
El análisis realizado por el Ejecutivo busca cambiar el régimen fiscal actual para quienes alquilan habitaciones o viviendas por temporadas, elevando los controles y sanciones por incumplimientos, y modificando las deducciones aplicables en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Según publicó Europa Press, el Ministerio de Hacienda estudia implementar un modelo que utilizaría el IRPF para penalizar a los arrendadores que aumenten el precio del alquiler al renovar los contratos. Esta medida, que forma parte de las conversaciones con los grupos parlamentarios, solo afectaría a los incrementos producidos al termino de un contrato, no al alza anual regulada por el IPC y permitida legalmente.
El medio Europa Press recogió que las negociaciones se producen después de que las formaciones que apoyan al Gobierno manifestaran su oposición a la propuesta inicial del Ejecutivo, que pretendía bonificar el 100% del IRPF a aquellos caseros que mantuviesen el precio del alquiler durante la renovación contractual. Esto situó a los ministerios de Hacienda y de Vivienda en una nueva fase de diálogo sobre la reforma fiscal vinculada al mercado del alquiler, donde podrían ajustarse tanto los beneficios como las restricciones para los propietarios.
Actualmente, como precisaron fuentes oficiales a Europa Press, la Agencia Tributaria permite reducciones generales en el IRPF para quienes alquilan viviendas habituales bajo el marco de la Ley por el Derecho a la Vivienda. Los contratos cerrados antes del 26 de mayo de 2023 permiten a los propietarios acceder a una reducción del 60% en el impuesto, con lo cual solo se declara el 40% de los beneficios netos obtenidos por el alquiler. Para los contratos posteriores a esta fecha, la reducción estándar baja al 50%, aunque puede incrementarse al 60% si la propiedad ha sido rehabilitada hasta dos años antes del inicio del arrendamiento, y al 70% si la vivienda se integra en un programa público de alquiler a precio de mercado.
El planteamiento actual, tal como detalló Europa Press, prevé un recorte de estas reducciones fiscales para quienes incrementen la renta al renovar el alquiler; en algunos casos el beneficio tributario podría incluso eliminarse por completo. Además, en las denominadas zonas tensionadas, donde las condiciones del mercado de vivienda son especialmente complejas, la administración evalúa mantener incentivos, con reducciones del 70% para quienes alquilan a jóvenes de entre 18 y 35 años y del 90% en los arrendamientos cuya renta disminuye más de un 5% respecto a contratos anteriores.
Respecto a los contratos de temporada y de alquiler por habitaciones, las fuentes consultadas por Europa Press señalaron que el Gobierno pretende establecer criterios más estrictos para distinguir y regular el alquiler temporal. Entre las propuestas se incluye fijar condiciones de obligado cumplimiento para que un contrato pueda clasificarse como de temporada, así como instaurar un sistema sancionador por eludir la legislación estatal sobre arrendamientos breves.
En cuanto a la fórmula de alquiler por habitaciones, el Ejecutivo plantea que los nuevos contratos estén sujetos a garantías equiparables a las del arrendamiento habitual. Una de las condiciones exigidas es que la renta suma de todas las habitaciones no supere la de un contrato de alquiler de la vivienda completa. Además, en aquellas zonas declaradas tensionadas conforme a la ley de vivienda vigente, estos contratos de habitaciones se someterían a los mecanismos de control de rentas ya establecidos para todo el mercado.
La propuesta del Ministerio de Hacienda, según fuentes citadas por Europa Press, se encuentra en una fase de negociación con fuerzas políticas, buscando ajustar el marco fiscal con el fin de incidir en los comportamientos de los propietarios y adaptarlo a la situación del mercado actual. Las conversaciones abordan también la posibilidad de modificar o eliminar las rebajas o deducciones tributarias que se pierdan si se detectan subidas injustificadas de las rentas, mientras se premia con incentivos fiscales adicionales a quienes apliquen rebajas o alquilen a poblaciones consideradas prioritarias, como los jóvenes en zonas tensionadas.
Este diseño normativo apuntaría a modificar el actual sistema de bonificaciones y deducciones para orientar la política de alquiler, incluyendo la penalización mediante el IRPF para desincentivar el alza de precios al renovar contratos. Al mismo tiempo, el Gobierno busca dotar de mayores garantías a los contratos de habitaciones y endurecer la fiscalización sobre el alquiler de temporada, en un cuadro general de intervención sobre el mercado de la vivienda que, de acuerdo con la información publicada por Europa Press, está orientado a contener subidas de precio y favorecer el acceso a la vivienda en las áreas urbanas más impactadas por la presión de la demanda.