Prohens reitera su rechazo al acuerdo comercial entre la UE y Mercosur: "No lo podemos aceptar"

La preocupación por la protección de los productores agrícolas de Baleares y la defensa de condiciones equitativas en los acuerdos comerciales marcaron la intervención de la presidenta del Govern, Marga Prohens, durante el pleno parlamentario. Según consignó el medio, Prohens insistió en que resultaba imprescindible que cualquier tratado como el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur garantice los mismos estándares estrictos para todos los actores involucrados, reflejando los requisitos que la UE impone a los agricultores locales. En respuesta a las demandas del sector primario, la presidenta reafirmó el respaldo de su gobierno a los trabajadores del campo que recientemente realizaron protestas en el archipiélago.

De acuerdo con la información publicada, la comparecencia de Prohens se produjo a raíz de una pregunta formulada por la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, quien cuestionó la coherencia de las políticas del Partido Popular respecto al sector agrícola. En su intervención, la presidenta enfatizó que el Govern no podía aceptar el acuerdo con Mercosur "en los términos que está planteado", resaltando que "rechazamos cualquier propuesta que no incluya cláusulas espejo o de salvaguarda del bienestar animal, el uso de medicamentos o reciprocidad en los estándares de producción". Para Prohens, el punto central radica en asegurar que los productos importados desde los países de Mercosur cumplan al menos con las normas europeas, ya que, como subrayó, los requisitos exigidos en la UE ―y en particular a los productores de Baleares― son "muy elevados".

En el mismo contexto, la presidenta recordó el esfuerzo emprendido por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural para procurar que la reforma de la Política Agraria Común (PAC) no suponga una reducción en los fondos destinados al sector agrario balear. Tal como publicó el medio, Prohens defendió la necesidad de mantener los apoyos públicos que permitan sostener la producción local frente a los desafíos de la competencia internacional y las posibles desventajas derivadas de tratados comerciales sin garantías de reciprocidad efectiva.

Durante el debate parlamentario, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, acusó al Partido Popular de contribuir al deterioro del sector agrícola y pecuario. Según su declaración, recogida por el medio, Cañadas denunció que "en Baleares se envuelvan en la bandera del campo y en Bruselas voten a favor de su ruina". Entre sus argumentos, la líder de Vox apuntó que el PP había pasado de defender el interés del campo a adoptar un papel contrario, al gestionar su "desmantelamiento" y, en su opinión, mostrarse sumiso ante la Agenda 2030. Cañadas reclamó, además, la "total derogación del Pacto Verde, el rechazo total de Mercosur y el control del 100% de las importaciones", y llamó al Govern a "dejar de hacerse fotos con las víctimas de sus propias políticas y romper con su colación de interés en Europa".

El medio destacó que el rechazo del ejecutivo balear al acuerdo UE-Mercosur se fundamenta principalmente en la ausencia de mecanismos legales que obliguen a los países exportadores a cumplir estándares comparables a los que exige la Unión Europea. Esto incluye medidas sobre el bienestar animal, la regulación en el uso de medicamentos veterinarios y fitosanitarios, y el cumplimiento de exigencias medioambientales. Prohens advirtió sobre el riesgo de acentuar la desigualdad competitiva si no se integran en el tratado cláusulas que exijan el respeto de los mismos parámetros legales y productivos a todas las partes.

El debate en torno a la reforma de la PAC también centró parte de la discusión parlamentaria, con especial atención a la preocupación de que la nueva regulación pueda traducirse en retrocesos para la agricultura balear. Tal como detalla la publicación, el Govern reiteró sus gestiones para blindar la financiación sectorial y hacer compatible la sostenibilidad ambiental impulsada desde la UE con la viabilidad económica del campo local. La interlocución con el Gobierno central y las instituciones comunitarias se plantea, según Prohens, como una vía para preservar la continuidad y el desarrollo del sector agrícola en las islas.

La controversia sobre el tratado UE-Mercosur no se limita a sus repercusiones comerciales inmediatas, sino que abarca el debate sobre la aplicación de normativas comunitarias, la reciprocidad en los estándares y la protección de los intereses de los productores locales dentro de un marco globalizado. La postura defendida por el Govern, según lo difundido por el medio, pone en primer plano la necesidad de garantizar un equilibrio que permita la competencia en igualdad de condiciones y evite prácticas que puedan perjudicar a quienes cumplen con las normativas más exigentes.

El sector agrícola balear, por su parte, viene manifestando inquietud ante la posibilidad de enfrentar una competencia desleal si los acuerdos comerciales permiten la entrada de productos generados bajo marcos regulatorios menos estrictos. La movilización reciente de los trabajadores del campo en las islas ha situado el asunto como un tema prioritario en la agenda política autonómica y nacional, reforzando el llamado a las autoridades para que actúen en defensa de los intereses locales ante los organismos europeos y en el marco de las negociaciones internacionales.