La misión de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) ha denunciado que el movimiento fundamentalista talibán no ha cedido un milímetro durante 2025 en su pretensión de restringir en lo posible la vida cotidiana de las mujeres del país, según refleja su informe sobre Derechos Humanos publicado este sábado, especialmente centrado en el último trimestre del año pasado.
El 31 de diciembre se cumplieron 115 días desde que entró la última mujer afgana a una instalación de la ONU. El personal femenino afgano de la ONU continúa trabajando desde casa y mediante modalidades de trabajo alternativas, según el informe de la UNAMA. A las mujeres y niñas se les ha prohibido acceder a la educación superior desde el 20 de diciembre de 2022 y estudiar en institutos de medicina desde el 2 de diciembre de 2024.
El veto se aplica al código de vestimenta. A principios de noviembre, en Herat, los inspectores del Ministerio para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio comenzaron a exigir a las mujeres el uso del burka en público. A las mujeres que no lo llevaban se les impedía el acceso a hospitales, centros de salud, oficinas gubernamentales y salones de bodas.
Aunque este requisito se flexibilizó posteriormente; los talibán siguen exigiendo a las mujeres que usen chador en público (una vestimenta que solo revela el rostro de la mujer) "e impiden que quienes no lo lleven utilicen el transporte público y acudan a clínicas, hospitales, oficinas gubernamentales y otros lugares públicos".
VIOLENCIA
La UNAMA ha registrado numerosos incidentes de violencia de género, incluidos matrimonios forzados, en contravención del decreto sobre los derechos de las mujeres del 3 de diciembre de 2021, que prohíbe el matrimonio forzado. Por ejemplo, en un incidente, un tribunal ordenó a la Policía el arresto de una menor a negarse a contraer matrimonio forzado y permanece detenida en una prisión provincial.
Además, la ONU denuncia que los talibán siguen ejecutando castigos corporales "por orden judicial" en público todas las semanas. Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre, la Oficina de Derechos Humanos de la UNAMA documentó castigos corporales judiciales contra al menos 287 personas, entre ellas 30 mujeres.
En una breve respuesta al informe, el portavoz del Ministerio para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, Saiful Salam Jáiber, ha declarado a la cadena TOLO su rechazo a "algunas partes" del informe, que "distan mucho de la realidad y contradice la realidad del país".
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