El Rey pide a los nuevos jueces que se rijan por "parámetros éticos" y rectitud

Según datos de la Escuela Judicial, la mayoría de los nuevos jueces que se incorporan a la Carrera Judicial en España no cuentan con antecedentes familiares en el campo jurídico y provienen, en muchos casos, de hogares donde ninguno de sus progenitores ha accedido a estudios superiores. De acuerdo con lo publicado por la plataforma informativa, este perfil reafirma una tendencia observada desde 1997 y que se acentúa en la 74ª promoción, compuesta principalmente por mujeres jóvenes que han invertido más de cinco años en la preparación de la oposición. En ese contexto, el acto de entrega de despachos, celebrado el martes en Barcelona, sirvió de marco para que el Rey Felipe VI dirigiera un mensaje enfocado en la importancia de la integridad ética y la rectitud en el ejercicio judicial, remarcando que de esa conducta depende el respeto institucional y el adecuado funcionamiento tanto del poder judicial como del sistema democrático español.

Tal como reportó el medio, durante la ceremonia a la que asistieron el ministro de Justicia, Félix Bolaños, autoridades locales y máximos representantes del sector judicial y gubernamental, el monarca enfatizó la necesidad de que los nuevos magistrados sean ejemplo permanente de rectitud y se rijan por los estándares éticos más estrictos. Felipe VI remarcó que la legitimidad del Poder Judicial, así como la confianza ciudadana y la estabilidad del conjunto institucional, se sustentan en esos valores. El monarca articuló sus recomendaciones en el contexto del ingreso de 121 jueces, de los cuales 85, que representan el 70,25% de la promoción, son mujeres. Los 36 hombres conforman el resto de este grupo que inicia su carrera con una media de 29 años de edad.

El medio destacó que, según la encuesta interna de la Escuela Judicial, la trayectoria habitual para llegar a la judicatura implica dedicar aproximadamente cinco años y cuatro meses a preparar la oposición. Este periodo, junto con la ausencia de antecedentes familiares en el ámbito jurídico, caracteriza a la promoción. En concreto, un 78,45% de los nuevos jueces no cuentan con juristas entre su entorno cercano, y un 38,79% proceden de familias en las que ni el padre ni la madre poseen estudios universitarios. Estos datos ilustran la composición sociológica de la nueva generación de jueces, que contrasta con percepciones de tradición hereditaria en la magistratura.

En cuanto a la distribución territorial, la mayoría de los nuevos jueces proceden de Andalucía, con 29 integrantes. Cataluña y Madrid aportan 17 cada una; Castilla y León, 14; la Comunitat Valenciana, 11; y Galicia, siete. De acuerdo con la información difundida, este panorama territorial refleja la diversidad de origen de la cantera judicial española y subraya la amplia representatividad regional en la composición de la judicatura.

El acto, en el que participaron figuras como la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló; la fiscal general del Estado, Teresa Peramato; representantes del Gobierno central y catalán, así como el director de la Escuela Judicial, Francisco Segura, evidenció el respaldo institucional que rodea el ingreso de una nueva generación al sistema judicial. Según consignó el medio, el discurso del Rey se enmarcó en un contexto de atención a la importancia de la ética y la ejemplaridad pública ante los retos de la confianza ciudadana en las instituciones.

El medio señaló también que la feminización de la judicatura se mantiene como un fenómeno estable desde finales de la década de los noventa, y que la representación femenina es nuevamente mayoritaria en la promoción de este año. La edad media de acceso a la judicatura se sostiene en los 29 años, cifra que pone de manifiesto la juventud del colectivo ingresante.

Finalmente, la información recabada remarca que el evento institucional no solo simboliza la culminación de un proceso de formación y selección exigente, sino que también refuerza el compromiso de la nueva promoción con los valores y principios que rigen el Estado de derecho en España.