Alberto Nadal, vicesecretario de Economía del Partido Popular (PP), señaló que la votación en el Parlamento Europeo sobre el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur produjo un efecto contrario al que buscaban quienes apoyaron enviar el pacto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Según sus declaraciones difundidas por el propio partido, la decisión adoptada en Bruselas ha precipitado la entrada en vigor provisional del acuerdo, lo que, según su criterio, debilita las herramientas de negociación para exigir mayores garantías para los agricultores españoles y europeos.
El medio de comunicación indicó que el PP criticó las acciones de Vox y de formaciones de la denominada "izquierda radical" al considerar que han facilitado la puesta en marcha del tratado comercial sin condiciones suficientes para proteger al sector agrario nacional. Según publicó la fuente, los eurodiputados de Vox, junto a representantes de Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y el Bloque Nacionalista Galego (BNG), votaron a favor de remitir el pacto UE-Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Frente a esta postura, eurodiputados de los principales partidos españoles, incluyendo PP, Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Partido Nacionalista Vasco (PNV) y los dos miembros elegidos por “Se Acabó La Fiesta” (SALF), se opusieron a la propuesta.
El vicesecretario del PP argumentó que al votar a favor del envío del acuerdo al TJUE se ha eliminado la posibilidad de obtener salvaguardias que la formación consideraba fundamentales para los productores del sector primario. De acuerdo con las declaraciones recogidas por el medio, Nadal sostuvo que la acción adoptada en el Parlamento “hace daño a los agricultores españoles” porque interrumpe negociaciones que, según el PP, todavía mantenían margen para conseguir condiciones más ventajosas hasta el mes de junio.
Según detalló el medio, el PP había supeditado su decisión sobre el acuerdo a que se cumplieran una serie de exigencias destinadas a reforzar la protección al campo. Entre estas condiciones, Nadal enumeró la aprobación en febrero de un reglamento que incluyera mecanismos de salvaguarda para el sector agrario, así como la obtención de compromisos adicionales de la Comisión Europea antes de formalizar el respaldo definitivo al acuerdo. Dentro de esas garantías, el PP apuntaba a la necesidad de asegurar recursos adicionales para la Política Agraria Común (PAC) por valor de 45.000 millones de euros, establecer un plan de desregulación que situara a los productores europeos en condiciones comparables a las de sus competidores de países del Mercosur y garantizar controles efectivos tanto en el ingreso de mercancías a través de las fronteras como en los lugares de origen.
En las declaraciones reproducidas por la fuente, Nadal precisó que la votación parlamentaria no pretendía bloquear el pacto UE-Mercosur, sino obtener una valoración de su conformidad con los tratados comunitarios. Sin embargo, desde la perspectiva del PP, la inmediata reacción de la Comisión Europea tras la votación—al promover la entrada en vigor provisional del acuerdo—fue interpretada como una consecuencia directa de esa decisión, lo que dejó a los productores nacionales sin la capacidad de seguir presionando por la adopción de medidas adicionales de protección.
El medio detalló que el PP responsabiliza a Vox de aliarse con formaciones independentistas y de izquierda, promoviendo una estrategia que, según la dirigencia popular, ha acelerado la ratificación del pacto Mercosur, disipando la posibilidad de que se acuerde un reglamento con garantías, controles adicionales en frontera o la obtención de fondos extra para la PAC. Nadal finalizó su análisis con la afirmación de que, tras la reciente votación, los agricultores han perdido “todas las palancas de negociación” para influir en la aprobación tanto del reglamento de salvaguardas como de otras herramientas demandadas por el sector.
El PP defendió que contaba con un calendario que le permitiría seguir negociando con la Comisión Europea hasta el mes de junio, tiempo durante el cual esperaba poder introducir mejoras sustanciales en el acuerdo en beneficio de los intereses agrícolas nacionales. Según consignó el medio, esta estrategia incluía también la opción de rechazar el acuerdo si no se alcanzaban las garantías exigidas. Con la entrada en vigor provisional del tratado, los representantes populares consideran que esta vía de presión ha quedado desarticulada.
El debate en torno al acuerdo Unión Europea–Mercosur ha generado posiciones divergentes entre los distintos partidos políticos españoles representados en el Parlamento Europeo. Como reportó el medio, mientras PP, PSOE, PNV y representantes de SALF se opusieron a judicializar el acuerdo ante el TJUE, otras fuerzas optaron por respaldar esa propuesta como medida para retrasar o frenar su implementación, sosteniendo que enviarlo al tribunal impediría la aplicación inmediata del pacto.
Por último, según planteó Alberto Nadal en su intervención, la convocatoria de la votación no contribuyó a incrementar las garantías para los agricultores, sino que las redujo. Nadal expresó que el “acuerdo se pondrá en vigor se acuerde o no el Reglamento de garantías, los controles en frontera y sin 45.000 millones extra para la PAC", atribuyendo esta situación al apoyo de Vox junto con partidos independentistas y de izquierda al envío del acuerdo al TJUE.
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