El Tribunal de Cuentas Europeo alerta de incertidumbre y posibles desigualdades en la nueva PAC

La ausencia de un monto global de financiación definido hasta la aprobación de los planes nacionales genera preocupación entre los beneficiarios de la Política Agrícola Común (PAC), quienes, según advierte el Tribunal de Cuentas Europeo (ECA, por sus siglas en inglés), enfrentarán incertidumbre respecto a los recursos a su disposición en el futuro. Esta advertencia forma parte del dictamen emitido por los auditores del organismo, quienes analizaron la propuesta de reforma de la PAC para el periodo 2028-2034, tal como reportó el medio encargado de difundir la información.

De acuerdo con el dictamen presentado este lunes, el Tribunal de Cuentas Europeo señala que la transición hacia un fondo europeo único, que abarcaría diferentes políticas bajo un solo plan por cada Estado miembro, podría provocar retrasos en la distribución de ayudas y ocasionar diferencias en la implementación entre países. El medio citado explica que la propuesta de Bruselas implica la desaparición de un fondo agrícola específico y el abandono de la estructura tradicional de dos pilares de la PAC, sustituyéndola por este fondo común como parte del futuro presupuesto a largo plazo de la Unión Europea.

Entre las preocupaciones destacadas, los auditores observan que la indefinición normativa podría complicar la gestión de los recursos e incrementar la posibilidad de demoras en la activación de las ayudas. Según detalló el medio, el texto de la propuesta no establece de forma clara qué intervenciones quedarán asociadas a productos ni cuáles dependerán de hitos y objetivos. Esta falta de claridad puede dar paso a divergencias entre Estados y obstaculizar el seguimiento preciso del gasto.

El dictamen remarca la importancia de que la rendición de cuentas y la trazabilidad de los fondos hacia los beneficiarios finales, como los agricultores, se mantenga como una condición esencial. "La trazabilidad desde las cuentas de la UE hasta los beneficiarios finales es una condición innegociable para poder ejercer su función de control", señaló el Tribunal, según la información publicada por el medio. El organismo considera que la arquitectura jurídica, más compleja debido a la integración de la PAC en el fondo común, junto con los nuevos mecanismos de planificación y adopción, puede afectar la previsibilidad para los perceptores de ayudas y contradecir los objetivos de simplificación anunciados por la Comisión Europea.

El análisis divulgado subraya que, aunque la propuesta presentada por Bruselas conserva un conjunto común de intervenciones para todos los países miembros, el aumento de flexibilidad otorgado a los Estados para definir sus propios planes nacionales puede derivar en notables diferencias en la aplicación de las medidas. Esta situación sería un factor que alimentaría condiciones de competencia desiguales e impactos negativos para el mercado interno de la Unión, alertó el Tribunal de Cuentas Europeo.

La entidad estima que, para minimizar este riesgo, resulta fundamental que la Comisión Europea asuma de manera efectiva un rol directivo reforzado, al tiempo que se ajusten con mayor precisión los criterios y alcances de sus recomendaciones dirigidas a los Estados miembro. El objetivo, precisa el Tribunal, es asegurar que los planes nacionales mantengan coherencia con los fines comunes definidos en la PAC, tal como consignó el medio que difundió las conclusiones.

El Tribunal de Cuentas Europeo también advierte que la complejidad derivada de la centralización en un fondo único podría distorsionar la transparencia y el control sobre el destino de los fondos. Las dudas acerca del nuevo sistema de pagos, junto con la posibilidad de retrasos en el desembolso de ayudas, constituyen focos de inquietud tanto para los auditores como para los actores implicados en el sector agrícola europeo.

Finalmente, el medio que reportó el dictamen del organismo destaca que los auditores insisten en la necesidad de marco jurídico claro y procedimientos bien definidos para preservar un sistema de ayudas transparente, equitativo y alineado con los objetivos estratégicos de la Unión Europea en materia agrícola y de cohesión territorial.