Irán anuncia la creación de una comisión de investigación sobre las últimas protestas

El comité especial promovido por las autoridades iraníes ya se encuentra en funciones para recolectar pruebas e indagar testimonios relacionados con los hechos de violencia que ocasionaron un alto número de muertes durante las recientes protestas en Irán, en un contexto de crisis económica. Según informó la agencia iraní ISNA, la portavoz del Gobierno, Fatemé Mohajerani, anunció la conformación de la comisión responsable de esta investigación y explicó que, una vez concluido el proceso, se publicará un informe con los hallazgos y pasos legales a tomar, aunque evitó precisar una fecha exacta para la divulgación de dicho documento.

De acuerdo con ISNA, Mohajerani detalló que el comité incluye representantes de múltiples instituciones clave y que su tarea principal consiste en recabar documentación y escuchar los testimonios de quienes participaron o fueron testigos de los disturbios que sacudieron al país en enero pasado. Esta medida gubernamental surge tras la muerte de miles de personas en episodios violentos durante las manifestaciones contra el deterioro de la economía iraní y la caída en la calidad de vida, episodios que han derivado en acusaciones cruzadas entre el gobierno y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

ISNA recogió declaraciones de Mohajerani en las que hizo hincapié en el compromiso del gobierno iraní de informar a la opinión pública sobre el curso de la investigación y posibilitar el inicio de procesos judiciales si se considera necesario. Las autoridades no difundieron un plazo estimado para la publicación del informe final ni para el cierre de la investigación, lo que ha aumentado las demandas de claridad por parte de familiares de las víctimas y de organizaciones no gubernamentales.

Las tensiones en el país se reflejan también en medidas adoptadas contra dirigentes y miembros de la oposición. De acuerdo con el mismo medio, poco antes del anuncio oficial sobre la comisión, las autoridades liberaron a los políticos reformistas Yavad Emam y Ebrahim Asgharzadé, quienes permanecieron detenidos tras las protestas y recuperaron su libertad tras el pago de una fianza. Su abogado, Hojat Hermani, informó sobre la excarcelación de ambos y expresó expectativas positivas en relación con la posible liberación de Azar Mansuri, destacada política del mismo sector, en los días venideros.

El Frente Reformista Iraní, oposición crítica al gobierno, había denunciado recientemente la detención de sus principales figuras, incluidos Mansuri, Asgharzadé y Emam, a manos de agentes de la Guardia Revolucionaria, además de señalar que otros integrantes del movimiento también debieron prestar declaración. Según publicó ISNA, la Fiscalía de Teherán acusó a estos dirigentes de vulnerar la unidad nacional y de coludir con Estados Unidos e Israel, tras participar en las últimas movilizaciones.

Las autoridades de Irán han sostenido, según reportó ISNA, que "terroristas" apoyados por Washington y Tel Aviv participaron en las protestas con la finalidad de perpetrar ataques y aumentar el número de víctimas. Estas acusaciones pretenden vincular los disturbios con supuestos planes hostiles y amenazas lanzadas anteriormente por el gobierno de Donald Trump.

El balance oficial, reportado por ISNA, reconoce más de 3.000 fallecimientos, la mayoría entre civiles y efectivos de seguridad que intervinieron en los eventos ocurridos desde el inicio de las protestas. Sin embargo, la organización estadounidense Human Rights Activists cifra las muertes por encima de 7.000, conforme a su registro más reciente. La amplia disparidad en los datos publicados acentúa las exigencias de mayor transparencia y supervisión internacional.

El trasfondo inmediato de estas movilizaciones radica en el empeoramiento de la situación económica y la percepción de deterioro en las condiciones de vida. Los manifestantes han responsabilizado a las autoridades por las dificultades crecientes y la falta de respuestas eficaces ante el alza de precios, el desempleo y la depreciación del rial.

La respuesta de las fuerzas de seguridad durante los disturbios ha sido objeto de observación y crítica, tanto de actores locales como de la comunidad internacional y de grupos defensores de los derechos humanos, que demandan investigaciones independientes para esclarecer posibles abusos y determinar la responsabilidad de quienes ordenaron o ejecutaron acciones represivas.

Según consignó ISNA, las investigaciones del comité buscan identificar la secuencia de hechos y verificar las distintas versiones sobre los incidentes. El informe que resulte de estos trabajos pretende servir de base para el esclarecimiento de los hechos y para el desarrollo de procedimientos judiciales, si la comisión encuentra indicios de conductas ilícitas o excesos por parte de los involucrados.

Mientras familiares de los fallecidos y colectivos civiles exigen información confiable y la apertura de investigaciones imparciales, las autoridades ratifican su hipótesis sobre la existencia de elementos externos que habrían intervenido para desestabilizar el país y provocar el mayor daño posible. La controversia en torno a los responsables, la cantidad real de víctimas y la posible interferencia extranjera mantiene el ambiente político y social de Irán bajo una fuerte vigilancia tanto local como internacional.

El medio ISNA subrayó que, al margen de la investigación oficial, la incertidumbre persiste entre los sectores afectados y la sociedad civil respecto a la voluntad del Estado iraní de avanzar hacia el esclarecimiento de los hechos ocurridos, en un contexto marcado por la desconfianza, el duelo de las familias y la demanda de justicia.