El papel de intermediación entre traficantes y la operación de almacenamiento de drogas fueron parte de las actividades detectadas en la estructura de un grupo criminal cuyo proceso judicial inicia este lunes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma. Según detalló la Fiscalía y como informó la agencia Europa Press, diez personas están acusadas de organizar el envío de cocaína y marihuana desde Perú a Mallorca a través de un método de ocultación que empleaba sillas de ruedas adaptadas para esconder los estupefacientes.
De acuerdo con el escrito presentado por el Ministerio Público, la investigación identifica el periodo comprendido entre abril de 2023 y julio de 2024 como el lapso en el que la presunta banda dedicó sus esfuerzos al tráfico de drogas sintéticas y marihuana, utilizando como principales rutas de introducción países latinoamericanos, con énfasis en Perú. Para el trasiego de la droga, el grupo utilizaba a personas que actuaban como "mulas", quienes viajaban desde Sudamérica hacia Mallorca transportando la mercancía oculta en la estructura de sillas de ruedas, lo que dificultaba el control aduanero y la detección por parte de las autoridades.
El procedimiento descrito por la Fiscalía indica que, tras llegar las cargas a la isla, la banda ejecutaba una labor de distribución y venta local. Cada uno de los imputados desarrollaba funciones específicas: algunos ejercían de intermediarios en el mercado local de narcóticos, otros se responsabilizaban del traslado y acopio de las sustancias dentro de la red, y uno de los acusados era señalado como el representante de la organización en Mallorca. También formaban parte del entramado individuos cuya tarea consistía en el cultivo de marihuana en una finca ubicada en Marratxí, mientras que otros se encargaban de asegurar el suministro de cocaína en los casos en que el tráfico desde América Latina se complicaba o quedaba interrumpido, según reportó Europa Press.
La investigación que permitió el desmantelamiento de la estructura incluyó registros policiales en los que se incautaron distintos lotes de droga. El valor de la mercancía intervenida por la Policía Nacional, según consta en el expediente judicial revisado por Europa Press, superó los 344.000 euros, cifra que da cuenta de la escala de la operación y del impacto económico buscado por el grupo.
Las autoridades identificaron que la organización contaba con un líder reconocido, cuya localización permanece desconocida, ya que se encuentra fugado y fuera del alcance de los cuerpos policiales y judiciales en el momento de la apertura del juicio. Esta persona, según explicó la Fiscalía, actuaba como jefe de la banda y coordinaba las distintas etapas y funciones del negocio ilícito.
De acuerdo con la acusación pública, todos los procesados enfrentan cargos por delitos contra la salud pública y por pertenencia a organización criminal. Por el primero de estos delitos, la Fiscalía solicita para cada uno de ellos una pena de ocho años de prisión además del pago de una multa que asciende a 1,3 millones de euros. Por el delito de integración en organización criminal, pide que se dicte una condena adicional de dos años de cárcel, como consignó Europa Press en su cobertura del caso.
Entre los aspectos resaltados en el sumario distribuido por Europa Press, queda reflejado cómo la estructura de la banda permitía alternar el tráfico internacional con la producción local de droga, particularmente marihuana, lo que facilitaba mantener el abastecimiento en el mercado balear pese a las dificultades logísticas o los controles en los vuelos desde Latinoamérica. La utilización de métodos sofisticados de ocultación, como el empleo de sillas de ruedas adaptadas, formaba parte de las estrategias ideadas por el grupo para evadir la detección y asegurar la llegada de los cargamentos.
La apertura del juicio en Palma contra los diez acusados marca una nueva fase en el proceso judicial que busca esclarecer la responsabilidad individual y colectiva de los involucrados en una operación internacional de tráfico de drogas con ramificaciones en varios países de América Latina y focos de distribución en territorio español. El expediente judicial incluye elementos periciales, testimonios y evidencias incautadas durante los registros policiales que serán evaluadas en el desarrollo de las vistas orales, según el reporte de Europa Press.
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