Rodríguez llama al acuerdo para congelar los alquileres, ya sea con "incentivos o castigos" fiscales

La posibilidad de que el Gobierno elimine las reducciones actuales en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) para propietarios que suban el precio de los alquileres forma parte de una serie de medidas que se evalúan mientras avanzan las negociaciones políticas sobre cómo abordar el incremento del costo de la vivienda en España. Según detalló Europa Press, estas posibles restricciones fiscales se aplicarían únicamente en los casos donde el aumento del alquiler se produzca al término de un contrato, sin afectar al ajuste anual ligado habitualmente al índice de precios al consumo (IPC) permitido por la legislación vigente.

El debate se ha intensificado tras la intervención de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, quien instó a los partidos a pactar medidas urgentes que frenen el encarecimiento de los arrendamientos. Durante una entrevista en TVE recogida por Europa Press, Rodríguez insistió en que la vía para limitar las subidas de los alquileres podría pasar tanto por incentivos como por posibles penalizaciones fiscales. Según sus declaraciones, se estudia la opción de perseguir el fraude en los contratos de temporada y utilizar el sistema impositivo para influir sobre el comportamiento de los propietarios.

De acuerdo con Europa Press, el Ministerio de Hacienda mantiene conversaciones con grupos parlamentarios para negociar estas medidas. Este proceso de diálogo responde, en parte, al rechazo manifestado por varios aliados del Ejecutivo a la propuesta inicial de ofrecer una bonificación fiscal del 100% en el IRPF a los arrendadores que no incrementen la renta a sus inquilinos durante el periodo de renovación contractual. Las resistencias dentro del bloque gubernamental han forzado a explorar alternativas, incluyendo la posibilidad de reducir o incluso eliminar los beneficios fiscales para quienes suban los precios del alquiler al término de un contrato.

Actualmente, la regulación permite que los propietarios se beneficien de reducciones en el IRPF por el alquiler de su vivienda habitual. Según la Ley por el Derecho a la Vivienda, los contratos firmados antes del 26 de mayo de 2023 ofrecen a los arrendadores una reducción impositiva del 60%, lo que implica declarar únicamente el 40% del rendimiento neto del alquiler. Para aquellos contratos formalizados después de esa fecha, la deducción general desciende al 50%, pero puede aumentar hasta un 60% si el inmueble ha sido rehabilitado en los dos años anteriores o alcanzar incluso el 70% cuando la propiedad esté adherida a programas públicos de alquiler a precio de mercado, consignó Europa Press.

La propuesta en discusión contempla que la reducción general del 50% en el IRPF pueda disminuirse progresivamente si el propietario decide elevar el precio del alquiler, llegando, en última instancia, a desaparecer por completo en situaciones de incremento de la renta, según informó Europa Press. De esta manera, el Gobierno busca disuadir a los arrendadores de aplicar subidas generalizadas de precios al término de los contratos.

Isabel Rodríguez reiteró, en sus declaraciones recogidas por Europa Press, la importancia de alcanzar acuerdos sólidos entre los partidos políticos que permitan activar este tipo de mecanismos fiscales. Destacó que el Ejecutivo mantiene dos líneas de actuación: reforzar el llamado “escudo social” dirigido a quienes viven en alquiler bajo amenaza de incremento de precios o desalojo y aplicar la normativa vigente que faculta la congelación de los arrendamientos en circunstancias específicas.

Según la ministra de Vivienda, la falta de aplicación de la ley que permite congelar los alquileres se debe a la oposición del Partido Popular (PP). Sostuvo, según publicó Europa Press, que estas estrategias, incluyendo los ajustes fiscales, se insertan en un paquete más amplio de respuestas a la crisis del acceso a la vivienda.

En el contexto del Congreso, la titular de Vivienda subrayó la necesidad de que los representantes parlamentarios muestren sensibilidad y disposición al acuerdo en asuntos sociales y económicos vinculados al derecho a una vivienda asequible. Rodríguez añadió que, en ocasiones, el consenso resulta más fácil de alcanzar con profesionales del sector que dentro del propio Parlamento, según declaraciones recogidas por Europa Press.

La ministra afirmó que el Ejecutivo ha presentado ya un texto de medidas a los grupos parlamentarios, sobre el cual se articulan las negociaciones en curso. El Gobierno sostiene que la búsqueda de un punto de equilibrio entre incentivos a propietarios y penalizaciones resulta esencial para estabilizar el mercado del alquiler, controlar el aumento de precios y proteger a los inquilinos que enfrentan incertidumbre ante posibles incrementos o desalojos.

En el trasfondo de este debate, permanece vigente la opción de mantener o ajustar el beneficio fiscal, siempre vinculado al comportamiento de los arrendadores respecto a la actualización de los precios. Europa Press reportó que las deliberaciones continuarán mientras persista la falta de acuerdo entre los distintos actores parlamentarios, en una situación en la que la presión sobre el mercado de alquiler y la demanda por soluciones inmediatas se mantiene alta.