
De las 45 denuncias presentadas durante el proceso de identificación de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, la mayoría corresponden a ciudadanos españoles, aunque también se han registrado denuncias de ciudadanas de Marruecos, Rusia y Alemania. Entre las denuncias figura la de un menor de edad. Según consignó el medio que publicó la información, la mayoría de los fallecidos tenían residencia en Huelva, con un total de 27 víctimas, seguidas por nueve en Madrid, dos en León, dos en Córdoba y una en Alicante, Málaga, Tenerife, Ceuta y Alemania, respectivamente. La noticia principal es la conclusión del proceso de identificación de los cuerpos tras haberse realizado todas las autopsias, entregándose ya la mayoría de los cuerpos a sus familiares y continuando la investigación judicial para esclarecer las causas y responsabilidades del siniestro.
De acuerdo con lo difundido por la fuente original, el servicio de criminalística de la Guardia Civil culminó la identificación de las 45 víctimas tras efectuar los análisis forenses respectivos. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Córdoba recibió el jueves los cuerpos de los dos últimos fallecidos y llevó a cabo la autopsia de ambos, completando así el examen post mortem de la totalidad de los afectados por el accidente ocurrido el domingo. De las 45 personas identificadas, 44 fueron reconocidas a través de huellas dactilares y, como método complementario, se analizó el ADN de 25 de ellas. Únicamente en un caso la víctima pudo ser identificada solo a partir de pruebas de ADN, detalló el Centro Integrado de Datos (CID) citado por la fuente.
Esta identificación ha permitido a los familiares recibir información oficial sobre la situación de sus allegados. El proceso incluyó la entrega de los cuerpos, para lo cual las familias, tras ser informadas del fallecimiento por equipos especializados de la Guardia Civil y psicólogos, han debido gestionar los trámites funerarios ante el Registro Civil de Montoro y solicitar la correspondiente licencia de enterramiento. Hasta ahora se han entregado 41 cuerpos a las familias, mientras que los cuatro restantes permanecen en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, disponibles para ser reclamados por los familiares, según publicó el medio informativo.
El CID, activado el domingo a las diez de la noche conforme a lo establecido por el Real Decreto 32/2009, cuenta con un protocolo nacional de actuación para escenarios con múltiples víctimas. Este protocolo ha coordinado las labores de identificación y gestión de los fallecidos. En este operativo han participado médicos y técnicos forenses de Córdoba y de otras provincias andaluzas, como Jaén, Granada, Sevilla y Málaga, sumando un total de 27 forenses dedicados tanto a levantamientos como a las autopsias desde la madrugada del siniestro, de acuerdo a la información del medio.
Por parte de la Guardia Civil, 32 expertos del servicio de criminalística —especializados en identificación lofoscópica y genética— han sido desplazados desde el órgano central para tomar parte en la identificación de víctimas, reportó la fuente. Esta labor ha implicado tanto la recopilación de muestras en el lugar del accidente como el análisis posterior en laboratorio, permitiendo avanzar en los procesos de localización e identificación de los fallecidos.
En cuanto a la procedencia de las víctimas, el desglose incluye principalmente residentes en Huelva, con Madrid como la segunda localidad con más afectados. También figuran residentes de otras ciudades españolas y una persona de nacionalidad alemana. El listado de denuncias presentadas abarca las comandancias de la Guardia Civil de Madrid, Málaga, Córdoba, Sevilla-Córdoba, Huelva-Córdoba y Huelva. La estadística aclara que algunas denuncias se han registrado en más de una ciudad para un mismo caso.
Acerca de la distribución dentro de los trenes accidentados, la mayoría de los fallecidos viajaban en el tren Alvia que cubría la ruta Madrid-Huelva: 36 personas, de las cuales 19 se hallaban en el vagón número 1 y nueve en el vagón número 2. Las otras nueve víctimas viajaban en el tren Iryo con destino Madrid desde Málaga, siete de ellas en el vagón número 8, según detalló el medio citado.
La investigación judicial destinada a aclarar las causas del incidente está bajo la responsabilidad de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza número 2 de Montoro. Este órgano será reforzado próximamente con personal adicional: un juez de refuerzo, un letrado de la administración de justicia y dos funcionarios, como anunció la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. No se descartan futuros refuerzos conforme avance la instrucción, según informó el mismo medio.
A lo largo del proceso, la coordinación entre los diferentes organismos implicados ha resultado determinante para gestionar tanto la identificación de personas como la asistencia a los familiares. El seguimiento de los protocolos de emergencia y el apoyo psicológico brindado formaron parte de este operativo, destinado a responder ante un suceso de tal magnitud.
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