El recorrido incluyó una parada frente a la sede de la Diputación de Burgos donde los participantes repartieron patatas, manifestando así su protesta de forma simbólica y directa. Según informó el medio citado, alrededor de 1.500 agricultores y ganaderos acompañados por más de 600 tractores se movilizaron el jueves por las calles principales de la ciudad, demandando medidas urgentes que protejan al sector agrario frente a las actuales problemáticas. La manifestación buscó rechazar el acuerdo comercial Mercosur y expresar su oposición a los recientes recortes en la Política Agraria Común (PAC), temas que consideran prioritarios para la supervivencia de su actividad.
De acuerdo con la información publicada, los manifestantes entregaron un manifiesto tanto en la sede local del PSOE, partido que ostenta el Gobierno central, como en la del Partido Popular (PP) para presentar de primera mano a los representantes políticos la situación crítica del sector primario. La presidenta de la Unión de Campesinos de Castilla y León en Burgos (UCCL), Susana Pardo, enfatizó que las demandas se centran en la defensa de los alimentos producidos por agricultores y ganaderos en el marco de la normativa europea vigente. Pardo subrayó que resulta inaceptable la importación de productos agrícolas que no cumplen con los estándares exigidos por la legislación de la Unión Europea, lo que colocaría al sector español en desventaja frente a competidores internacionales.
El representante de Coag Burgos, Diego Saldaña, expuso que la movilización nace de la necesidad de incrementar los controles tanto sanitarios como de calidad sobre los productos importados. Saldaña insistió en que esta medida radica en el deseo de proteger la producción local de carnes y vegetales ante riesgos que, según sus reivindicaciones, se ven agravados por la entrada de mercancías externas sin garantías equivalentes a las nacionales.
Por su parte, Gabriel Delgado, secretario local de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), cuestionó la postura adoptada por los partidos políticos en relación con el sector agrario, exhortando a que se tome mayor conciencia del impacto de los recortes y reformas en la PAC sobre las explotaciones familiares y la sostenibilidad del entorno rural. Delgado reiteró la exigencia de defender los derechos del campo y de articular políticas que aseguren la continuidad de la actividad productiva frente a las medidas constantemente cambiantes procedentes de Bruselas y Madrid.
El presidente electo de Asaja Burgos, David Martínez, remarcó entre las problemáticas señaladas el efecto que produce la fauna silvestre sobre la producción ganadera. Martínez alertó sobre los daños ocasionados por el lobo, responsable de atacar vacas, ovejas y cabras, y no corzos ni jabalíes, como suele creerse. Además, detalló que estos ataques suponen un riesgo sanitario por la posible transmisión de la peste porcina, una enfermedad que, de llegar a las cabañas de cerdos, impactaría de forma directa en la economía rural y en la cadena de abastecimiento alimentario local y nacional.
Según la organización, la movilización convocó a cerca de 1.500 personas procedentes del entorno rural que, junto con más de seis centenares de tractores, coparon las vías principales de Burgos, reflejando el alcance y la preocupación del sector. Las protestas buscan visibilizar la presión que sienten los productores ante las amenazas externas, los ajustes en las ayudas económicas de la PAC y la falta de medidas para gestionar los ataques de animales salvajes a las explotaciones.
El medio reportó que la manifestación, al confluir frente a las sedes políticas y administrativas, buscó no solo visibilidad sino también impacto directo ante los responsables de la toma de decisiones. Los organizadores recordaron su rechazo a los tratados de libre comercio que, en su opinión, debilitan el tejido productivo interno, enfatizando la necesidad de políticas de control más estrictas.
La jornada de protesta en Burgos constituye una muestra del movimiento agrario que recorre diversas regiones de España, protagonizado por colectivos que reclaman protección ante la incertidumbre generada por factores comerciales, recortes en subvenciones europeas y desafíos sanitarios derivados de la interacción con la fauna salvaje.
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