
El dirigente nacional de la organización Asaja, Pedro Barato, expresó su confianza en que la revisión judicial del acuerdo UE-Mercosur pueda impedir la ratificación de lo que considera un pacto perjudicial para los productores agrícolas y ganaderos del continente. De acuerdo con un comunicado difundido por la organización y reportado por diversos medios, la decisión del Parlamento Europeo de solicitar un dictamen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque sudamericano es vista como un avance relevante en la respuesta a demandas históricas del sector.
Según detalló Asaja, la aprobación parlamentaria para someter el acuerdo a control jurídico da un paso adelante en el análisis de un texto cuyos posibles efectos han sido objeto de denuncia sostenida por parte de agricultores y ganaderos europeos. El sector argumenta que tanto las repercusiones económicas como las productivas y territoriales derivadas del pacto generan preocupación, dado que, en su opinión, se abren riesgos de competencia desleal y de existencia de desigualdades en el mercado.
El medio consignó que esta solicitud refleja que existen dudas de fondo, tanto jurídicas como políticas, sobre el contenido del pacto UE-Mercosur. Desde Asaja, el énfasis recae en que el proceso de revisión legal resulta imprescindible a la vista de los posibles desequilibrios que el texto podría introducir en el sector agropecuario europeo, en especial en el contexto español, donde la agricultura y la ganadería tienen un peso destacado en la economía y el tejido social rural.
Según el comunicado citado por la prensa, Asaja hace un llamado al Gobierno español para que actúe en defensa de los intereses de agricultores y ganaderos. La organización exige que se vele por la aplicación del principio de reciprocidad y se garanticen condiciones de competencia equitativas frente a los países socios de Mercosur. Se trata de una reclamación que, según la entidad agraria, ha cobrado fuerza tras diversas acciones y movilizaciones realizadas tanto en Bruselas como en Estrasburgo, cuyas demandas se han dirigido a situar el debate sobre el acuerdo en el centro de la agenda política comunitaria.
La organización agraria reconoce la importancia de la movilización del sector, que ha contado con la participación activa de agricultores y ganaderos, así como del ámbito representativo europeo a través de entidades como COPA-Cogeca. De acuerdo con el comunicado reproducido por los medios, Asaja considera clave la implicación de estas organizaciones en trasladar las preocupaciones sectoriales directamente a los responsables políticos de la Unión Europea.
Las dudas sobre los efectos del acuerdo comercial UE-Mercosur no se limitan a cuestiones meramente económicas o comerciales. Según reportó la organización y recogieron los medios, hay inquietudes sobre posibles implicaciones jurídicas y políticas que, a juicio de las asociaciones del sector, deben ser evaluadas en profundidad a través del control judicial emprendido ahora por las instituciones europeas.
El sector agrícola y ganadero español, destacado por su capacidad exportadora y su contribución al equilibrio territorial, ve en el paso dado por el Parlamento Europeo una oportunidad para que su voz se escuche en las instancias de decisión. De acuerdo con la información proporcionada por Asaja y publicada en los medios, la organización insiste en la necesidad de que se revisen y ajusten los términos de los acuerdos internacionales para asegurar que no se menoscaben los intereses de los productores locales ni se generen distorsiones que afecten la sostenibilidad de las explotaciones.
La aprobación de la solicitud para un dictamen judicial llega tras semanas de protestas y campañas de sensibilización promovidas por representantes del campo a nivel europeo, quienes han buscado que los responsables políticos atiendan las necesidades de un sector considerado estratégico. Según reportó la organización en su nota, las recientes movilizaciones habrían sido determinantes para que la cuestión del acuerdo UE-Mercosur ocupe un lugar prioritario en el debate parlamentario y en el seguimiento institucional posterior.
La demanda del sector agrario se dirige a incorporar garantías que permitan equilibrar los intereses de ambas partes en el acuerdo comercial, buscando evitar consecuencias negativas sobre la viabilidad y capacidad competitiva de las explotaciones españolas y europeas ante la entrada de productos agropecuarios provenientes de los países sudamericanos, cuyas condiciones regulatorias, fiscales y medioambientales pueden diferir considerablemente de las establecidas en la Unión Europea.
En ese sentido, el proceso abierto por el Parlamento Europeo introduce la necesidad de revisar las bases legales del acuerdo, un elemento que, según Asaja y medios especializados, no solo satisface una exigencia legal, sino que responde a la aspiración del sector de conseguir un marco comercial internacional que respete las normas europeas y defienda el empleo rural y la calidad de vida en las zonas agrícolas y ganaderas.
La organización hizo público su agradecimiento a quienes han formado parte de las movilizaciones y a las entidades profesionales que han acompañado el proceso, insistiendo en que su participación ha sido determinante para dar visibilidad a una problemática que consideran que puede marcar el futuro del sector agrario europeo. Según la valoración de Asaja difundida por los medios, el dictamen solicitado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría convertirse en una herramienta para frenar un acuerdo que genera rechazo en amplios sectores del campo.
Por último, el comunicado recogido por los medios destaca que el control jurídico sobre el acuerdo UE-Mercosur se plantea como una oportunidad para revisar en profundidad los términos del pacto, identificar posibles desequilibrios y asegurar que los intereses del ámbito rural quedan protegidos en el contexto de la política comercial europea.
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