La jueza federal Katherine Menéndez rechazó la solicitud presentada por el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, para detener la operación Metro Surge, impulsada por el gobierno de Estados Unidos y ejecutada con miles de agentes federales de inmigración. Según publicó el medio, Menéndez expuso que los demandantes intentaban expandir la jurisprudencia existente hacia un contexto nuevo, marcado por el despliegue de agentes federales armados en operativos de control migratorio, alegando la protección de la Décima Enmienda de la Constitución, que resguarda la autonomía estatal frente a la intervención federal. Esta operación ya ha provocado la muerte por disparos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) de dos personas, según consignó la fuente.
La operación Metro Surge fue desplegada bajo la directriz del presidente estadounidense Donald Trump, quien ordenó que cerca de 3.000 agentes del ICE y de Aduanas actuaran en territorio de Minnesota para localizar y deportar a inmigrantes en situación irregular, informó el medio. Minneapolis y Saint Paul, que se habían adherido al recurso legal del fiscal Ellison incluso antes de los incidentes mortales, así como distintas autoridades estatales, argumentaron que la presencia federal exigía la redistribución de recursos policiales locales y ejercía presiones para revertir políticas que sostienen su estatus de “ciudades santuario”. Según reportó el medio, Menéndez sostuvo en su decisión escrita de 30 páginas que los antecedentes citados por los demandantes “no son, ni remotamente, comparables” al caso en cuestión, desestimando con ello la petición de suspensión del operativo.
La jueza, nombrada durante la administración de Joe Biden, planteó que si bien existían acusaciones referentes a motivaciones raciales y al uso excesivo de la fuerza en las acciones de los agentes federales, los elementos presentados no permitían, por el momento, autorizar una paralización provisional del despliegue, de acuerdo con el contenido revisado por el medio. La argumentación del recurso presentado por Ellison y los ayuntamientos hacía especial énfasis en los efectos que estos operativos federales tienen sobre la estructura y las políticas locales, influyendo en la convivencia y el ejercicio de la autoridad policial en los municipios afectados.
La decisión fue celebrada por la administración federal. Según detalló el mismo medio, la fiscal general federal, Pam Bondi, calificó el fallo como “otra gran victoria legal del Departamento de Justicia: una jueza de distrito nombrada por Biden ha rechazado el intento del fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, de sacar al ICE de Minnesota”. Bondi agregó que ni las políticas de santuario ni los litigios considerados infundados podrían detener la ejecución de las leyes federales de inmigración en ese estado bajo el gobierno de Trump.
En declaraciones difundidas por la fuente, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, manifestó que la resolución representa “una victoria para la seguridad pública y para la ley y el orden”. La postura de la administración contrasta con la expresada por el alcalde de Minneapolis. Según se especificó en el texto original, Jacob Frey comunicó su “decepción” por el veredicto judicial, indicando que “esta decisión no cambia lo que la gente ha pasado aquí con miedo, afectaciones y daño causado por la operación federal”. Frey anunció que la ciudad persistirá en la defensa de la demanda que busca responsabilizar legalmente al gobierno de Trump por sus acciones en Minnesota.
La iniciativa Metro Surge constituyó un despliegue de alcance sin precedentes en el estado, señaló el medio, y su implementación reabrió el debate sobre los límites de la intervención federal en jurisdicciones que se han declarado santuarios, además de volver a poner en el centro las tensiones entre los gobiernos estatal y federal. En este contexto, los argumentos sobre el desvío de recursos locales, la presión sobre los marcos legales municipales y las consecuencias en la seguridad y el bienestar de las comunidades inmigrantes han centrado la discusión, sin que la resolución judicial hasta el momento haya dado lugar a cambios en la operatividad de los agentes federales en Minnesota.
La actuación de ICE durante la operación ha sido objeto de numerosas críticas por presunto uso desproporcionado de la fuerza y motivaciones raciales, como se reconoce en el documento judicial publicado por el medio. A pesar de ello, la jueza Menéndez concluyó que los argumentos presentados hasta ahora no justifican la suspensión preventiva del operativo y consideró que la jurisprudencia evocada por los demandantes no se correspondía con los hechos actuales que rodean Metro Surge en Minnesota.
El fallo forma parte de una serie de disputas entre administraciones locales, estatales y federales en cuestiones de política migratoria, especialmente en aquellos lugares que rechazan colaborar con la deportación de extranjeros conforme a los lineamientos federales, detalló el medio. Tras el dictamen, la continuidad de la operación queda asegurada, mientras las ciudades afectadas y el estado analizan próximos pasos legales y políticos en el marco del actual enfrentamiento institucional sobre la política migratoria y las competencias de los distintos niveles de gobierno.
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