Guterres alerta de que casi diez millones de sursudaneses necesitan ayuda vital por el conflicto

El conflicto armado y los ataques a instalaciones de ayuda han dejado once centros de salud dañados desde diciembre de 2025 en Sudán del Sur, según datos de Naciones Unidas. El representante del secretario general de la ONU, António Guterres, por medio de su portavoz Farhan Haq, denunció que estos episodios revelan una falta de respeto por las operaciones médicas y humanitarias, dentro de un contexto en el cual casi diez millones de personas enfrentan necesidades urgentes de asistencia debido a la escalada de violencia. Tal como publicó la agencia Europa Press, Guterres exigió que todas las partes involucradas cesen de inmediato las acciones militares y reduzcan tensiones recurriendo al diálogo, siguiendo el Derecho internacional y garantizando la protección de la población civil y de quienes proveen ayuda humanitaria.

Los combates y ataques, junto con el saqueo de instalaciones sanitarias y humanitarias, han complicado gravemente la distribución de ayuda y servicios esenciales en el país africano, según informó Europa Press. El recrudecimiento de la violencia en diferentes regiones desde fines de 2025 ha generado desplazamientos masivos y ha interrumpido tanto el acceso humanitario como la atención en salud, incrementando la vulnerabilidad de la población. Restricciones al movimiento y la inseguridad en las rutas principales de suministro han paralizado las operaciones, afectando especialmente a civiles y trabajadores humanitarios.

Europa Press detalló que Guterres condenó específicamente los recientes incidentes en el estado de Jonglei, donde la organización Save the Children informó sobre el saqueo y la quema de una de sus oficinas, además de la destrucción de un centro de salud. Estos hechos, reportó la ONU, elevaron a once la cifra de centros sanitarios atacados solo desde el mes de diciembre de 2025.

En relación con el origen del conflicto más reciente, el medio informó que el enfrentamiento comenzó nuevamente en febrero de 2025, cuando la milicia conocida como White Army lanzó una ofensiva contra el Ejército de Sudán del Sur en la ciudad de Nasir, situada en el estado de Alto Nilo, cerca de la frontera con Etiopía. Tras la conquista temporal de la localidad por parte de los milicianos, las autoridades sometieron a Riek Machar, antiguo líder rebelde y exvicepresidente, a arresto domiciliario, acusándolo de conspirar contra la seguridad del Estado. El grupo opositor SPLM-IO, dirigido por Machar, calificó esta medida como una violación del acuerdo de paz firmado en 2018.

Tal como consignó Europa Press, el conflicto ha derivado en una intensificación de combates en otras zonas del país y se registra en un contexto político marcado por la recepción negativa de la comunidad internacional ante la decisión del presidente Salva Kiir de modificar la Constitución del país. En septiembre de 2024, Kiir promulgó una enmienda para expandir en dos años el periodo de transición del gobierno, postergando compromisos como la celebración de elecciones y la plena implementación de lo pactado en el acuerdo de paz de 2018.

Las consecuencias humanitarias del recrudecimiento de la violencia afectan a toda la población. Según reportó Naciones Unidas a Europa Press, cerca de diez millones de habitantes requieren asistencia vital para sobrellevar la falta de acceso a recursos básicos, mientras persiste la amenaza a la seguridad tanto de civiles como de miembros de organizaciones humanitarias. Las operaciones de ayuda también enfrentan obstáculos físicos y de seguridad por las restricciones impuestas a la circulación en importantes rutas de suministros.

El llamado de António Guterres, reiterado a través de su portavoz y consignado en Europa Press, hace hincapié en la urgencia de poner fin a las hostilidades y en la responsabilidad de las partes implicadas de posibilitar y respetar las actividades médicas y humanitarias. El secretario general insistió en que “dicha labor debe facilitarse y respetarse”, reiterando que los actores involucrados deben privilegiar el diálogo para reducir las tensiones y cumplir con las obligaciones establecidas en el Derecho internacional, incluido el resguardo de los civiles y de quienes trabajan en la entrega de ayuda humanitaria.

El recrudecimiento del conflicto y el deterioro de las condiciones de vida se producen sobre el trasfondo de un proceso de transición política inacabado. Según recordó Europa Press, la prolongación del periodo de transición y el aplazamiento de las elecciones han generado presión internacional adicional sobre el gobierno sursudanés, que aún no ha satisfecho los términos centrales del acuerdo de 2018, lo que dificulta alcanzar una salida pacífica y sostenible a la crisis actual.