Guterres alerta de la "continua escalada de la violencia" en Sudán del Sur

Miles han abandonado sus hogares desde el reciente repunte de enfrentamientos, que deja decenas de víctimas y una emergencia humanitaria en aumento, mientras la ONU exige un diálogo creíble y solicita frenar ataques contra civiles y cooperantes

Guardar

La estimación de que más de 250.000 civiles han debido abandonar sus hogares solo en las primeras semanas de 2026, según cifras del gobierno sursudanés, revela el impacto de la intensificación del conflicto y la gravedad del desplazamiento forzado que enfrenta Sudán del Sur. El secretario general de la ONU, António Guterres, subrayó la urgencia de la situación y señaló que la reciente escalada de violencia en el país está generando “numerosas muertes, heridos y el desplazamiento de unos 180.000 civiles”, de acuerdo con un comunicado de su portavoz, Stéphane Dujarric. Según consignó la ONU, los enfrentamientos recientes en el estado de Jonglei agravan aún más una crisis humanitaria preexistente y ponen en peligro la vigencia del acuerdo de paz firmado en 2018, que había buscado poner fin a la guerra civil originada tras la independencia del país en 2011.

El medio detalla que Guterres manifestó una profunda preocupación ante el recrudecimiento de los ataques, la retórica dirigida contra determinadas comunidades y el anuncio de la ampliación de operaciones militares en distintas zonas del país. El jefe de Naciones Unidas señaló que la situación actual compromete la ya frágil seguridad de la población civil, considerada especialmente vulnerable frente al avance de las hostilidades. Además, destacó que “estas medidas perjudicarán todavía más a la población civil”.

De acuerdo con lo publicado, Guterres solicitó a todas las partes en conflicto que tomen acciones concretas para proteger a los ciudadanos y permitan el acceso seguro de la asistencia humanitaria. Entre las demandas planteadas, el secretario general hizo énfasis en la importancia de mantener la seguridad tanto de los ‘cascos azules’ de la ONU como del personal humanitario y los bienes indispensables para sus operaciones. Asimismo, instó de manera directa a las autoridades de Yuba y a las fuerzas opositoras a que implementen medidas inmediatas destinadas a la suspensión de las operaciones militares y a la reducción de tensiones mediante un diálogo inclusivo.

En relación a la naturaleza del conflicto, Naciones Unidas recalcó que la crisis de Sudán del Sur solo puede encontrar solución a través de mecanismos políticos y no mediante la continuación de la lucha armada. Por ello, Guterres instó a las partes implicadas a alcanzar de forma urgente un acuerdo sobre una hoja de ruta consensuada, orientada a garantizar la realización de elecciones transparentes y creíbles en el último año del periodo de transición.

Según detalló la ONU, el reciente ciclo de violencia se desencadenó en febrero de 2025 con una ofensiva lanzada por la milicia White Army (Ejército Blanco) contra el Ejército sursudanés en la ciudad de Nasir, situada en el estado de Alto Nilo, próximo a la frontera con Etiopía. Tras una breve ocupación de la localidad, las fuerzas gubernamentales lograron expulsar a los milicianos el mes siguiente. Toda esta situación desembocó en la decisión de las autoridades de colocar bajo arresto domiciliario al exlíder rebelde Riek Machar, a quien se acusó de conspirar contra la seguridad del Estado.

El partido de Machar, según reportó la ONU, protestó por la detención de su líder señalando que constituía una violación al acuerdo de paz y alertó sobre la posibilidad de que se desencadene un enfrentamiento a gran escala si no se producía su liberación. Posteriormente, Machar fue acusado de diversos delitos, incluyendo asesinato, traición, conspiración, financiación del terrorismo, actos contra las autoridades estatales y crímenes contra la humanidad. La intensificación de los combates en varias localidades fue una de las consecuencias inmediatas de estas decisiones, incrementando la escala de la emergencia interna.

La crisis actual se produce, además, tras la promulgación en septiembre de 2024 de una enmienda a la Constitución de 2011 por parte del presidente Salva Kiir. Esta reforma extendió por dos años el periodo de transición, situación que suscitó críticas de la comunidad internacional. El medio recuerda que los organismos internacionales han reclamado repetidamente a las autoridades en Yuba avances concretos para aplicar la totalidad del acuerdo de paz firmado en 2018 y en particular la puesta en marcha de los mecanismos electorales previstos en dicho acuerdo, que todavía no se han materializado.

En el comunicado difundido por su portavoz, Guterres denunció el impacto negativo de la retórica incendiaria dirigida a determinados grupos étnicos y el riesgo asociado a la ampliación de las operaciones militares, enfatizando que la población civil resulta la más afectada en circunstancias de este tipo. Naciones Unidas ha reiterado su llamado para frenar los ataques contra la población y contra los trabajadores y organizaciones humanitarias desplegadas en la zona, subrayando la necesidad de permitir el acceso sin restricciones, tanto a la ayuda vital como a la protección internacional.

De acuerdo con las estimaciones presentadas por la ONU y el gobierno nacional, miles de personas han debido huir de sus comunidades y enfrentan condiciones de refugio, inseguridad alimentaria y dificultad para acceder a servicios básicos. El informe remarca la gravedad del deterioro humanitario en la región y la urgencia de implementar medidas que eviten el agravamiento de la crisis existente.

El proceso de paz, firmado en 2018, pretendía poner fin a una guerra civil que estalló poco después de que Sudán del Sur proclamara su independencia en 2011. Diferentes etapas del proceso de transición han sufrido retrasos y dificultades, entre ellos la falta de adopción de las reformas previstas y el aplazamiento de las elecciones, las cuales constituyen uno de los compromisos principales pendientes de cumplimiento. La actual escalada de enfrentamientos vuelve a poner en peligro la estabilidad nacional y la posibilidad de alcanzar un contexto político duradero.

Según informó Naciones Unidas, la organización mantiene activos en el país varios contingentes de ‘cascos azules’, así como equipos de personal humanitario, cuya labor se ha visto obstaculizada por la creciente inseguridad y los ataques selectivos. La preocupación de la ONU se dirige tanto al resguardo de estos trabajadores como a la protección de niños, mujeres y civiles afectados por el conflicto. Las demandas de Guterres ponen el foco sobre la necesidad de que las partes involucradas pongan fin inmediatamente a la violencia y avancen en negociaciones que permitan restablecer el proceso político pactado.

El llamado de Naciones Unidas reitera la urgencia de una acción coordinada entre los actores nacionales y la comunidad internacional, con el objetivo de asegurar la asistencia y evitar un nuevo deterioro de la situación humanitaria en Sudán del Sur.