El informe de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas documentó cómo la militarización posterior al conflicto en Sri Lanka ha perpetuado un ambiente donde persisten la violencia de género y la violencia sexual, incluso después del cese oficial de la guerra civil en 2009. Según consignó la ONU en el informe titulado ‘Lo hemos perdido todo: Incluso la esperanza de obtener justicia’, las cicatrices psicológicas y comunitarias derivadas de los delitos sexuales cometidos durante y tras el conflicto afectan tanto a las víctimas directas como a sus familias y comunidades, generando un legado de trauma, silencio y miedo.
De acuerdo con información publicada por la Organización de las Naciones Unidas, Jeremy Laurence, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos del organismo, instó este martes al gobierno de Sri Lanka a adoptar “medidas urgentes” de reparación para quienes han sufrido violencia sexual. El medio detalló que, después de analizar durante una década los crímenes y delitos sexuales en el país, su oficina concluyó que las víctimas enfrentan una impunidad persistente y prolongada que se traduce en la negación sistemática de justicia y reparación significativa.
Según el informe citado por la ONU, numerosas víctimas de la guerra civil de Sri Lanka que terminó en 2009 continúan padeciendo heridas psicológicas por los actos de violencia sexual sufridos. Laurence señaló que “la falta de justicia y la grave violación de los derechos humanos, a las que se suman crímenes de guerra, han creado un legado de impunidad que sigue dando forma a las vidas de muchos supervivientes”. Añadió que miles de personas han sido empujadas a afrontar no solo el impacto individual, sino también el estigma social y familiar que se deriva de la violencia sexual, así como las consecuencias para niños nacidos como resultado de estas agresiones.
La ONU enfatizó que la violencia sexual constituye una violación grave del derecho internacional, al punto que podría considerarse crimen de guerra o crimen de lesa humanidad. Laurence declaró que Sri Lanka está legalmente obligada, en virtud de sus compromisos internacionales, a prevenir, investigar y enjuiciar toda violación, así como a garantizar la reparación para los sobrevivientes.
El informe de la ONU también recoge testimonios de víctimas, quienes califican la violencia sexual como “una tortura que nunca termina”. Detalla, además, que muchas de quienes sufrieron estas agresiones consideran que los ataques tenían por objetivo ocasionar daño irreversible, tanto en términos personales como comunitarios, quebrando la cohesión social y fomentando el aislamiento de las familias afectadas. El informe resalta el punto de vista de las víctimas, subrayando que “las comunidades se quedan rotas por el silencio, el miedo y el trauma sin resolver”.
Según publicó la ONU, la organización insistió en la necesidad de que el gobierno asuma responsabilidad directa y emita una disculpa pública por los abusos cometidos tanto por actores estatales como por terceros, como paso indispensable para avanzar en el proceso de reconciliación nacional. Laurence precisó que la “reconstrucción de la dignidad de las víctimas y el avance hacia la reconciliación” solo resulta posible si se reconocen oficialmente estos crímenes, se logra la verdad y se establecen mecanismos efectivos de rendición de cuentas y reparación.
En su exhorto, la ONU propuso la urgencia de reformas institucionales “transformadoras” que promuevan la transparencia, la reforma de las fuerzas de seguridad y el fortalecimiento de la rendición de cuentas. El informe subraya que, hasta la fecha, la cuestión de la violencia sexual sigue sin atenderse adecuadamente desde el Estado, dejando a los afectados en situación de vulnerabilidad y perpetuando un clima de impunidad.
Laurence manifestó que la violencia sexual en el contexto del conflicto de Sri Lanka no solo impacta a nivel individual, sino que afecta a estructuras familiares y comunitarias enteras, perpetuando el sufrimiento a lo largo de generaciones. El vocero puntualizó que es urgente el desarrollo de políticas y acciones concretas que brinden reconocimiento y apoyo a los damnificados, así como la implementación de mecanismos legales que enfrenten el legado de impunidad.
El medio ONU destacó que sin la introducción de reformas integrales y la implementación de reparaciones concretas, persistirá el dolor de las víctimas y la fractura social derivada de los crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado en Sri Lanka.
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