
Durante sus intervenciones públicas, el presidente Gustavo Petro señaló que las represas en el norte y noroeste de Colombia, especialmente las operadas por las compañías Urrá e Hidroituango, mantenían niveles cercanos al máximo al tiempo que se reportaba escasez de gas en el país. Este señalamiento, hecho a través de sus redes sociales, puso en primer plano la gestión de las empresas hidroeléctricas frente a las intensas inundaciones que han impactado recientemente a los departamentos de Córdoba, Chocó, Sucre y Bolívar, y derivó en una solicitud formal para que se investigue el origen y la responsabilidad en estos eventos. Según detalló el medio, Petro destacó que las compuertas de las represas liberaron más de 2.500 toneladas de agua por segundo, lanzando el recurso acumulado sobre zonas pobladas y agrícolas, lo cual habría provocado daños significativos a la vida y propiedades de ciudadanos en la región.
El mandatario colombiano cuestionó el manejo de los embalses, responsabilizando a las compañías hidroeléctricas de causar un "daño exageradamente dañino" al liberar agua de forma abrupta en lugar de emplearla como sustituto energético a fuentes más costosas como el gas. De acuerdo con lo publicado, Petro expresó su descontento con lo que calificó de conducta intencionada por parte de estas empresas, a quienes acusó de priorizar sus ingresos a expensas de la seguridad y el bienestar de la población. A su juicio, la liberación súbita de grandes volúmenes de agua por parte de los generadores hidroeléctricos respondió al interés de mantener elevadas utilidades comerciales.
Petro solicitó a la asociación de generadores de energía del país pronunciarse públicamente sobre las acciones de sus asociados en torno a la gestión de las represas. Como informó el medio, el presidente señaló que este sector mostró eficiencia al lograr que la Corte Constitucional suspendiera decretos que habrían elevado sus obligaciones tributarias, pero que permanece en silencio ante las consecuencias humanas y materiales provocadas por la liberación de caudales. En su mensaje, afirmó que lo ocurrido en el Caribe colombiano constituye un "delito ambiental" y subrayó la pérdida de energía potencial para el país en cada segundo que el agua fue arrojada y desperdiciada.
Días antes, Petro había reportado la muerte de 14 personas por efecto de la ola de frío ártico y las intensas lluvias que afectan al norte colombiano, datos que respaldan la gravedad del desastre según los reportes oficiales reseñados por la fuente. En ese contexto, el presidente exigió a la Corte Constitucional revertir la suspensión del decreto de emergencia económica con el objetivo de reforzar la respuesta estatal ante el desastre y sus consecuencias en los territorios afectados.
El medio indicó también que Petro fustigó la "codicia" con la que, a su entender, se han gestionado los embalses, y criticó que tanto las termoeléctricas de gas como las hidroeléctricas guían su funcionamiento más por intereses económicos de actores con influencia política, que por criterios orientados a salvaguardar los intereses generales. Según consignó la prensa, el mandatario aceptó que la crisis hídrica y el inadecuado aprovechamiento de los recursos energéticos han profundizado la emergencia en diversos departamentos, marcados por la pérdida de bienes y vidas humanas.
Las declaraciones de Petro reflejan un llamado contundente a revisar la relación entre la industria hidroeléctrica y los recurrentes desastres naturales que impactan a las comunidades. Según la cobertura ofrecida por el medio, el presidente demanda una intervención de fondo tanto en la estrategia energética nacional como en la protección ambiental, reclamando mayor responsabilidad de los actores empresariales y una actuación más decidida por parte de las entidades judiciales y asociativas, en medio de una coyuntura caracterizada por fenómenos climáticos extremos y una gestión cuestionada de los recursos hídricos disponibles.
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