Ingenieros agrónomos de Canarias piden reforzar controles en frontera para garantizar la calidad del acuerdo UE-Mercosur

El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias se pronunció sobre la necesidad de que los productos importados desde Mercosur cumplan con los mismos estándares de calidad y seguridad alimentaria que exigen las regulaciones europeas, evitando así situaciones que puedan perjudicar la competitividad del sector agrícola regional y la confianza de los consumidores. Según informó el Colegio, esta petición cobra relevancia al repasar las cláusulas contempladas en el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, especialmente aquellas que asignan la responsabilidad del control y la supervisión de la mercancía exportada a los países de origen, como recoge el capítulo 14 del tratado.

De acuerdo con la información difundida por el Colegio, los ingenieros agrónomos reclamaron que los controles fronterizos sobre importaciones procedentes de Mercosur se refuercen para que se verifique el cumplimiento estricto de las disposiciones sanitarias y fitosanitarias establecidas por la Unión Europea. El medio citado detalló que la garantía de la seguridad alimentaria requiere niveles de control que aseguren que los productos ingresados al territorio comunitario no solo respondan a los estándares exigidos a nivel europeo, sino que tampoco generen condiciones de competencia desfavorables respecto a los alimentos que se producen dentro de la UE.

El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias recordó que el acuerdo UE-Mercosur determina que corresponde a la parte exportadora implantar los sistemas de control, verificación y supervisión adecuados, lo que pone el énfasis en la colaboración internacional y en la capacidad efectiva de los países exportadores de asegurar estos procesos. Según reportó el propio Colegio, la efectividad real de estos mecanismos de control resulta imprescindible para garantizar el equilibrio competitivo en el mercado y para que, cuando sea necesario, puedan activarse las denominadas cláusulas de salvaguardia, aprobadas por el Parlamento Europeo, sobre determinados productos agrícolas.

Además, la organización valoró de forma positiva la propuesta de la Comisión Europea orientada a incrementar el número de auditorías a países extracomunitarios durante los próximos años, así como la intención de formar adecuadamente al personal responsable de efectuar los controles oficiales de importación. El Colegio subrayó que tales medidas requieren de una dotación suficiente de recursos humanos y materiales para poder ejecutarse con garantías de eficacia, según consignó la propia entidad en sus declaraciones.

El Colegio también reconoció que el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur podría representar nuevas oportunidades para la industria agroalimentaria, sobre todo para aquellas empresas que buscan facilitar las exportaciones y acceder a nuevos mercados. Sin embargo, según publicó el Colegio, persiste la preocupación entre los productores agrarios respecto al potencial impacto de una mayor apertura comercial si no va acompañada de políticas complementarias que protejan a los actores más vulnerables del sector.

En este sentido, la institución destacó la importancia de poner en marcha medidas dirigidas a incrementar la competitividad de las explotaciones que presentan más dificultades, con especial atención a las de tipo familiar de pequeña escala. Entre las iniciativas recomendadas, el Colegio señaló la necesidad de impulsar la innovación en áreas como la mejora vegetal, la mecanización agrícola, los sistemas de riego y la gestión integral de las explotaciones, según publicó la fuente. Los ingenieros agrónomos consideraron que resulta necesario establecer instrumentos efectivos que otorguen estabilidad a los ingresos de quienes trabajan en la agricultura, así como simplificar las normativas de la Política Agraria Común (PAC) y revisar los requisitos ambientales actuales.

Finalmente, el Colegio abogó por la creación de relaciones comerciales más equilibradas dentro de la cadena alimentaria, de modo que se permita a los productores obtener precios ajustados al valor real de sus productos. Esta demanda forma parte del conjunto de propuestas presentadas para asegurar que el acuerdo UE-Mercosur se traduzca en beneficios compartidos, con garantías tanto para los consumidores europeos como para los agricultores, según lo detalló el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias.