Nur Shams (Cisjordania), 21 ene (EFE).- Barrios fantasma, avenidas devastadas y familias rotas. Un año después de que Israel lanzara la operación 'Muro de Hierro', que provocó el mayor desplazamiento forzado -excluyendo Gaza- desde la Nakba (catástrofe, en árabe) de 1948, miles de refugiados palestinos al norte de Cisjordania ocupada siguen preguntándose si podrán volver a sus hogares.
El Ejército israelí aún no ha abandonado el campo de refugiados de Yenín, donde el 21 de enero de 2025 inició su brutal despliegue expulsando de allí a todos sus habitantes, que luego continuó principalmente en los de Tulkarem y Nur Shams, de los que tampoco ha salido.
Unos 32.000 refugiados continúan obligados a permanecer fuera de sus casas, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), fruto de esta operación, considerada ya la más prolongada de Israel en territorio palestino en dos décadas, concretamente desde la Segunda Intifada (2000-2005).
OCHA reportó en julio que hasta entonces 74 habitantes de estos campos, incluidos mujeres y niños, habían muerto por fuego israelí, y que aproximadamente un 30 % había fallecido por ataques con drones. Durante la redada ha muerto un soldado israelí.
El Ejército israelí ha justificado su envite contra campos de refugiados como el de Yenín, histórico bastión de la resistencia armada palestina y en su momento con presencia tanto de Hamás como de la Yihad Islámica, alegando que eran nidos de terroristas y que, tras lo ocurrido el 7 de octubre de 2023, buscan prevenir futuros "ataques terroristas".
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, llegó a calificarlos como "focos de terrorismo construidos con financiación, armamento y directrices procedentes de Irán".
"Así son las políticas del Ejército israelí desde 1948 (...) Han intentado eliminar la causa de los refugiados y su derecho de retorno (...) Los habitantes de los campos de refugiados vivimos una nueva Nakba", asegura Nehaya Al Jondi, directora de un centro para niños con discapacidad en Nur Shams, que aguantó tres días bajo ataques aéreos israelíes hasta verse obligada a huir el 7 de febrero del año pasado.
"Es importante recalcar que esto no empezó el 7 de octubre de 2023", explica a EFE desde una instalación comunitaria con marcas de bala en la fachada y ubicada a escasos 50 metros del campamento de refugiados.
Este edificio marca el último punto al que puede acceder la población refugiada de Nur Shams, cuyas generaciones pasadas -oriundas principalmente de la zona de Haifa, en la costa del ahora Israel- también se vieron obligadas a desplazarse internamente por la guerra de 1948.
Desde la distancia se divisan calles arrasadas por tanques y drones, y casas derrumbadas ahora solo pobladas por perros y gatos callejeros que se mueven entre barro y basura.
La mayoría de los más de 30.000 desplazados llevan un año buscando refugio en escuelas y centros municipales habilitados en Yenín o Tulkarem, alquilando en la periferia o conviviendo con familiares en situaciones de hacinamiento.
"No es posible vivir así. Hay un plan por parte de Israel para borrarnos. Yo pregunto: Si solo querían acabar con supuestos milicianos de los campos, ¿por qué cerraron mi centro y dejaron sin ayuda a niños con necesidades especiales?", comenta a EFE Nehaya Al Jondi.
Human Rights Watch (HRW) documentó mediante imágenes vía satélite que al menos 850 viviendas y otros edificios fueron demolidos o destruidos por las fuerzas israelíes en los campos de refugiados de Yenín, Tulkarem y Nur Shams durante los primeros seis meses de 'Muro de Hierro'.
En mayo y julio de 2025, el Tribunal Supremo rechazó peticiones presentadas por organizaciones pro derechos humanos como Adalah que buscaban detener órdenes masivas de demolición emitidas para los campamentos.
"Va a ser muy difícil reparar la casa por nuestra cuenta, porque mi esposo lleva dos años sin trabajo. No hay dinero, no hay salarios", relata a EFE Abeer, una madre de familia de Nur Shams con seis hijos, de los cuales uno está encarcelado y otro fue abatido por las Fuerzas de Defensa israelíes.
Abeer añade que "lo primero es volver", consciente de que sus antepasados y ella llevan afrontando crisis de desplazamiento los últimos 78 años, pero deja a "Dios" la última palabra ante la incertidumbre de las constantes notificaciones de regreso pospuestas por parte de Israel.
También pide "colaboración voluntaria" para poder restablecer sus vidas en Nur Shams si llega el momento de retornar, pues la capacidad operativa de organizaciones internacionales, como Médicos Sin Fronteras (MSF) o la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), se ha visto gravemente mermada, denunciaron estas ONG.
A un año del inicio de la macrorredada, las fuerzas armadas de Israel confirman a EFE que, por el momento, no tienen intención de abandonar los campos de refugiados, pues, aún estando desalojados desde hace doce meses, aseguran continuar con el desmantelamiento de supuestos "laboratorios caseros de fabricación de bombas y almacenes de armas".
Guillermo Azábal
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