La Corte Constitucional de Colombia suspende la emergencia económica decretada por Petro

El presidente Gustavo Petro se pronunció en redes sociales tras la decisión del alto tribunal, argumentando que la suspensión del decreto significa una interrupción del orden constitucional y favorece a "los sectores más ricos de Colombia en contra de la construcción de un Estado social de derecho que la misma Constitución ordena". Petro afirmó que "estamos ante una ruptura real del orden constitucional, solo porque existe un gobierno que es amigo del pueblo trabajador". Además, el mandatario indicó que "cualquier costo de la deuda no será pagada por el pueblo trabajador", haciendo referencia a las medidas económicas que su gobierno había implementado. La noticia central es que la Corte Constitucional de Colombia suspendió temporalmente la emergencia económica y social declarada por el Ejecutivo.

De acuerdo con la información proporcionada por la Corte Constitucional, el decreto de emergencia económica y social, vigente desde el 23 de diciembre en todo el territorio nacional, quedó suspendido de forma provisional "mientras se profiere una decisión de fondo". El anuncio lo compartió el organismo a última hora del jueves mediante un comunicado. Esta disposición, activada por el Gobierno de Gustavo Petro tras el rechazo del Congreso a la reforma tributaria a principios de diciembre, buscaba introducir nuevos instrumentos fiscales de manera excepcional.

La medida original del Ejecutivo fue una reacción inmediata a la caída de la propuesta de reforma tributaria, la cual había sido rechazada por el Legislativo y tenía como objetivo recaudar 16.300 millones de pesos, equivalentes aproximadamente a 3.700 millones de euros, según detalló la prensa local. El Gobierno consideró indispensable estos recursos para completar el presupuesto del año 2026, lo que llevó a la promulgación del Decreto 1390.

El Decreto 1390 otorgaba al Gobierno colombiano la facultad de emitir decretos con fuerza de ley durante un periodo de 30 días. Entre las potestades conferidas por este decreto se encontraba la posibilidad de crear nuevos impuestos, de acuerdo con lo que las circunstancias económicas demandasen en el momento, reportó el medio de referencia. Estas acciones buscaban garantizar la estabilidad de las finanzas públicas tras la negativa del Congreso ante la propuesta original del Ejecutivo.

Tal como consignó el comunicado de la Corte Constitucional, la suspensión es temporal y se mantendrá "mientras se profiere una decisión de fondo", lo que implica que el proceso judicial continuará hasta que el alto tribunal emita un fallo definitivo respecto a la legalidad del decreto. Esta determinación deja, por el momento, sin efecto la capacidad extraordinaria del Gobierno de Petro para implementar cambios fiscales por decreto y limita las herramientas que podían utilizarse para responder a las presiones presupuestarias.

En respuesta directa al fallo judicial, el presidente enfatizó desde su cuenta en la red social X (antes Twitter) que la determinación significa un juicio previo sobre las intenciones del Gobierno y del propio decreto. Petro manifestó que la Corte tomó esta posición "porque es un decreto de mi gobierno y porque suspende rápidamente los impuestos a los sectores más ricos de Colombia". Sus palabras reflejaron la tensión existente entre el Ejecutivo y el poder judicial en torno al manejo de las reformas económicas.

La suspensión del decreto también ha provocado un debate sobre la capacidad del Ejecutivo para responder a emergencias financieras cuando el Congreso no respalda sus propuestas, según han reflejado medios nacionales e internacionales. Al quedar en pausa las facultades extraordinarias conferidas por el estado de emergencia, el Gobierno enfrenta limitaciones adicionales para manejar el déficit previsto en el presupuesto estatal.

Durante los 30 días que estipulaba el decreto, el Ejecutivo contemplaba la posibilidad de emitir regulaciones y crear grabámenes que, desde la óptica gubernamental, representaban una vía para evitar que el peso de la deuda pública recayera sobre las clases trabajadoras. Esta intención quedó expresada en reiteradas declaraciones del presidente Petro desde la adopción de la emergencia y en sus recientes críticas tras el pronunciamiento de la Corte, según informó el medio citado.

La reforma tributaria rechazada por el Congreso fue uno de los principales proyectos de la administración de Gustavo Petro para fortalecer la recaudación y garantizar los compromisos presupuestarios en los próximos años. Según lo publicado por los principales medios del país, la negativa parlamentaria dejó al Ejecutivo sin una de sus herramientas clave para la financiación estatal, lo que impulsó la declaración de emergencia económica como medida excepcional.

La decisión de la Corte Constitucional ha generado expectativa en torno a la resolución definitiva que adoptará el tribunal sobre la validez y el alcance del decreto presidencial. Mientras tanto, el Gobierno se encuentra impedido temporalmente de dictar nuevas normas o impuestos derivados de la emergencia. El proceso continúa bajo revisión del máximo órgano constitucional, cuyos argumentos y determinaciones resultarán determinantes para el futuro de las facultades extraordinarias del Ejecutivo en situaciones de bloqueo legislativo, según reportó la prensa colombiana.