Trabajo se reúne este lunes con los agentes sociales para la subida del SMI de 2026

El Comité de Expertos que asesora al Ejecutivo sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) había sugerido que el aumento de esta prestación para 2026 se situara en el 3,1% si no se introducía la obligación de tributar en el IRPF. De acuerdo con Europa Press, el Ministerio de Trabajo ha recogido esta recomendación en la propuesta que presentará este lunes a sindicatos y empresarios: incrementar el salario base nacional hasta 1.221 euros mensuales en catorce pagas, lo que equivaldría a 37 euros más cada mes respecto al nivel vigente actualmente, con efecto retroactivo al 1 de enero de 2026 tras su aprobación.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, había señalado recientemente la intención gubernamental de cerrar el acuerdo en el plazo más breve posible. Europa Press detalló que la reunión prevista para el lunes a las 10:00 horas responde a la necesidad de avanzar en las negociaciones tripartitas, que en enero vivieron un episodio de aplazamiento. La última cita entre el Gobierno, CCOO, UGT, CEOE y Cepyme tuvo lugar el 7 de enero, cuando Trabajo hizo la propuesta formal de subida del 3,1%. La posición adoptada sigue el criterio del Comité de Expertos, que además sugirió que, en caso de incorporarse la tributación al IRPF, la subida podría haber alcanzado el 4,7%.

Europa Press reportó que, en esta ronda, el Ejecutivo busca atraer el respaldo patronal incorporando el compromiso de analizar modificaciones en la Ley de Desindexación de contratos públicos. Las organizaciones sindicales y la patronal han defendido en diversos momentos la introducción de reglas que permitan la adaptación del SMI en la contratación pública. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda ha mostrado reservas sobre este aspecto en procesos negociadores previos, constituyendo uno de los principales puntos de desacuerdo.

En sus declaraciones, la ministra Díaz reconoció divergencias en el seno del Gobierno, especialmente con el equipo socialista, respecto a cuestiones sobre indexación. Trabajo, no obstante, avanza en la formulación de una propuesta conjuntamente con el Ministerio de Hacienda para encontrar puntos de encuentro. A pesar de estos obstáculos, las fuentes consultadas por Europa Press indican que los sindicatos CCOO y UGT, que plantearon inicialmente una subida mayor (7,5% y sujeción al IRPF), ven probable una aprobación del acuerdo si la propuesta se mantiene en los actuales términos. Los sindicatos subrayan que el aumento del 3,1% propuesto se situaría por encima de la inflación media prevista para 2025 (2,7%) y cumpliría con la recomendación de la Carta Social Europea de alcanzar el 60% del salario medio neto.

Fuentes del ámbito empresarial, por otro lado, adoptan una postura más cautelosa: la CEOE permanece a la espera de conocer en detalle la propuesta gubernamental antes de anunciar si apoyarán el acuerdo. El medio señala que la actitud de la patronal, en palabras de portavoces ministeriales y sindicales, ha sido considerada constructiva a lo largo del proceso, y existe expectativa desde Trabajo en que CEOE se adhiera finalmente a la decisión consensuada. No obstante, la propuesta gubernamental duplica el incremento preferido por la patronal, ya que CEOE apuesta por limitar la subida al 1,5%, lo que situaría el SMI en 1.202 euros brutos mensuales.

El Ministerio de Trabajo también tiene la intención de impulsar una reforma de las reglas de absorción y compensación salarial, tal como han solicitado los sindicatos, con el fin de incorporar a la legislación nacional la directiva europea sobre salarios mínimos. Europa Press explicó que la posibilidad de un acuerdo tripartito en este asunto resulta compleja, ya que la CEOE rechaza la modificación que impulsan el Gobierno y las organizaciones sindicales.

En el plano tributario, el SMI quedará este año exento de tributar en el IRPF, tras el acuerdo alcanzado entre Trabajo y Hacienda. Europa Press indicó que el Ministerio de Hacienda ha mostrado disposición a revisar la deducción vigente en el impuesto para ajustarla a la nueva cuantía del salario mínimo.

Europa Press detalló que el año 2026 comenzó con el SMI congelado en los 1.184 euros mensuales fijados para el cierre de 2025. En febrero de ese año, el Ejecutivo aprobó, con efecto retroactivo desde el 1 de enero, una subida del 4,4%, que elevó la renta mínima 50 euros por encima del nivel de 2024. Aquella subida fue fruto de la negociación exclusiva entre el Ministerio y los sindicatos, sin adhesión de la patronal, repitiendo la línea de acuerdos alcanzados en los últimos cinco años. Desde 2020, cuando CEOE y Cepyme participaron por última vez en un acuerdo sobre el SMI, las decisiones posteriores se adoptaron sin respaldo empresarial. Aunque el Gobierno no está legalmente obligado a pactar con los agentes sociales estas subidas, sí lleva a cabo consultas y busca frecuentemente el consenso.

De cara a 2026, el foco negociador permanece sobre la posibilidad de integrar reglas que permitan la indexación del SMI a los contratos públicos, tema impulsado por sindicatos y empresarios y apoyado de manera reiterada por el Ministerio de Trabajo. La propuesta oficial para la subida, que se debatirá en la reunión del lunes, incorpora mecanismos de carácter retroactivo y mantiene la exención tributaria. El desarrollo del diálogo social y la posibilidad de que la patronal se sume al acuerdo determinarán el resultado final de una de las principales medidas económicas que afectarán a trabajadores con menores ingresos en España.