Dimite la mano derecha del presidente de Perú alegando "constantes cuestionamientos mediáticos" interesados

Stephany Vega renuncia como principal asesora en el Consejo de Ministros tras recibir críticas por su relación con José Jerí y su rápido ascenso, en medio del incremento de presiones políticas y la inminente moción de censura contra el mandatario

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La decisión de Stephany Vega de abandonar su cargo en el despacho de la presidencia del Consejo de Ministros de Perú se produce justo cuando el Congreso reúne el número necesario de firmas para iniciar el debate sobre una moción de censura contra el presidente José Jerí. El partido Alianza para el Progreso anunció su respaldo a la solicitud de una sesión plenaria de urgencia, sumando su apoyo al ya manifestado por José Luna Gálvez, líder de Podemos Perú. De acuerdo con el reglamento del Congreso, la petición ya supera las 78 firmas requeridas y será presentada ante el presidente de la cámara, Fernando Rospigliosi, quien contará con un margen de 15 días para someterla a votación.

Según consignó la cadena peruana RPP, la renuncia de Vega tiene lugar menos de cuatro meses después de que asumiera el puesto de principal asesora de la Alta Dirección de Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros. Vega comunicó que su salida es “voluntaria e irrevocable”, vinculando su decisión a la “intensa exposición pública y los constantes cuestionamientos mediáticos” que han rodeado su gestión y su figura en los últimos meses.

En su carta de dimisión, recogida por RPP, Vega sostuvo que la situación afectó tanto su imagen profesional como su bienestar emocional y el de su familia. Argumentó también que “detrás de muchos de estos señalamientos existen intereses y posturas que no solo discrepan, sino que contravienen abiertamente los principios, la formación y los valores con los que he conducido mi vida personal y profesional”.

La cobertura de la prensa local, según mencionó RPP, subrayó los múltiples vínculos de Vega con el mandatario peruano. El programa Panorama, de la cadena Panamericana, emitió un reportaje en noviembre de 2025 donde se detallaba que durante el periodo comprendido entre 2021 y 2025, entre su ingreso al Congreso y su nombramiento en la PCM, el salario de Vega ascendió de 1.558 a 16.000 soles peruanos (de 390 a 4.000 euros). Además, se informó sobre la adquisición de un automóvil de alta gama y un apartamento por parte de Vega durante ese periodo. El reportaje también ponía en evidencia su cercanía con Jerí, respaldada por imágenes de su presencia en una fiesta en 2021 junto al actual presidente y el ascenso de Vega en 2023 como asesora de la Comisión de Presupuesto del Congreso, comisión liderada por Jerí en ese momento.

La renuncia de Vega ocurre mientras Jerí afronta un contexto político de creciente presión. RPP informó que el presidente es objeto de una investigación por tráfico de influencias, motivada por reuniones no declaradas con empresarios chinos y la contratación de cinco presuntas allegadas. Vega, sin embargo, no figura entre esas personas.

Jerí llegó a la presidencia en octubre de 2025 tras la destitución de Dina Boluarte, quien enfrentó acusaciones de corrupción y una escalada de violencia en Perú. De aprobarse la moción de censura promovida por Alianza para el Progreso y Podemos Perú, Jerí afrontaría su octava moción de censura desde el inicio de su mandato, detalló RPP.

En el plano legislativo, el procedimiento para la moción establece que, tras haber reunido las firmas requeridas, la presentación de la solicitud ante la presidencia del Congreso dará inicio al plazo de 15 días para la convocatoria de la sesión plenaria. De ser aprobada la moción en esa sesión, Jerí podría verse obligado a abandonar la presidencia.

El caso de Stephany Vega y su renuncia se inscribe en una etapa de especial volatilidad para el gobierno peruano, marcada por el escrutinio mediático y parlamentario sobre las relaciones personales y profesionales del círculo más próximo al presidente, así como sobre los procesos de selección en altos cargos públicos, explicó RPP. En el trasfondo, subsiste el debate sobre los mecanismos de control político en el país y el impacto de las presiones mediáticas y políticas sobre la gestión pública.