Los talibán rematan 2025 redoblando su persecución contra las mujeres

El 31 de diciembre se cumplieron 115 días desde que la última mujer afgana ingresó a una instalación de la ONU en Afganistán, y desde entonces el personal femenino afgano de la organización continúa desempeñando sus tareas desde sus hogares o bajo esquemas de trabajo alternativos. Esta situación refleja la creciente presión que enfrentan las mujeres en ese país, en un contexto donde la misión de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) advierte conflictos persistentes y un endurecimiento de las restricciones impuestas por el movimiento talibán. Según informó UNAMA en su más reciente informe sobre Derechos Humanos difundido este sábado, el régimen fundamentalista ha mantenido e intensificado a lo largo de 2025 sus políticas para limitar la participación de la población femenina en la vida pública y cotidiana, con nuevas prohibiciones, restricciones y episodios de violencia.

El informe de UNAMA, basado en la evaluación del último trimestre del año pasado y actualizado hasta los primeros días de 2025, pone de manifiesto que a las mujeres y niñas afganas se les mantiene vetado el acceso a la educación superior desde el 20 de diciembre de 2022, situación que se ha agravado con la reciente prohibición de que estudien en institutos de medicina, impuesta a partir del 2 de diciembre de 2024. Además, detalló la misión de la ONU, el veto se ha extendido estrictamente a los códigos de vestimenta en lugares públicos. Según consignó UNAMA, en la ciudad de Herat, a principios de noviembre, inspectores del Ministerio para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio comenzaron a requerir el uso del burka en espacios públicos, negando el acceso a quienes no cumplían con este requisito a hospitales, centros sanitarios, dependencias gubernamentales y salones de bodas. Posteriormente, la exigencia se flexibilizó parcialmente para permitir el uso del chador—prenda que solo deja visible el rostro—pero las autoridades talibanas continúan impidiendo que las mujeres que no se ajustan a esta indumentaria utilicen el transporte público o accedan a diversos servicios públicos y privados.

El informe de la ONU remarcó que las limitaciones extendidas a la vestimenta no son las únicas restricciones que afectan la vida de las mujeres en Afganistán. La UNAMA registró numerosos casos de violencia de género, incluyendo matrimonios forzados, a pesar de la existencia de un decreto, fechado el 3 de diciembre de 2021, que prohíbe expresamente el matrimonio forzado. Según publicó la misión internacional, en uno de los incidentes documentados, una menor que rehusó contraer matrimonio impuesto fue arrestada mediante orden judicial y actualmente se encuentra detenida en una cárcel provincial.

UNAMA también reportó que durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre se documentaron 287 casos de castigos corporales judiciales, de los cuales 30 involucraron a mujeres. De acuerdo con los datos publicados, estos castigos se ejecutan en público cada semana y son decretados por orden judicial bajo la legislación talibana.

El gobierno talibán expresó su desacuerdo con varias de las conclusiones del informe de UNAMA. El portavoz del Ministerio para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, Saiful Salam Jáiber, declaró a la cadena TOLO que "algunas partes" del informe "distan mucho de la realidad y contradicen la realidad del país". A pesar de estas declaraciones, la misión de la ONU resaltó la continuidad de políticas restrictivas y de episodios de violencia sistemática contra la población femenina afgana.

El medio UNAMA, en su análisis, subrayó también que las restricciones no solo restringen el acceso a la educación y los espacios públicos, sino que afectan la posibilidad de las mujeres de recibir atención médica, emplearse en el sector público o privado y participar en la vida social. La limitación de movilidad y la imposición obligatoria de ciertos códigos de vestimenta dificultan el acceso a servicios sanitarios, oficinas estatales y comercios.

De acuerdo con el documento, la situación se ha visto agravada desde finales de 2024 y no se ha registrado retroceso alguno en las normas restrictivas que regulan la vida cotidiana femenina. UNAMA advirtió que las políticas adoptadas por el régimen fundamentalista contradicen estándares internacionales de derechos humanos y tratados ratificados por Afganistán.

Según publicó la misión de Naciones Unidas, la persecución se basa en una interpretación estricta de la ley islámica según las autoridades talibanas, quienes justifican las restricciones argumentando principios de moralidad y de protección de las costumbres tradicionales. Sin embargo, el informe recoge el impacto negativo que estas políticas tienen en el bienestar físico, emocional y social de las mujeres y niñas, así como en la posibilidad de desarrollo del país.

El reporte también incluyó datos sobre el impacto de estas políticas en el personal de la ONU en Afganistán. Desde septiembre de 2024, la participación femenina en los equipos locales de la organización ha quedado limitada a esquemas de trabajo no presencial, lo que reduce su capacidad de intervención en proyectos de ayuda humanitaria y desarrollo, según reportó UNAMA.

Las políticas de restricción educativa y ausencia de derechos laborales contribuyen a profundizar la situación de vulnerabilidad de la población femenina. El documento de UNAMA recoge testimonios y casos en los que la intervención estatal interfiere directamente en la vida familiar y social de las mujeres, con sanciones que van desde la exclusión de servicios hasta castigos físicos y detenciones.

Finalmente, la presencia de castigos corporales ejecutados en público y de manera regular constituye otro aspecto significativo denunciado por la misión de la ONU, que ha documentado una frecuencia semanal de estos actos desde el otoño pasado. Mientras continúan las tensiones y la comunidad internacional observa con alarma la evolución de la situación, la ONU solicita el cese de prácticas discriminatorias y de violencia institucionalizada como base para una reconstrucción social y política más inclusiva en Afganistán.