El Gobierno aprueba endurecer la prisión preventiva para personas consideradas "peligrosas" en manifestaciones

El nuevo paquete legal impulsado por el Ejecutivo italiano concede a la policía la facultad de detener hasta por doce horas a personas con antecedentes violentos relacionados con protestas, cuando existan motivos para creer que puedan amenazar el desarrollo pacífico de una concentración o la seguridad pública. Según detalló la agencia de noticias AdnKronos, esta medida forma parte de una serie de reformas legales orientadas a reforzar el orden público tras los recientes episodios de violencia vinculados a manifestaciones en ciudades como Turín, donde una protesta inicialmente pacífica sobre el desalojo del Centro Social Askatasuna derivó en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con AdnKronos, el Consejo de Ministros de Italia aprobó este jueves las nuevas disposiciones, que incluyen un endurecimiento de la prisión preventiva en casos donde los intoxicados hayan mostrado conductas peligrosas en el contexto de las manifestaciones. La primera ministra, Giorgia Meloni, señaló a través de redes sociales que con este paquete se introducen “herramientas específicas para prevenir la presencia y el accionar de grupos organizados dedicados a la violencia, que nada tienen que ver con el derecho a manifestarse y que utilizan las plazas públicas como pretexto para generar desorden y destrucción”.

El texto legal contempla que la detención preventiva podrá aplicarse a individuos sobre los que las autoridades tengan razonables indicios de que portan armas o instrumentos capaces de causar daño, así como a quienes lleven petardos, cascos u otros objetos que impidan su identificación. El alcance de la medida incluye también a quienes en los cinco años previos hayan acumulado antecedentes penales o hayan sido objeto de denuncias policiales en eventos públicos. Así lo consignó la agencia de noticias AdnKronos, que precisó que la detención no podrá superar las doce horas.

El gabinete liderado por Meloni decidió también intensificar las sanciones administrativas dirigidas a promotores y organizadores de protestas que se realicen sin previa notificación en espacios públicos. AdnKronos reportó que, en este campo, las nuevas normas buscan desalentar la organización de concentraciones no informadas oficialmente, incrementando las consecuencias económicas para los responsables.

En otro frente, las autoridades han dispuesto un agravamiento de las penas por posesión ilegal de armas blancas o instrumentos cortantes. Cualquier persona que porte cuchillos u objetos con hojas afiladas o puntiagudas sin una causa justificada se enfrenta ahora a condenas de entre seis meses y tres años de prisión. La normativa aprobada fija también multas considerables para quienes se dediquen a la venta ilegal de armas blancas o instrumentos cortantes a menores, tanto en establecimientos físicos como online, según puntualizó AdnKronos.

Adicionalmente, la serie de medidas aprobadas por el gobierno incluye la prohibición de entrada al territorio italiano para cualquier individuo que haya sido condenado por delitos relacionados con la alteración de armamento, fabricación de explosivos o porte de armas sin licencia. Tal como reportó el medio AdnKronos, esta disposición pretende bloquear el ingreso de personas a las que se atribuya un riesgo elevado de provocar disturbios o hechos violentos.

La aprobación de este conjunto de reformas legales responde a la reciente preocupación del Gobierno por los episodios de violencia vinculados a manifestaciones, siendo el caso de Turín el detonante inmediato de la iniciativa. En dicho evento, choques entre manifestantes y miembros de las fuerzas de seguridad provocaron daños y detenciones mientras se protestaba por el cierre de un centro social, destacando el desafío constante en la gestión del equilibrio entre el derecho a la protesta y la preservación del orden público, según los reportes de AdnKronos.

En el mensaje difundido por la primera ministra Meloni y recogido por AdnKronos, se insistió en la distinción entre quienes ejercen la protesta pacíficamente y aquellos que, bajo la cobertura de manifestaciones, buscan alterar la convivencia. La mandataria subrayó que el nuevo marco legal pretende dotar a las fuerzas policiales de recursos para intervenir con mayor eficacia ante amenazas directas a la seguridad colectiva.

El paquete legislativo aprobado este jueves refleja un consenso dentro del gabinete italiano sobre la necesidad de reaccionar ante lo que califican como un aumento de la violencia organizada en algunas manifestaciones recientes. Las nuevas herramientas legales, según describió AdnKronos, se presentan como parte de la estrategia del Ejecutivo para reforzar el control sobre las protestas, disuadir la utilización de la vía pública como escenario de incidentes violentos y fortalecer las potestades de las fuerzas de seguridad en escenarios de tensión social.