La administración de Mamdani demanda a una aplicación por "robar" a repartidores

Las advertencias dirigidas a plataformas como Instacart, DoorDash, Grubhub y Uber sobre el respeto a la normativa laboral marcaron el tono de la demanda presentada en Nueva York contra Motoclick. El medio EFE detalló que el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP) inició una querella judicial ante la Corte Suprema del estado, acusando a la aplicación Motoclick y a su director ejecutivo, Juan Pablo Salinas Salek, de incurrir en retención indebida de salarios y en la imposición de comisiones no permitidas a los repartidores conocidos como “deliveristas”.

Según informó EFE, la administración encabezada por el alcalde Zohran Mamdani responsabiliza a Motoclick por lo que describe como “violaciones flagrantes” a las Leyes de Trabajadores de Reparto, en vigor en la ciudad. El comisionado del DCWP, Samuel Levine, especificó que la empresa habría aplicado cargos de 10 dólares por cada pedido cancelado y deducido a los repartidores el valor de pedidos reembolsados. Este comportamiento, según el Departamento, habría ocasionado que Motoclick y su responsable deban millones a los trabajadores en concepto de salarios adeudados, así como por daños y perjuicios. El objetivo central de la demanda consiste en el cierre total de la empresa como consecuencia de estas presuntas transgresiones.

El comisionado Levine afirmó, citado por EFE, que “Motoclick y su director ejecutivo engañaron a los neoyorquinos para que trabajaran para su plataforma con falsas promesas y luego les robaron sus propinas y ganancias, a veces incluso llevando a los trabajadores al endeudamiento”. Levine también advirtió que la administración de Nueva York tomará medidas severas contra cualquier plataforma que incurra en estas prácticas, extendiendo la advertencia tanto a sus directivos como a las empresas en su conjunto.

En el contexto de este proceso judicial, la atención de las autoridades municipales también se ha dirigido a otras aplicaciones de reparto. EFE reportó que el DCWP emitió un recordatorio a empresas como Instacart, DoorDash, Grubhub y Uber, exhortándolas a cumplir con las nuevas leyes para repartidores que comienzan a regir a partir del 26 de enero. Estas normativas contemplan aspectos como la transparencia en el pago de propinas, ajustes en la tasa mínima de remuneración, ampliación de los beneficiarios de la tasa, garantías para el pago puntual y semanal, y una mejora en el acceso a instalaciones sanitarias para los trabajadores.

La demanda contra Motoclick se presentó poco después de la publicación de un informe del DCWP que expuso prácticas en DoorDash y Uber orientadas a privar a los repartidores de 550 millones de dólares en propinas utilizando mecanismos específicos en sus aplicaciones. De acuerdo con EFE, estos acontecimientos forman parte de un esfuerzo intensificado por parte del comisionado Levine para erradicar los abusos en el sector y revertir la situación de desventaja sufrida por los trabajadores de reparto, quienes en gran número son inmigrantes. El enfoque incluye la aplicación estricta de las leyes laborales y la intención de responsabilizar tanto a las plataformas tecnológicas como a los individuos involucrados en estas gestiones.

El alcalde Mamdani valoró la importancia de la labor de los repartidores en el funcionamiento cotidiano de la ciudad y resaltó el fin de las prácticas que califica como “explotación ingrata”. El funcionario remarcó, citado por EFE, que el DCWP adoptará una postura rígida ante cualquier incumplimiento, abarcando desde infracciones legales hasta mecanismos diseñados que perjudican económicamente a los trabajadores del reparto.

Por otro lado, la directora ejecutiva del Proyecto Justicia Laboral y cofundadora de la campaña Los Deliveristas Unidos, Ligia Guallpa, expresó públicamente el respaldo de la organización a las acciones legales emprendidas por la ciudad. Guallpa consideró positiva la intervención de Levine y subrayó el rol de los aproximadamente 80.000 repartidores de aplicaciones en Nueva York, describiéndolos como actores imprescindibles para la economía local y para la aplicación y defensa de los derechos laborales dentro del sector. EFE destacó que estas declaraciones reflejan el apoyo de asociaciones y colectivos a las medidas impulsadas por la administración para asegurar condiciones laborales conformes a la normativa y para combatir prácticas empresariales consideradas perjudiciales para los trabajadores del reparto.

La ofensiva legal y regulatoria emprendida por las autoridades de Nueva York apunta no solo al resarcimiento económico de los trabajadores afectados, sino también a sentar un precedente en el sector de las aplicaciones de reparto. Según lo consignó EFE, la administración busca fortalecer el papel de los entes locales en la fiscalización del cumplimiento de las leyes laborales y subraya que la colaboración y supervisión estricta serán claves para evitar futuras irregularidades en el dinámico sector del reparto a demanda.