La sentencia contra Moussa Mara, ex primer ministro de Malí, pone de manifiesto la continuidad de un proceso judicial que ha mantenido desde agosto de 2025, cuando fue arrestado por expresar solidaridad con personas detenidas tras criticar a la junta militar del país. El Tribunal de Apelación de Bamako resolvió este lunes que Mara cumplirá una condena de dos años de prisión, según informó el portal de noticias Maliweb. Este fallo confirma la resolución anterior y da cierre a las instancias judiciales abiertas por su equipo de abogados, quienes presentaron recursos contra la condena en primera instancia.
De acuerdo con Maliweb, la sentencia ratificada incluye no solo la prisión para Mara, quien ejerció el cargo de primer ministro entre 2014 y 2015, sino también el pago de una multa de 500.000 francos centroafricanos. Además, impone al ex mandatario el desembolso simbólico de un franco como indemnización al Estado. Mara fue arrestado el 1 de agosto de 2025 por un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, en el que manifestó su “solidaridad inamovible con los prisioneros de conciencia”, tras haber visitado a activistas y políticos detenidos por las fuerzas de seguridad. Su excarcelación está fijada para el 31 de julio de 2026.
La base de las acusaciones radica en los cargos de “socavar la reputación del Estado” y “obstrucción a la autoridad”, delitos atribuidos por las autoridades tras las manifestaciones pública de apoyo que realizó en redes sociales Mara en favor de personalidades encarceladas por expresar críticas contra el gobierno militar. Según publicó Maliweb, la ratificación de la sentencia representa la respuesta de la judicatura ante la apelación presentada, en tanto la defensa alegó la ausencia de fundamentos sólidos para la detención y condena del ex primer ministro.
Organizaciones internacionales han reaccionado ante el fallo judicial. Amnistía Internacional solicitó la liberación inmediata de Mara al entender que las acusaciones obedecen a motivaciones políticas y representan una vulneración a derechos fundamentales. En un comunicado, la organización sostuvo que los cargos eran “falsos” y constituyen “un atentado contra la justicia”. Según consignó Maliweb, Marceau Sivieude, director regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central, sostuvo: “El caso de Moussa Mara es emblemático de los constantes ataques de las autoridades a los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, así como de su persistente desprecio por el Estado de derecho y las obligaciones en materia de Derechos Humanos en virtud de la Constitución de Malí”.
El veredicto y la detención de Mara han sido interpretados por diversas organizaciones como un ejemplo de la presión ejercida desde la junta militar sobre la disidencia, sobre todo frente a manifestaciones en redes sociales o cualquier muestra de solidaridad hacia figuras críticas del ejecutivo. Según detalló Maliweb, la reacción ha movilizado a organismos que instan al respeto de las garantías procesales y los derechos civiles de los opositores y líderes políticos en Malí.
Diversos colectivos han señalado que esta sentencia forma parte de una estrategia más amplia de persecución judicial contra ciudadanos y líderes que manifiestan posturas contrarias al poder militar, sobre todo luego de que se registraran protestas y mensajes de respaldo a detenidos calificados como presos de conciencia. El proceso judicial contra Mara y su desenlace han generado preocupación respecto al ejercicio de libertades fundamentales y la vigencia del Estado de derecho en el contexto político de Malí, según ampliaron varias organizaciones citadas por Maliweb.
Desde la detención de Mara, organismos nacionales e internacionales han advertido sobre una tendencia restrictiva respecto a los derechos políticos y civiles en el país africano. Amnistía Internacional, citada por Maliweb, consideró que el caso ilustra un patrón de respuestas represivas ante la disidencia, e incide en la vigencia de las garantías constitucionales en Malí bajo el actual gobierno de facto.
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