Una reciente aparición de lanchas rápidas ha generado alarma entre los residentes y autoridades de Pulpí, localidad costera de Almería, según publicó Europa Press. Imágenes difundidas en redes sociales muestran dos embarcaciones de estas características fondeadas frente a los acantilados de San Juan de los Terreros. La situación ha llevado al alcalde del municipio, Juan Pedro García (PP), a exigir refuerzos para la Guardia Civil y una reforma legal, incrementando la presión sobre el Gobierno central para frenar la actividad de redes criminales en la costa andaluza.
De acuerdo con el medio Europa Press, el alcalde García ha insistido en sus demandas al subdelegado del Gobierno, José María Martín, enfatizando el “día a día” que enfrentan los vecinos con la presencia constante de grupos dedicados tanto al tráfico de drogas como de personas. El regidor explicó en un vídeo grabado junto a Ángeles Martínez, parlamentaria andaluza también del Partido Popular, que la labor de la Guardia Civil resulta insuficiente, citando la falta de efectivos para enfrentar el creciente desafío. “La Guardia Civil hace una gran labor, pero no tiene efectivos, y sin efectivos esto no es posible”, señaló García, que propuso endurecer las penas para los llamados “petaqueros”, quienes colaboran con las mafias facilitando el reabastecimiento de las embarcaciones criminales.
Las condiciones meteorológicas recientes han permitido que se avisten con mayor frecuencia estas lanchas rápidas en distintos puntos del litoral almeriense. Europa Press detalló que, durante los periodos de fuertes vientos, testigos y organismos locales, como la asociación Jucil, han contabilizado hasta siete “narcolanchas” desplazándose desde Almería hasta Cabo de Gata. Jucil expresó su preocupación ante la falta de presencia visible de la Guardia Civil y denunció la transformación del litoral andaluz en un enclave habitual para operaciones de narcotráfico.
Las autoridades locales reclaman no solo más personal, sino también el refuerzo de medios materiales y la adaptación de la legislación para hacer frente al fenómeno. La petición de endurecer las leyes apunta a dificultar la labor de las redes delictivas, penalizando con mayor severidad a quienes asisten en tierra proporcionando víveres, combustible o apoyo logístico a las embarcaciones.
En respuesta a la oleada de incidentes, la Guardia Civil destacó las operaciones realizadas desde principios de año en la franja marítima, y reportó la incautación de más de 21.000 litros de combustible a lo largo de la costa. Según consignó Europa Press, unidades de patrulla marítima y terrestre han intensificado sus rondas en zonas estratégicas, especialmente dentro del Parque Natural de Cabo de Gata, para impedir el aprovisionamiento de las “narcolanchas”.
El pasado viernes, los agentes localizaron varios envases de gasolina volcados en la playa de Rodalquilar, dentro del espacio protegido de Cabo de Gata. La Guardia Civil alertó sobre el riesgo ecológico de este tipo de vertidos, que además de facilitar la operativa criminal, suponen una amenaza ambiental para el parque natural y sus ecosistemas.
La vigilancia se ha centrado en impedir que estas embarcaciones reciban suministros y recursos, lo que podría limitar sus movimientos y obstaculizar el tráfico de sustancias ilícitas desde África hacia Europa utilizando la costa andaluza. Como documento Europa Press, el municipio de Pulpí y otras localidades próximas han recibido un impacto creciente por el flujo de estas lanchas, generando inquietud ciudadana y críticas a la respuesta institucional.
La demanda de medidas adicionales abarca tanto la dotación de personal como la modernización de recursos y la actualización de la normativa vigente. Las autoridades locales abogan por una mayor coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad y organismos de vigilancia marítima. El alcalde García subrayó que se trata de una prioridad de seguridad pública, animando a que la comunidad y los distintos estamentos trabajen conjuntamente contra el fenómeno.
Mientras tanto, asociaciones y vecinos expresan inquietud por la percepción de inseguridad y reclaman un compromiso firme de las administraciones. Tal como afirmó el regidor en sus mensajes públicos, las acciones locales solo pueden resultar efectivas si reciben respaldo del Gobierno central y si se modifican las leyes, buscando frenar la expansión de las redes criminales que explotan la costa andaluza para sus actividades ilícitas.
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