
La reactivación del proceso de análisis en la Eurocámara para el acuerdo arancelario entre Estados Unidos y la Unión Europea incorpora una novedad: la posible suspensión de preferencias si alguna de las partes amenaza los intereses esenciales de seguridad o la integridad territorial del bloque. Esta nueva disposición fue consensuada por una mayoría de los portavoces de los grupos políticos en la comisión de Comercio Internacional, reunidos en Bruselas el miércoles, según informó el presidente de la comisión, Bernd Lange. El acuerdo, alcanzado en julio entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Estados Unidos, quedó paralizado por tensiones relacionadas con declaraciones y amenazas del expresidente estadounidense Donald Trump sobre Groenlandia. Ahora, según publicó la fuente, la Eurocámara retoma la tramitación del texto negociado con Washington y Bruselas el verano pasado.
De acuerdo con la comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, el informe definitivo que dictaminará sobre el acuerdo comercial se presentará para votación en su sesión del martes 24 de febrero. Para su entrada en vigor, el acuerdo precisa tanto el visto bueno del Consejo como del pleno del Parlamento Europeo. El pacto negociado establece que Estados Unidos mantendrá el arancel a las importaciones desde la Unión Europea en un máximo del 15%, mientras que la UE se compromete a no responder con medidas recíprocas. Según publicó la comisión, el principal condicionante introducido en la nueva revisión exige respeto de Estados Unidos a la soberanía y la integridad territorial de la Unión y sus Estados miembro, así como el cumplimiento estricto del llamado "Acuerdo de Turnberry".
Este avance ocurre después de que las negociaciones, selladas en Escocia el último julio, enfrentaran un periodo de estancamiento debido a factores externos relacionados con la política estadounidense. La inclusión de una cláusula de suspensión explícita extiende las garantías exigidas por parte de la Eurocámara, para asegurar que eventuales amenazas de carácter político o militar —como las vertidas públicamente sobre la soberanía europea o territorios como Groenlandia— puedan activar una revisión o paralización inmediata de las condiciones arancelarias.
El grupo de Socialistas y Demócratas (S&D) se ha manifestado en un comunicado citado por la fuente, advirtiendo que la reanudación del proceso “no es un cheque en blanco”, remarcando que no respaldarán ningún acuerdo con Estados Unidos “mientras el presidente Trump siga socavando la soberanía de Europa”. Para este grupo parlamentario, las propuestas deben proteger la estabilidad e integridad europeas, no solo considerar los aspectos económicos del pacto.
Desde otro sector del Parlamento, el Partido Popular Europeo (PPE) valoró la decisión de avanzar en las negociaciones como una medida que permite restaurar la confianza empresarial, disminuir costes innecesarios para el comercio transatlántico y proteger los intereses industriales y agrícolas de Europa. Según el comunicado, “bloquear o reabrir elementos que escapan a la competencia del Parlamento solo aumentaría la inestabilidad y socavaría la credibilidad de Europa”.
El mecanismo de suspensión por amenazas, una de las novedades centrales introducidas en esta etapa del proceso legislativo, implicará una doble función: proteger a los Estados miembro ante eventuales acciones o declaraciones externas —sean de carácter comercial o político— y garantizar que cualquier futuro desequilibrio en la relación comercial pueda recibir una respuesta inmediata y regulada desde las instituciones europeas. Esta salvaguardia se suma al compromiso ya existente, que obliga a Estados Unidos a limitar el impuesto de entrada a productos europeos a un porcentaje concreto, evitando así una guerra comercial abierta.
El avance en la comisión de Comercio Internacional, consignado por el medio, responde tanto a factores internos de la propia Eurocámara como a la presión ejercida por acontecimientos políticos recientes entre Washington y Bruselas. Las negociaciones originales, selladas en julio pasado durante un encuentro en Escocia, buscaban reducir los costes comerciales entre ambas potencias y ofrecer garantías de estabilidad a los sectores productivos. Sin embargo, la incertidumbre generada por las expresiones del expresidente Trump llevó a los eurodiputados a demandar mayores garantías legales antes de ratificar un tratado de estas características.
La próxima sesión del 24 de febrero será clave para decidir el futuro inmediato del acuerdo en la comisión de Comercio Internacional. Si el informe recibe el apoyo suficiente, pasará a consideración plenaria en la Eurocámara y posteriormente al Consejo de la Unión Europea. El acuerdo solo entrará en vigor si ambas instituciones confirman su respaldo formal.
De acuerdo con los portavoces citados por la fuente, la renovación del mandato de la comisión se fundamenta en la necesidad de mantener la coherencia entre los compromisos comerciales internacionales de la UE y las prioridades estratégicas para la seguridad e integridad territorial europeas. Esta posición ha cobrado mayor relevancia debido a los temores sobre futuras injerencias exteriores y las fluctuaciones en el entorno político global.
El proceso de revisión y las garantías incorporadas al texto son resultado del consenso entre la mayoría de los grupos representados en la comisión y se inscriben dentro de un contexto donde el comercio y la política exterior se encuentran fuertemente entrelazados. Los eurodiputados insisten, según la información aportada, en disponer de herramientas efectivas para afrontar cualquier escenario adverso que pueda surgir desde la esfera internacional, ya sea de Estados Unidos o de cualquier otro actor externo.
Por el momento, todas las miradas se dirigen al desarrollo de los trabajos en la comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo y la postura final que adopten los distintos grupos una vez concluya el análisis del nuevo texto.
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