Israel derriba la casa en Cisjordania de un palestino responsable de un ataque en un asentamiento en 2025

La vivienda de Malik Salem, quien fue identificado como uno de los implicados en un ataque contra un complejo residencial israelí y cuyo domicilio había sido demolido en diciembre en Bazariya, se sumó este lunes a la lista de residencias destruidas por el ejército israelí en respuesta a hechos violentos en la región. La demolición más reciente fue ejecutada en Halhul, localidad cisjordana donde las fuerzas de Israel derribaron la casa de Mahmud Abed, señalado como autor principal en el atentado que ocurrió en julio de 2025 en las inmediaciones de un asentamiento israelí. Este suceso derivó en la muerte de Shalev Zvuluny, de 22 años, y de los dos atacantes, quienes fueron abatidos por militares y civiles armados en el lugar. Tal como informó el medio Europa Press, estas demoliciones forman parte de una política sostenida por Israel contra familias de palestinos acusados o condenados por estos actos.

Europa Press detalló que el incidente que originó estas medidas punitivas tuvo lugar frente a un supermercado dentro del complejo de asentamientos de Gush Etzion, al sur de Jerusalén. Según esa agencia, las fuerzas israelíes actuaron con rapidez tras el ataque, respondiendo al fuego y abatiendo a los presuntos responsables palestinos. Posteriormente, las autoridades dispusieron la demolición de sus viviendas, cumpliendo con una práctica habitual del gobierno israelí ante este tipo de hechos.

De acuerdo con Europa Press, la política israelí de destrucción de domicilios pretende actuar como elemento disuasivo para futuros ataques. Aunque opera bajo el marco legal del Estado de Israel, este mecanismo ha generado reiterados cuestionamientos en la esfera internacional. Las críticas radican en que dichas medidas afectan a familiares de los acusados, que en ocasiones no han estado implicados en los incidentes, y se las considera una forma de represalia que transgrede derechos humanitarios básicos.

Europa Press consignó que autoridades palestinas han definido estas demoliciones como una forma de castigo colectivo, prohibido según diversos tratados internacionales. La Autoridad Palestina y distintas organizaciones de derechos humanos han reclamado de forma insistente el cese de estas operaciones, argumentando que incrementan las tensiones y profundizan el conflicto.

El medio también informó que el caso más reciente se inscribe en un contexto de creciente violencia en Cisjordania, donde la administración militar israelí sostiene desde hace años la demolición de viviendas como respuesta a ataques contra civiles y fuerzas de seguridad. Las fuerzas israelíes habitualmente informan sobre estos operativos mediante comunicados en los que explican el proceder y señalan los nombres de los acusados y las localidades afectadas.

Las tensiones en la región se han intensificado, con múltiples incidentes violentos entre israelíes y palestinos tanto en Cisjordania como en los alrededores de Jerusalén. Las autoridades israelíes justifican estas políticas como un método para mantener la seguridad en los asentamientos y disuadir futuros ataques. Por su parte, representantes palestinos y organizaciones internacionales subrayan los efectos negativos sobre familias inocentes y advierten sobre las consecuencias de alimentar el ciclo de violencia y retaliación en la zona.

Los hechos registrados en Halhul y Bazariya, reportados por Europa Press, se encuadran en una serie de demolición de viviendas ejecutada principalmente en comunidades palestinas de Cisjordania. Las autoridades israelíes afirman que cada medida se lleva a cabo tras procesos judiciales en tribunales del país, donde se determina la responsabilidad de los involucrados en hechos violentos. Sin embargo, la recurrencia de este tipo de intervenciones sostiene el debate sobre su eficacia real y sus implicaciones en los derechos de la población palestina.

Familiares de Mahmud Abed y Malik Salem perdieron sus residencias en un lapso de pocos meses, luego de la muerte de ambos en el incidente de Gush Etzion. Fuentes de la comunidad han señalado a Europa Press que la destrucción de las viviendas implica pérdidas materiales y psicológicas, al desalojar a los allegados de sus hogares y dejar sin resguardo económico a decenas de personas asociadas a los acusados.

La política de demolición de viviendas permanece como uno de los elementos más controvertidos en la gestión israelí de la seguridad en los territorios ocupados. Pese a sus denuncias, la Autoridad Palestina carece hasta ahora de herramientas efectivas para frenar esta práctica en el plano diplomático, reportó Europa Press. Mientras tanto, las comunidades palestinas afectadas continúan exigiendo protección legal y humanitaria para evitar nuevos desalojos forzados derivados de hechos violentos en la zona.