Transportistas critican la prohibición de la DGT a camiones de circular en 3.000 km de autovías por la nieve

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) manifestó que la reciente prohibición a los camiones para circular por más de 3.000 kilómetros de autovías y carreteras nacionales “condena a los transportistas a pasar el fin de semana lejos de sus hogares y tirados en medio de ningún sitio, al no permitirles planificar su viaje de manera adecuada”. La medida, impuesta por la Dirección General de Tráfico (DGT) ante el riesgo de nevadas, generó el rechazo de las principales asociaciones empresariales del sector, que advierten sobre graves perjuicios y no descartan acciones legales si los cierres preventivos persisten, consignó el medio El País.

Las agrupaciones empresariales, como la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), expresaron su preocupación al afirmar que la decisión de la DGT se adoptó “sin la previsión necesaria”, lo que podría dejar a numerosos camioneros varados en la carretera al no contar con alternativas reales que permitan continuar su trabajo. Según publicó El País, la CETM considera que este tipo de prohibiciones exige un margen de tiempo suficiente para que las empresas de transporte puedan acomodar rutas, horarios, gestión de cargas y descansos. El comunicado de CETM recuerda que detrás de cada equipo y vehículo existe una logística compleja que no admite cambios drásticos en pocas horas, dado el impacto que tendría en los compromisos contractuales y laborales de los conductores profesionales.

En declaraciones recogidas por El País, la CETM sostuvo que el transporte de mercancías no puede suspenderse ni reorganizarse de manera improvisada, ya que cada vehículo responde a una programación cuidadosamente establecida y, además, afecta de forma directa a las personas que desarrollan la actividad. La federación insistió en que estos cambios tienen consecuencias serias tanto para el funcionamiento de las empresas como para el bienestar y la seguridad de los chóferes.

Fenadismer, por su parte, calificó la medida de “desmedida y precipitada” y subrayó que la prohibición podría deberse más al miedo de las autoridades a afrontar un nuevo revés en la gestión de infraestructuras y su mantenimiento, que a la necesidad real de garantizar la seguridad vial. El País reportó que, para la patronal, la iniciativa carece del sustento necesario, ya que si tal como han observado en anteriores restricciones, los tramos afectados por la prohibición permanecen despejados y sin obstáculos para la circulación, reclamarán que se depuren responsabilidades por los daños ocasionados a transportistas y empresas.

Tanto Fenadismer como CETM advirtieron, según documentó El País, que la falta de rutas alternativas y la imposibilidad de adaptar las operaciones logísticas convierten esta directriz en una complicación grave para el sector. Las asociaciones adujeron que en muchas ocasiones estas decisiones se implementan sin contemplar la realidad de la movilidad del transporte de mercancías, dejando a cientos de profesionales sin soluciones prácticas.

Las críticas recabadas por El País apuntan también a la ausencia de diálogo con el sector antes de la entrada en vigor de la restricción, así como a la falta de claridad ante las posibles compensaciones o mecanismos de atención para los conductores que no podrán avanzar en sus trayectos previstos. Desde las agrupaciones empresariales se recuerda que los retrasos o paralizaciones repercuten en la economía de las empresas, en el abastecimiento de productos y en las condiciones laborales de los conductores.

Frente a esta situación, tanto CETM como Fenadismer insistieron, según el medio, en que, si la restricción no cumple su función preventiva y afecta injustificadamente a la actividad en rutas donde no se presentan riesgos visibles, exigirán a las autoridades la asunción de responsabilidades por los daños y pérdidas causados. Las asociaciones abogan por un enfoque basado en la anticipación, la coordinación y el respeto a la realidad operativa del sector, con el fin de evitar lo que consideran perjuicios innecesarios para los trabajadores y las empresas del transporte por carretera.