La postura de Cooperativas Agro-Alimentarias de España pone en el centro del debate la cuestión de las herramientas estructurales para regular el mercado del aceite de oliva a largo plazo, especialmente tras sumarse al proceso judicial contra la normativa de comercialización prevista para la campaña 2025/2026. El medio Boletín Oficial del Estado (BOE) especificó que la citada Orden APA/1192/2025, del 28 de octubre de 2025, define los criterios para la activación y aplicación de una intervención en el mercado dirigida a equilibrar la oferta ante potenciales excedentes.
De acuerdo con lo publicado por el BOE, la medida en cuestión, originada por el Real Decreto 84/2021, contempla establecer mecanismos de control destinados a ajustar la disponibilidad de aceite de oliva según la demanda, con la intención de mejorar la estabilidad y funcionamiento de este sector. Según Cooperativas Agro-Alimentarias, el objetivo principal de la norma es evitar distorsiones provocadas por la sobreproducción que podría darse en la campaña 2025/26, lo que permitiría la retirada de producto cuando el volumen disponible supere considerablemente el promedio de comercialización histórico. El BOE detalla que solo sería posible la retirada si las existencias iniciales más las previsiones de producción alcanzan o superan el 120% respecto al promedio de la suma de estos factores en las seis campañas previas.
El recurso judicial se originó a partir de la demanda interpuesta por la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac), la Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador de Aceites de Oliva y Aceites de Orujo (Asoliva), la Federación Española de Almazaras Industriales de Aceite de Oliva (Infaoliva) y Almazaras Federadas de España (AFE), quienes cuestionan el enfoque de la norma. Según Cooperativas Agro-Alimentarias, la acción judicial busca eliminar la posibilidad de aplicar mecanismos estructurales de regulación del mercado y pone en riesgo la existencia de una red de seguridad para los productores.
La organización agrícola sostiene que la norma contemplada no solo resguarda los intereses económicos de los olivicultores en caso de campañas con excedentes, sino que también facilita la estabilidad del mercado y puede repercutir positivamente en la clientela. Cooperativas Agro-Alimentarias argumenta que, al permitir el almacenamiento del producto en años de elevada producción, se ofrece un respaldo para mitigar posibles faltantes en ejercicios posteriores con menores rendimientos, lo que evitaría alteraciones bruscas en los precios y en el suministro para los consumidores.
El BOE recoge que, para la campaña en cuestión de 2025/2026, las condiciones del mercado actual no justifican la activación de este mecanismo, lo que significa que no se aplicará la retirada de aceite en esa temporada. No obstante, Cooperativas Agro-Alimentarias resalta la importancia de mantener la herramienta disponible para utilizarla en situaciones futuras que sí respondan a las circunstancias previstas.
En su posicionamiento, la organización apunta críticas hacia Anierac, Asoliva, Infaoliva y AFE, a quienes acusa de orientar sus acciones a la obtención de mayores márgenes comerciales. Según Cooperativas Agro-Alimentarias, este enfoque ignora la necesidad de proteger tanto la rentabilidad de quienes producen aceite de oliva como la estabilidad general del mercado y los intereses del consumidor.
El proceso judicial pone de relieve la tensión entre distintas entidades del sector oleícola respecto a cómo deben gestionarse los excedentes y la oferta. La normativa desarrollada a raíz del Real Decreto 84/2021 y sus sucesivas órdenes, según reportó el BOE, pretende dotar de herramientas que permitan intervenir ante situaciones excepcionales, con el propósito de evitar situaciones que impliquen riesgos para la sostenibilidad de la cadena productiva y comercial.
El recurso y la personación de Cooperativas Agro-Alimentarias en el procedimiento abierto por Anierac y otras organizaciones representan un paso en la disputa sobre el futuro de las políticas de regulación en el sector del aceite de oliva en España, en un contexto marcado por la necesidad de equilibrio económico y previsión ante fluctuaciones productivas significativas.
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