Irán promete procesos rápidos a detenidos en las protestas sospechosos de matar a civiles o agentes de seguridad

La organización Human Rights Activists (HRA) reportó que hasta el momento 1.850 personas han fallecido, entre ellas nueve menores de edad, en el marco de la represión de las protestas en Irán, y más de 16.700 han sido arrestadas por las fuerzas de seguridad, cifras que contrastan con los 734 fallecidos que indica la organización Iran Human Rights (IHR) y los más de 2.400 decesos que atribuye HRANA, una entidad con sede en Estados Unidos. En este contexto de denuncias por parte de grupos de derechos humanos, el sistema judicial iraní afirmó que acelerará los trámites legales contra los arrestados acusados de homicidio de civiles o miembros de la policía durante los recientes disturbios, detalló la cadena pública iraní IRIB y recogió Europa Press.

Gholamhosein Mohseni-Ejei, jefe de la justicia iraní, señaló durante una visita a un centro de detención que aquellos considerados responsables de decapitar o quemar vivas a personas en la vía pública deben enfrentar juicio y castigo en el menor tiempo posible, según comunicó la televisión estatal IRIB y reprodujo Europa Press. Las declaraciones del alto funcionario ocurrieron horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzara una advertencia en una entrevista para CBS acerca de que su gobierno tomaría “acciones muy firmes” si Irán procede a ejecutar a personas imputadas por las protestas.

Europa Press informó que Human Rights Activists alertó acerca de la posibilidad de que se efectúe una ejecución en la jornada del miércoles, materializando su preocupación por una aplicación inmediata de sentencias capitales a los detenidos. Mientras, sectores dentro de Irán responsabilizan a supuestos “terroristas” por los disturbios, acusándolos de haber causado la muerte de civiles y efectivos de seguridad en un intento por incrementar el número de víctimas y generar “una excusa” para que Estados Unidos contemple una posible intervención militar en suelo iraní.

El Ministerio de Inteligencia iraní comunicó, según reportó Europa Press, que aproximadamente 300 personas han sido aprehendidas en relación con los desórdenes, incluidas varias consideradas como líderes de las movilizaciones en Teherán. Uno de los detenidos está acusado de incendiar dos mezquitas y causar la muerte de dos integrantes de la fuerza paramilitar Basij. La cartera también informó sobre la incautación de armas y explosivos y la apertura de 20 causas por presuntos vínculos entre los arrestados y “grupos afiliados al régimen israelí”, siguiendo las reiteradas acusaciones a Israel y Estados Unidos de incentivar las movilizaciones.

Press TV, citado por Europa Press, anunció que para este miércoles se celebra el funeral de un centenar de víctimas, entre civiles y efectivos de seguridad, fallecidos en los incidentes recientes. Ahmad Musavi, director de la Fundación de Mártires, confirmó estos eventos.

En las declaraciones recogidas por Europa Press, Abbas Araqchi, titular de Exteriores iraní, acusó tanto a Israel como a Estados Unidos de estar detrás del apoyo a los disturbios y explicó que, según su gobierno, las protestas se tornaron violentas para justificar una posible agresión estadounidense. Araqchi destacó que la situación permanece controlada por las fuerzas gubernamentales y expresó que, aunque Teherán descarta la guerra, se mantiene plenamente preparado para enfrentar una escalada y favorable a iniciar “negociaciones justas” con Washington tras las amenazas públicas del presidente Trump sobre un eventual ataque contra instalaciones de Irán.

Dentro de este clima, las autoridades judiciales y de seguridad han enfatizado su intención de actuar con celeridad en los procesos a quienes identifican como responsables de acciones letales durante las protestas, decisión que aumenta la inquietud entre organismos internacionales defensores de los derechos humanos por el riesgo de ejecuciones inmediatas y la falta de garantías judiciales para los acusados. Europa Press detalla que, tras las advertencias de la administración estadounidense y las denuncias de organizaciones internacionales, la vigilancia internacional sobre el gobierno iraní se ha intensificado, con el futuro inmediato de los detenidos como foco de atención global.