
El ministro de Seguridad Social ha asegurado que la actualización de las pensiones correspondiente a enero, prevista en un 2,7%, llegará a más de diez millones de jubilados en España, pese a la reciente decisión parlamentaria que rechazó el decreto ley conocido como ‘escudo social’. Según indicó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, aun después del voto en contra del Partido Popular, Vox y Junts, el pago y el aumento estipulado se encuentran protegidos, dado que la normativa permaneció en vigor hasta el momento de la votación. De esta forma, explicó el Gobierno, los derechos adquiridos permanecen respaldados y el compromiso con los pensionistas continúa vigente. Así lo informó el medio de comunicación que cubrió el anuncio, remarcando que el incremento representa parte del mandato legal de actualización anual recogido en el Pacto de Toledo.
El medio detalló que la actualización en enero implica para quienes cobran la pensión media de jubilación unos 570 euros extra al año, mientras que para la pensión media general del sistema el aumento rondará los 500 euros al año. Desde fuentes de Seguridad Social, según consignó el medio, se remarcó que la decisión del pleno al rechazar el decreto ha puesto en incertidumbre a cerca de diez millones de personas, aunque la revalorización de las pensiones sigue adelante, al igual que el escenario vivido en el ejercicio anterior, cuando una situación similar llevó al Ejecutivo a presentar la revalorización como un decreto separado para su posterior aprobación.
El mismo artículo reproduce el mensaje de tranquilidad difundido desde el Ministerio a cargo de Elma Saiz, quien expresó que el Gobierno trabaja para “preservar los derechos de los ciudadanos y cumplir su compromiso inquebrantable con los pensionistas: que la revalorización prevista para 2026 sea una realidad a pesar de la irresponsabilidad mostrada hoy por algunos grupos parlamentarios”. Este mensaje viene tras la votación en la que la suma de votos de PP, Vox y Junts impidió la aprobación del decreto global del ‘escudo social’, que abarcaba medida destinadas a diversos colectivos, incluyendo el citado ajuste de las pensiones.
Según detalló el medio, Seguridad Social consideró que la actitud de los grupos contrarios al decreto supone la necesidad de que expliquen los motivos de su rechazo. En el caso específico de las pensiones mínimas, la votación afecta incrementos que, para este año, oscilan entre el 7% y el 11,4%. Por su parte, la revalorización para las prestaciones contributivas y el Ingreso Mínimo Vital estaba fijada en un 11,4%. El Ministerio recordó que el importe medio de las pensiones de jubilación ha experimentado una subida significativa, situándose por encima de los 1.500 euros, frente a los 1.090 euros registrados en 2018. Además, explicaron que, si hubiese continuado la legislación previa impulsada por el PP, este aumento habría sido mucho menor, con apenas 22 euros más al mes.
El artículo añadió que desde 2019 las pensiones se incrementaron en un 28,1% acumulado, como cifra reportada por Seguridad Social. El medio también cita una publicación de la ministra Elma Saiz en la red social X, en donde critica la postura de la llamada derecha política, “La derecha vuelve a votar en contra de la subida de las pensiones. Vuelve a negar una medida de justicia social y de proteger a quien más lo necesita. Vuelve a actuar de forma irresponsable”. Saiz insistió, según reportó el medio, que el Partido Popular rechaza de forma reiterada las medidas que, a su juicio, benefician a los pensionistas, a pesar de tratarse de un mandato legal nacido del Pacto de Toledo.
El rechazo del decreto por PP, Vox y Junts, y sus consecuencias sobre la percepción pública de la estabilidad de las pensiones, llevó al Gobierno a enfatizar la continuidad de las medidas de protección social, asegurando que el incremento de enero queda garantizado porque la normativa estaba vigente hasta el momento de la votación. El medio subraya que el Gobierno ya enfrentó una situación similar el año anterior, cuando, ante el rechazo del llamado “decreto ómnibus”, se optó por desglosar la revalorización de las pensiones en una norma individual posteriormente aprobada.
A lo largo del seguimiento, la cartera de Seguridad Social solicitó a los partidos de la oposición explicar públicamente los motivos de su voto en contra, subrayando que su postura afectó directamente a quienes dependen de las pensiones mínimas y a personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital, segmentos que habrían recibido las subidas más altas conforme al texto rechazado. El artículo destaca además la diferencia de las cifras resultantes si hubiese prosperado la regulación anterior del PP, señalando que el marco legislativo actual impulsa mayores subidas frente al modelo previo.
Finalmente, el medio recogió la información sobre la estabilidad del sistema en el futuro próximo: el Ejecutivo hizo hincapié en que el incremento automático previsto en la ley permanece, de modo que la actualización correspondiente a enero, del 2,7%, llegará a todos los pensionistas como corresponde, garantizando tanto la seguridad jurídica como el cumplimiento del derecho reconocido al colectivo afectado.
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