
El Ministerio de Trabajo planteó, para intentar captar el respaldo de la patronal, la posibilidad de modificar las reglas de la Ley de Desindexación en los contratos públicos, una demanda compartida tanto por sindicatos como por organizaciones empresariales, indicó Europa Press. Esta cuestión se incorporará en la próxima reunión clave, prevista para el lunes a las 10.00, en la que el Gobierno, las principales centrales sindicales y las asociaciones empresariales discutirán la próxima revisión del salario mínimo interprofesional (SMI) para el año 2026.
De acuerdo con lo reportado por Europa Press, la propuesta presentada por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, establece un incremento del SMI del 3,1 por ciento para 2026, lo que se traduce en un salario de 1.221 euros mensuales en catorce pagas, siempre sin tributación en el IRPF. Este aumento supondría 37 euros más cada mes frente al importe vigente y tendría efecto retroactivo desde el 1 de enero, en el caso de ser aprobado. Esta propuesta responde a las sugerencias del Comité de Expertos del Gobierno, que recomienda un incremento del 3,1 por ciento en caso de mantenerse la exención fiscal, y del 4,7 por ciento en caso de que la renta mínima pasara a estar sujeta a tributación.
En la última reunión de las partes, que se celebró el 7 de enero, se acordó analizar en profundidad la proposición del Ejecutivo. Por el momento, CCOO y UGT manifiestan disposición a avalar el acuerdo, mientras que la CEOE mantiene su reserva hasta conocer en detalle la oferta del Ministerio de Trabajo en el encuentro del lunes. Según Europa Press, tanto el Ministerio como los sindicatos han expresado que la patronal ha mantenido una actitud “propositiva”, y tanto Yolanda Díaz como Pérez Rey expresaron confianza en que la CEOE pueda sumarse al acuerdo.
Por su parte, la CEOE, según detalló Europa Press, proponía un incremento del SMI del 1,5 por ciento para 2026, hasta los 1.202 euros brutos al mes, una subida que contrasta con la planteada por el Gobierno y recibida con mayor entusiasmo por los sindicatos. Las organizaciones sindicales defendieron una subida del 7,5 por ciento con la correspondiente tributación, pero consideraron aceptable la subida del 3,1 por ciento sin obligación de pagar IRPF, ya que superaría la previsión de inflación media de 2025, que se sitúa en un 2,7 por ciento, y permitiría acercarse al objetivo de garantizar que el SMI represente el 60 por ciento del salario medio neto, en consonancia con la recomendación de la Carta Social Europea.
Otro de los puntos objeto de discusión es la vinculación o indexación del SMI a los contratos del sector público, una medida que Trabajo ha expresado voluntad de explorar. Esta iniciativa busca contemplar posibles mecanismos de “relajación” de las reglas de la Ley de Desindexación, con el objetivo de evitar dificultades a la hora de ajustar los contratos públicos al impacto de las subidas salariales mínimas. Tal como reportó Europa Press, esta medida ya fue motivo de debate entre Trabajo y Hacienda, ministerio que en ocasiones anteriores mostró reticencias ante propuestas similares. Tanto sindicatos como patronal consideran prioritaria esta medida, y ha sido una condición señalada por CEOE para apoyar anteriores incrementos del SMI sin éxito.
Además de la subida del SMI, el Gobierno también pretende desarrollar una reforma de las reglas sobre absorción y compensación salarial, tal como exigen las centrales sindicales, siguiendo la trasposición de la directiva europea sobre salarios mínimos al ordenamiento jurídico español. Sin embargo, la CEOE se opone a este aspecto, lo que dificulta la consecución de un acuerdo tripartito en torno a la reforma. El Ministerio de Trabajo se ha mostrado decidido a sacar adelante tanto la subida del SMI como la reforma, aunque sea únicamente con el respaldo sindical.
Durante los últimos años, las revisiones al alza del salario mínimo se han formalizado a través de acuerdos entre el Gobierno y los sindicatos en solitario. Europa Press recordó que la última vez que las patronales CEOE y Cepyme respaldaron un pacto sobre el SMI fue en 2020, con la subida de 900 a 950 euros. Desde entonces, todas las actualizaciones han contado únicamente con la firma de Trabajo y los sindicatos, como ocurrió con la subida del 4,4 por ciento aprobada para 2025. Dicha subida, efectiva desde febrero de ese año con retroactividad al 1 de enero, fijó el salario mínimo en 1.184 euros mensuales, 50 euros más que en 2024.
Para el presente año, el SMI permanece en esos 1.184 euros al mes por catorce pagas mientras no se apruebe la nueva cantidad para 2026. El Gobierno no está obligado legalmente a negociar el SMI, pero habitualmente consulta y busca acuerdos con sindicatos y representantes empresariales, explicó Europa Press.
En cuanto a la fiscalidad, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda han acordado mantener la exención del IRPF sobre el salario mínimo para este año, señaló Joaquín Pérez Rey. Además, Hacienda se mostró dispuesta a examinar una actualización de la deducción en el IRPF, con el fin de ajustarla al previsible aumento del SMI para 2026.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, expresó en reiteradas ocasiones la importancia de concluir a la mayor brevedad las negociaciones en torno al salario mínimo, tras varios intentos fallidos para concretar reuniones, incluida una programada para el 16 de enero que finalmente se aplazó. Al mismo tiempo, Díaz reconoció diferencias internas dentro del propio gabinete de gobierno, especialmente entre las carteras de Trabajo y Hacienda, respecto a la indexación del SMI a los contratos públicos.
Todas estas cuestiones —desde el porcentaje de subida y su fiscalidad, hasta la indexación a contratos públicos y las condiciones de absorción y compensación— forman parte de la agenda de la reunión clave que el Gobierno, sindicatos y empresarios tienen previsto celebrar. El resultado de este encuentro será decisivo para definir el papel de cada actor social y empresarial en la configuración del SMI para 2026, según destacó el medio Europa Press.
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