Los gobernadores de la Patagonia argentina piden la Emergencia Ígnea nacional con 230.000 hectáreas quemadas

El registro de 168.000 hectáreas consumidas por el fuego en la provincia argentina de La Pampa se suma a los daños observados en otras regiones del sur del país, superando las 229.700 hectáreas afectadas en total según la información divulgada por los gobernadores patagónicos en una reciente videoconferencia conjunta. A raíz de estos incendios, las autoridades provinciales han solicitado que el Congreso de la Nación declare de manera urgente la Emergencia Ígnea Nacional, en respuesta a la gravedad de la situación que impacta a la región de la Patagonia.

De acuerdo con el medio, los mandatarios provinciales expusieron que en octubre de 2025 ya se había decretado una emergencia ígnea a nivel regional, pero las condiciones de este año presentan desafíos adicionales al enfrentar la sequía más prolongada desde 1965 y un entorno climático que describen como "extremadamente adverso". Nacho Torres, gobernador de Chubut, comunicó públicamente la petición colectiva, indicando que el apoyo de los legisladores de sus respectivas provincias impulsa la demanda dirigida al Congreso nacional. Según consignó el medio, Torres subrayó que "la magnitud de los incendios exige herramientas excepcionales".

La solicitud de los funcionarios patagónicos se difundió mediante redes sociales, acompañada de un extracto de la videoconferencia que sumó a representantes de las provincias de Río Negro, La Pampa, Neuquén y Santa Cruz. El medio precisó que Torres hizo hincapié en que situaciones similares llevaron a países como Chile y Estados Unidos a activar mecanismos específicos orientados a sumar capacidades y mejorar la coordinación entre jurisdicciones provinciales y operadores federales frente a emergencias de esta escala.

El planteo de los gobernadores pone de manifiesto la extensión de la devastación en territorio argentino: además del impacto en La Pampa, la provincia de Chubut perdió 45.000 hectáreas, Río Negro contabilizó 10.000, en Neuquén se dañaron 6.000 hectáreas y Santa Cruz reportó 700 hectáreas calcinadas. Esta información se basa en los datos presentados durante el encuentro virtual y difundida por los propios dirigentes.

Torres enfatizó ante sus pares y el público la urgencia de una declaración nacional, advirtiendo que "la Patagonia no es un territorio aislado y el fuego no reconoce límites ni distingue entre partidos políticos, razas o religiones". Solicitó expresamente el respaldo de todos los bloques legislativos para acelerar el tratamiento del proyecto, dada la magnitud y el alcance del desastre natural.

Las condiciones climáticas que enmarcan esta crisis han sido calificadas por los mandatarios como las más difíciles desde mediados de la década de 1960, identificando a la sequía prolongada como un factor clave que ha intensificado el riesgo y la propagación de los incendios forestales en la zona sur del país. Según difundió el medio, las consecuencias ambientales y económicas asociadas reflejan una situación sin precedentes en varias décadas en la región patagónica.

El medio indicó que los gobernadores consideran necesario que el Gobierno nacional habilite recursos adicionales y estrategias de coordinación para afrontar la emergencia de manera efectiva, alineando la respuesta nacional con las mejores prácticas internacionales que se han implementado en recientes catástrofes similares, como en Chile y Estados Unidos.

La demanda presentada por los mandatarios busca no solo el reconocimiento formal de la gravedad de la situación mediante la declaración de emergencia, sino también la movilización de fondos, equipos y recursos humanos que permitan reforzar la mitigación de daños y la restauración de las áreas afectadas. La declaración de la Emergencia Ígnea Nacional se postula como un instrumento para permitir rápidas asignaciones presupuestarias y la facilitación logística en la lucha contra los incendios aún activos y la recuperación del entorno natural.

Según reportó el medio, el llamado de los gobernadores patagónicos ocurre en un contexto donde la intensidad de los siniestros forestales ha superado la capacidad de respuesta de los servicios regionales de manejo del fuego, requiriendo la intervención de organismos de alcance nacional y la cooperación interprovincial.

El pedido busca además instalar en la agenda pública la urgencia de actualizar y fortalecer el marco legislativo que regula la gestión de emergencias ambientales, asegurando que futuras crisis de similar escala puedan abordarse con mayor eficiencia y coordinación institucional, como parte de una política de Estado adaptada a los desafíos crecientes asociados a la variabilidad climática y los fenómenos meteorológicos extremos.