Acusado de cuatro cargos por terrorismo el sospechoso de matar a dos empleados de la Embajada de Israel en EEUU

Según consignó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Elías Rodríguez, de 31 años, después de disparar una veintena de veces contra dos empleados de la Embajada de Israel en Washington, exhibió una kufiya roja, un tradicional pañuelo palestino, y afirmó ante los presentes: "Lo hice por Palestina, lo hice por Gaza". Estos nuevos elementos se suman a la investigación sobre el ataque ocurrido en mayo del año pasado, donde murieron Yaron Lischinsky, de 30 años, y Sarah Milgrim, de 26 años.

La fiscalía del Distrito de Columbia presentó este miércoles cuatro cargos adicionales relacionados con terrorismo contra Rodríguez, quien ya enfrentaba acusaciones graves por el tiroteo en la sede diplomática israelí. Según detalló la fiscal federal Jeanine Pirro en un comunicado, los nuevos delitos imputados conllevan "una sentencia de cadena perpetua obligatoria según el código penal" de Washington DC. Pirro argumentó que Rodríguez coreó "Palestina Libre" en el momento del ataque, en el que utilizó una pistola semiautomática contra las víctimas.

El medio El País informó que el acusado elaboró y publicó un manifiesto tras los hechos. Según el subdirector de la oficina del FBI en la capital estadounidense, Darren Cox, el documento buscaba ofrecer una justificación moral a sus acciones, así como motivar a otros individuos a llevar a cabo actos de violencia política. "Sus presuntas acciones justifican los cargos adicionales de terrorismo que se anuncian hoy", expresó Cox en el comunicado citado por El País y difundido por el Departamento de Justicia.

De acuerdo con lo publicado, más allá de los cargos recién incorporados, Rodríguez ya enfrenta aproximadamente una decena de imputaciones previas. Entre ellas destacan homicidio de una autoridad extranjera, delito de odio con desenlace fatal, homicidio premeditado y asalto armado con intención de matar. La suma de este conjunto de delitos podría, en caso de ser declarado culpable, llevar a que Rodríguez enfrente la pena de muerte, según la legislación vigente.

Los hechos ocurrieron en mayo del último año, cuando Rodríguez ingresó en el área de la embajada israelí en Washington y abrió fuego contra el personal. La fiscalía detalla que durante el ataque, el acusado manifestó en voz alta su motivación política y religiosa, una circunstancia que contribuyó a la calificación de los delitos dentro del ámbito del terrorismo. Según documentos judiciales citados, la secuencia del suceso incluyó la proclama “Palestina Libre” y la exhibición del pañuelo rojo, símbolo ligado a la causa palestina.

Según el reporte del Departamento de Justicia, la consideración de terrorismo se sustenta tanto en la motivación ideológica declarada por el acusado como en sus acciones posteriores, incluyendo la redacción del manifiesto. Este documento, de acuerdo con los fiscales, no solo argumenta sus motivos sino que pretende incentivar a terceros a replicar conductas similares en el contexto de la violencia política.

El expediente fiscal reúne testigos, pruebas forenses del lugar del ataque y registros de la difusión del manifiesto en redes sociales y otros medios digitales. Según la información difundida, la acusación refuerza ahora el enfoque en la dimensión política y transnacional del crimen, en un contexto internacional que ha registrado otras acciones violentas asociadas a conflictos en el Medio Oriente.

Las autoridades de Washington han subrayado que la condena obligatoria a cadena perpetua se aplicaría de conformidad con los nuevos cargos de terrorismo presentados, además de las penas derivadas de los otros delitos imputados. Rodríguez permanece detenido mientras avanza el proceso, y su defensa aún no ha emitido declaraciones públicas sobre los nuevos cargos, reportó El País.

El comunicado del Departamento de Justicia recalca la gravedad de los hechos debido a la naturaleza del objetivo —una misión diplomática extranjera— y al uso de la violencia armada con motivación política. El caso continúa su curso jurídico, mientras la fiscal federal Pirro reafirmó que la aplicación de la ley buscará sancionar los delitos, “siguiendo rigurosamente las normas establecidas en el código penal de la ciudad”.