, diputada del PP, presentó el respaldo de su grupo a la tramitación de la iniciativa en defensa de “la libertad, la dignidad y la igualdad de todas las mujeres” en España. Argumentó que “el velo integral es la institucionalización de la invisibilidad femenina” y describió el burka como “instrumento de control” sobre las mujeres. Invitó a quienes no compartan el rechazo a estas prendas a que “no vengan” a España. Reconoció que el texto propuesto adolece de imperfecciones, aunque señaló que no han tenido oportunidad de mejorarlo y concluyó: “Votamos a favor de una España donde ninguna mujer sea borrada. Las mujeres no estamos sometidas ni silenciadas en España”.

El País reportó que Miriam Nogueras, de Junts, informó sobre la presentación de una propuesta propia para prohibir el burka en espacios públicos. Nogueras destacó que tanto Vox como otros grupos no priorizan el debate de fondo, sintetizando su postura en la frase: “ni burka, ni Vox”.

Completando el espectro de posiciones, Mikel Legarda, del PNV, expresó que la iniciativa debatida por el Congreso fomenta estereotipos sobre el islamismo y despierta actitudes intolerantes dentro de la sociedad española. Pidió considerar el debate sobre la regulación de prendas que cubren totalmente el rostro en el espacio público, como ocurre en otros países de la Unión Europea, pero advirtió que esto debe hacerse con base en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y no desde las premisas planteadas en la proposición de Vox.

El resultado de la votación impidió la tramitación de la iniciativa, evidenciando la falta de consenso en torno a la prohibición legal del burka y el niqab en España. La discusión se caracterizó por la confrontación entre posiciones sobre libertad religiosa, feminismo, integración y seguridad pública, de acuerdo con lo recopilado por El País.